Jovino Novoa, Iván Moreira, Pablo Zalaquett y Felipe de Mussy, todos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), junto a Alberto Cardemil, de Renovación Nacional (RN), deberán comparecer el 22 de junio ante el Octavo Juzgado de Garantía donde serán acusados de emitir boletas de honorarios “ideológicamente falsas” a empresas del grupo económico Penta para obtener fondos destinados a actividades político-electorales.
Según los antecedentes reunidos por los fiscales de la investigación, los cinco políticos habrían solicitado a terceros emitir facturas de honorarios por servicios no prestados, con el objetivo de financiar campañas políticas.
El Servicio de Impuestos Internos (SII), en tanto, denunció a los dueños del grupo empresarial Penta como presuntos autores de delito tributario por la utilización indebida de boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del impuesto a la renta. Penta es considerada, hasta ahora, la principal fuente de financiamiento irregular de la UDI.
El 7 de marzo pasado, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, dictó la medida cautelar de prisión preventiva para los controladores del holding Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; para el ex subsecretario de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner; para el ex funcionario del SII Iván Alvarez y para los ex gerentes de Penta, Hugo Bravo y Marcos Castro.
Novoa, Moreira y Cardemil son tres de los más pertinaces partidarios de la dictadura militar. El primero, uno de los fundadores del movimiento gremialista, a mediados de los años 60 en la Universidad Católica. Fue subsecretario general de Gobierno de Pinochet, entre 1979 y 1982 y en ese puesto tuvo una actuación decisiva en la organización del fraudulento plebiscito de 1980, cuando se aprobó la Constitución diseñada por la dictadura y que aún rige a los chilenos.
En septiembre de 1970, poco después del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular, Novoa abandonó el país y se instaló en Buenos Aires. El fundador del gremialismo y años después de la UDI, el abogado Jaime Guzmán Errázuriz, le pidió que desde la capital argentina siguiera de cerca la situación política chilena y contribuyera a recaudar fondos para lo que sería la resistencia al marxismo allendista. Gran parte de esos dineros fueron destinados a las actividades terroristas que desarrollaba el movimiento nacionalista Patria y Libertad, liderado por Pablo Rodríguez y Roberto Thieme.
Cuatro años después del golpe de Estado, al promediar 1977, cuando Jaime Guzmán transformado en el principal asesor civil de Pinochet diseñaba desde la Secretaría General de Gobierno los anuncios de la nueva institucionalidad de la dictadura, que se plasmarían en el discurso de Chacarillas el 9 de julio, “Día de la Juventud”, Novoa regresó a Chile y ocupó un lugar principal en aquella ceremonia nocturna con antorchas. A su lado se ubicaron Sergio Fernández, Gonzalo Vial, José Piñera, Miguel Kast y 77 jóvenes que representaban a los que serían “herederos del régimen”, casi todos miembros del Frente Juvenil de Unidad Nacional, coordinado por Ignacio Astete. También estaba Cristián Larroulet, ex presidente de la Feuc; Francisco Bartolucci, que dirigía la Secretaría de la Juventud y Juan Antonio Coloma, presidente de la Feuc y consejero de Estado, entre otros, casi todos dirigentes de la UDI en los años siguientes.
DE LA MANO DE CEMA-CHILE
Jovino Novoa asumió la Subsecretaría General de Gobierno y desde allí preparó el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, destinado a ratificar la Constitución elaborada por la dictadura. Utilizando circulares confidenciales, Novoa organizó uno de los mayores fraudes de la historia política nacional. En una de ellas instruyó a los funcionarios públicos para “colaborar con los alcaldes proporcionando listas de personas confiables para que sean designadas presidentes de mesas, y promover la inscripción de personas de sectores favorables al gobierno para que participen en el sorteo de vocales”.
Miles de fichas de partidarios del régimen, elaboradas en Cema-Chile, organismo que agrupaba a las esposas de los oficiales del ejército y que controlaba férreamente la cónyuge del dictador, permitieron convocar a los integrantes de las mesas de sufragio. Familias completas de Las Condes, Providencia y Vitacura, las comunas donde habitan los grupos más acomodados de la capital, como ejecutivos de bancos y grandes empresas, coparon las mesas receptoras de sufragios en las comunas populares. En Pudahuel apareció una sorprendente lista de presidentes de mesas con damas de “vinosos” apellidos. En las mesas de Conchalí, otra comuna popular, ocurrió otro tanto.
Los máximos ejecutivos de Soprole, la mayor empresa lechera local, se hicieron cargo de mesas en Pudahuel, encabezados por Luis de Mussy Marchant, gerente de finanzas. Los ejecutivos de Calzados Mingo estaban en Puente Alto. Los ejecutivos de la constructora Neut Latour, del Banco de Chile y del BHC se hicieron cargo de las mesas en Renca. En San Miguel hubo 22 ejecutivos de Embotelladora Andina. Y así sucesivamente.
Por su parte, en la red “independiente” de apoyo al Sí trabajaron numerosos conocidos de Jovino Novoa. El ex ministro Pablo Baraona asumió la presidencia de un comando coordinador de comunicaciones. Se creó el Comando de Profesionales Jóvenes 11 de Septiembre, a cargo de Raúl Lecaros, e integrado por Roberto Pulido, Orlando Poblete, Javier Leturia, Carlos Bombal, Carlos Correa y Juan Jorge Lazo. El Comando Juvenil 11 de Septiembre por su parte agrupó a dirigentes como Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma.
PLEBISCITO FRAUDULENTO
Así se consumó el fraude. En los días siguientes al plebiscito, un grupo de expertos de la oposición, coordinados por el democratacristiano Eduardo Hamuy, demostró que al menos en nueve provincias había votado más del ciento por ciento de la población. En octubre, 46 abogados entregaron una carpeta con los antecedentes del fraude al Colegio Escrutador Nacional. Los integrantes de ese tribunal respondieron que no tenían atribuciones para acoger los reclamos.
En junio de 1982, Novoa dejó la Subsecretaría General de Gobierno y se instaló en El Mercurio como editor general de informaciones, dependiendo directamente de Agustín Edwards, quien había asumido la dirección del periódico. Entre ambos reunieron a un grupo de ex colaboradores de la dictadura con los cuales se abocaron a controlar los destinos políticos y económicos del país en estrecha relación con Pinochet y sus asesores.
Entre 1983 y 1984, junto a Edwards y Novoa se concentraron en El Mercurio: Enrique Montero Marx, ex ministro del Interior; Sergio de Castro Spikula, ex ministro de Hacienda; Hernán Cubillos Sallato, ex ministro de Relaciones Exteriores; Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro secretario general de Gobierno y del Trabajo; Hernán Felipe Errázuriz, ex ministro secretario general de Gobierno, de Minería y de Relaciones Exteriores; Alvaro Bardón, ex vicepresidente del Banco Central; Andrés Passicot, ex ministro de Economía y ex vicepresidente del Banco del Estado; Joaquín Lavín Infante, ex decano de Economía de la Universidad de Concepción; Carlos Urenda Zegers, ex asesor de Carlos Cáceres cuando fue ministro de Hacienda y, Francisco José Folch, ex subsecretario del Interior. Todos, muy cercanos al gremialismo que daría vida a la UDI en 1987.
A fines de 1983, Novoa diseñó una razzia de periodistas en los diarios de Edwards. Cerca de 150 reporteros fueron despedidos por sospecha de tener disidencias con la dictadura. En 1985 Novoa dejó la empresa de Edwards y se sumó al estudio jurídico creado por Roberto Guerrero del Río, ex fiscal del Banco Central. Guerrero se asoció con Carlos Olivos, Guillermo Mackenna y Hernán Somerville y dieron lugar a Guerrero, Mackenna, Olivos y Somerville. Novoa se mantuvo allí hasta ser elegido senador en 1998. En 2013, tras decidir abandonar el Senado, Novoa retornó a ese estudio jurídico.
GOLPES SEVEROS
Considerado un “duro” en la actividad política, recibió un severo golpe a mediados de 1992, cuando su hermano Héctor Novoa Vásquez, abogado integrante del estudio jurídico de Edmundo Eluchans y miembro del directorio del Banco O’Higgins, apareció vinculado a una organización que dirigían Edgardo Batich y Alex Jacob Neder, asociados con colombianos y canadienses, dedicados a oscuros negocios. Batich era muy cercano a Marco Antonio y Augusto Pinochet Hiriart. Estalló el escándalo y pese a los argumentos de Héctor Novoa, su relevante papel fue ventilado profusamente por la prensa. Chile carecía de una ley para penalizar el lavado de dinero y sólo pudo perseguírseles por evasión tributaria y otros delitos menores.
Diez años después, en 2002, Jovino Novoa recibió un nuevo golpe, un verdadero hachazo en el hombro, cuando fue sindicado -erróneamente- como pederasta y abusador de menores en un caso político-policial que conmovió al país y que tuvo como protagonista al empresario Claudio Spiniak.
También se le ha asociado, a lo menos por error u omisión, en violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura mientras estuvo al frente de la Subsecretaría General de Gobierno, incluido el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez.
Hoy, transformado en uno de los pocos defensores de la herencia de la dictadura, Novoa se ve enfrentado a la justicia por conseguir de manera ilícita recursos financieros para candidatos de la UDI. Los fiscales lo acusan de utilizar a secretarias, funcionarios e incluso personal de aseo de la sede de ese partido y del estudio de abogados del que formaba parte para que emitieran boletas a las empresas del grupo Penta y disfrazar así las remesas de dinero destinadas a la actividad política.
Otro de los acusados, el actual senador Iván Moreira, también se ha caracterizado como intransigente partidario de Pinochet y la dictadura militar. Su carrera pública se inició como funcionario municipal de Punta Arenas y siguió luego en el mismo ámbito en Santiago. Su cercanía con la familia Pinochet y la ayuda financiera que le entregaba la familia Batich en la comuna de San Miguel, le permitieron ingresar a la actividad política y llegar a ser parlamentario de la UDI, pese a no contar con el apoyo de los principales dirigentes. En la última elección, relegado a una postulación en la zona sur del país, no dudó en declararse miembro de una iglesia protestante para conseguir el apoyo de los votantes evangélicos rurales y conseguir ser electo como senador.
El diputado Felipe de Mussy Hiriart, en tanto, fue uno de los más beneficiados con fondos irregulares para su campaña. Hoy, a los 33 años, representa al Distrito 56, de la Región de Los Lagos. Anteriormente fue secretario regional ministerial en la misma zona. Estudió en el colegio Apoquindo y luego ingeniería civil industrial en la Universidad Católica. En diciembre de 2013, la revista El Sábado de El Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez lo escogieron dentro de los 100 líderes jóvenes del país. Está casado con María Yarur Arrasate y es uno de los “regalones” de Jovino Novoa entre los políticos jóvenes de la UDI.
OTRAS EMPRESAS
Pablo Zalaquett Said, en tanto, ex alcalde en La Florida y Santiago, recibió aportes financieros de ocho empresas, a través de facturas falsas para su fracasado intento de ser senador por la zona poniente de Santiago. Ellas son SQM, CorpBanca, Alsacia, Eurocorp, Penta, La Manada, Comercial Eccsa (de Ripley) y El Bosque. En total se trata de veinte documentos tributarios por servicios no prestados que ascienden a cerca de 65 millones de pesos.
Zalaquett, tras un breve paso como ingeniero comercial por la Cámara Nacional de Comercio y por Sonda, creó una casa editorial de diseño y publicidad, y más tarde se asoció con Cristina Bitar en la empresa de comunicación estratégica Hill& Knowlton Captiva. Su inicio en la política lo vivió con Hernán Büchi en la campaña presidencial de 1989, como presidente de la juventud de su comando. Más tarde, Pablo Longueira, de quien es muy cercano, le pidió que fuera candidato a alcalde de La Florida y luego de Santiago.
El abogado de RN Alberto Cardemil, por su parte, recibió diez millones de pesos desde Penta para financiar en las últimas elecciones su fallida postulación al Senado por la Sexta Región. La situación del ex subsecretario del Interior de Pinochet entre 1984 y 1988 se vio complicada en las últimas semanas, pues los fiscales encontraron boletas suyas en la contabilidad de SQM por supuestas asesorías profesionales en el mismo periodo de la campaña parlamentaria.
De todos los mencionados, sólo Novoa, Zalaquett y Cardemil arriesgan algún tipo de medida cautelar. Moreira y De Mussy tienen fuero parlamentario que sólo podría ser levantado en el momento del juicio. En la UDI cunde la inquietud porque algunos otros militantes podrían aparecer en las diligencias que realizan los fiscales
MANUEL SALAZAR SALVO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 830, 12 de junio, 2015