Hubo recuento de realizaciones y anuncios, que es lo propio en el discurso de la cuenta pública a la nación. Pero este 21 de mayo había un contexto que exigía otros énfasis, un nuevo guión, un cambio de rumbo de la presidenta que apuntara hacia las posibles salidas de este oscuro escenario. Por el contrario, incluso desde sectores de la Nueva Mayoría (NM), la percepción fue de una pieza discursiva en extremo plana, una alocución armada sobre una enumeración de actividades sin claros realces ni prioridades, una reiteración de lo anunciado hace un año.
De todo ello, las mayores falencias estuvieron en la persistencia de ambigüedades en torno al mecanismo para el “proceso constituyente” comunicado en una cadena nacional de comienzos de mes y de la mínima mención a la crisis política y a sus eventuales soluciones.
Como si nada, Bachelet habló de la gratuidad parcial para la educación superior y de anuncios también incompletos en materias tan sensibles como la salud y pensiones. Si bien destacó la aprobación en la víspera de la llamada Ley Ricarte Soto, que financiará enfermedades escasas, crónicas y muy costosas, no hubo menciones importantes sobre reformas profundas al sistema público y apenas una línea sobre cambios en el sistema privado de Isapres. En cuanto a pensiones, fue destacado el anuncio del fin del pago de cinco por ciento para salud por los jubilados, aun cuando no dijo nada sobre cambios estructurales al sistema de AFPs.
La falta de respuestas a las demandas de las organizaciones sociales estaba expresada en la calle. Miles de carabineros dispuestos alrededor del Congreso en Valparaíso desataron una violenta represión sobre los manifestantes, que terminó con más de un centenar de detenidos y veinte personas heridas, cuatro de ellas graves: el estudiante Rodrigo Avilés, golpeado por un chorro de agua a presión, quedó con un TEC en extrema gravedad. Observadores escribían en las redes sociales que acciones represivas tan virulentas sólo podían compararse con las de la dictadura.
ESQUIVANDO LOS DERECHOS HUMANOS
Tal vez como coincidencia, tras el discurso y de manera casi simultánea con la represión al exterior del Congreso, Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lamentaba en una declaración las débiles referencias de Bachelet a los derechos humanos. “Chile tiene aún una institucionalidad débil y eso impacta en todos los derechos de quienes habitamos en este país. Ley antiterrorista, Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, fortalecimiento del INDH son deudas que esperamos sean abordadas en este año de gobierno, aunque no hayan estado incluidas en el discurso de la presidenta”, dijo Fries.
Estas palabras también confirmaban otra realidad. La directora del INDH hacía estas declaraciones en medio de una represión policial sin precedentes en los últimos años. Es más, Fries ha sido acusada por el duopolio y parlamentarios de derecha por haber criticado en un texto informativo la represión policial contra los estudiantes, situación que en Valparaíso no sólo se estaba constatando, sino reproduciendo y amplificando.
Del escenario político, en el cual la corrupción involucra a todo el sistema, por cierto a su propio partido, apenas una referencia rápida y muy matizada al inicio de las palabras de la presidenta. “Hoy existe consenso sobre la necesidad urgente de impedir el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y la corrupción en la política y en los negocios. Necesitamos restaurar la confianza en que se basa nuestra convivencia”, indicó, para agregar que “para Chile ha sido un año complejo e intenso. Sé que esto ha provocado razonables incertidumbres. Pero debemos mirar con perspectiva y sentido histórico lo vivido, para entender la gran oportunidad que tenemos como país”, dijo, para matizar de inmediato y sin más explicaciones, que “Chile está viviendo uno de los procesos transformadores más importantes de su historia” porque “lo que tenemos ante nosotros es la oportunidad de construir entre todos un mejor país”. Desde aquel momento y durante las casi dos horas siguientes, solo una enumeración de las livianas y tardías medidas que apuntan a resolver el mayor problema que aqueja la política chilena desde la dictadura.
Así es como habló de la ley que regula el lobby; el envío del proyecto de ley que regula el financiamiento de las campañas y de los partidos; el proyecto de reforma constitucional que dará autonomía al Servicio Electoral (Servel); el fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública y el envío del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Valores y Seguros y el anuncio de la creación del Defensor Ciudadano. Una lista de buenos deseos que no logra parar el torrente de informaciones sobre corrupción que día a día compromete al entorno de la presidenta. Aquel mismo día aparecía una nueva publicación con un listado de 26 personas que recibieron fondos de la empresa AyN del operador político de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli, mediante boletas ideológicamente falsas por un monto de 327 millones de pesos. De ese total, al menos 21 personas trabajaron en la campaña electoral de Michelle Bachelet y posteriormente pasaron a ocupar cargos de gobierno.
DEL “PROCESO CONSTITUYENTE” AL “ACUERDO POLITICO AMPLIO”
El anuncio más esperado y relevante había sido adelantado hace unas semanas. Pero quedó en lo mismo. Hubo falsas expectativas entre ciertos sectores políticos y dirigentes de organizaciones sociales sobre alguna referencia más precisa del mecanismo para avanzar en la elaboración de una nueva Constitución. Se especuló el martes por la tarde sobre un posible llamado a plebiscito, mecanismo demandado por una numerosa bancada de la Cámara de Diputados y organizaciones civiles. Pero el 21 de mayo, apenas un par de líneas.
“Anuncié que en septiembre iniciaremos un proceso constituyente abierto a la ciudadanía, porque la legitimidad de la nueva Constitución es tan importante como sus contenidos. La Constitución es para todos y por eso todos deben participar en su diseño y aprobación. Por eso llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Y ello debe ocurrir en el contexto de un acuerdo político amplio, transparente y de cara al país que sostenga este proceso”. Al concepto ya ambiguo del proceso constituyente, Bachelet agregó la idea de acuerdo político amplio, expresión que dejó insatisfechas las expectativas de las organizaciones sociales y políticas que escuchaban atentas alguna posible mención al plebiscito. Incluso la diputada comunista Camila Vallejo dijo que esperaba escuchar el llamado a un plebiscito.
La postergación en su decisión no sólo inquieta a las organizaciones sociales, sino también tiene incómodos a la derecha y los empresarios. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, comentaba a un diario del duopolio que “al no tener claridad en esos aspectos uno no se puede pronunciar si está a favor o no de los cambios y eso genera incertidumbres…”.
Bachelet insistió durante varios pasajes de su discurso en las reformas, las cuales, tal como ya han dicho sus nuevos ministros, serán fruto de acuerdos no necesariamente con la ciudadanía, sino con otros sectores políticos y, por cierto, con representantes del poder económico. Tal vez a ellos se dirigía la siguiente frase: “Tenemos la convicción ética y el fundamento técnico de que nuestras reformas son buenas para una economía que quiere estar a la altura de sus oportunidades de desarrollo, y de las exigencias sociales de la equidad. Chile ha avanzado porque hemos hecho las cosas bien”.
La extrema precaución de sus palabras, los matices y la insoportable ambigüedad le generó críticas por todos lados. Por cierto de las organizaciones sociales, gaseadas y mojadas en la calle, pero también desde las mismas cúpulas empresariales. Estos sectores, que días antes habían festejado el cambio de ministros, en especial por el nombramiento en Hacienda del tecnócrata Rodrigo Valdés, si bien expresaron su satisfacción por la reiteración del llamado al diálogo contenido en el discurso, no ocultaron su molestia por la falta de medidas concretas para la reactivación de la economía, aletargada desde inicios del año pasado. Fueron reacciones adversas, tal vez hasta injustas, pese a que la presidenta anunciaba que la expansión del gasto el 2015 será de un 9,8 por ciento con un fuerte énfasis en la inversión pública.
GRATUIDAD PARCIAL EN EDUCACION SUPERIOR
En educación, había fundadas expectativas respecto a la gratuidad en la educación superior. Así es como en esta área anunció que durante el año enviará el proyecto que creará los Servicios Locales de Educación, marcando el retorno de escuelas y liceos públicos a la administración del Estado, en tanto en el segundo semestre presentará una ley que abordará un nuevo marco de regulación, financiamiento y gratuidad de la educación superior, para que a partir del 2016 el 60 por ciento más vulnerable de los estudiantes que asistan a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, lo haga de manera gratuita, sin beca ni crédito. “Esto beneficiará a casi 240 mil jóvenes. Con esto avanzaremos en nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi periodo”.
El mensaje no fue bien recibido en las organizaciones estudiantiles. Valentina Saavedra, presidenta de la Fech, dijo que la Confech se reuniría “para discutir nuevas movilizaciones por la educación pública y el millón de estudiantes que queda fuera del sistema de gratuidad tras los anuncios de Bachelet”.
El año pasado se conformó una comisión asesora para estudiar el problema de las bajas pensiones que administran las AFPs. Pero no hubo un anuncio sobre esta materia. Como compensación, aun cuando insuficiente, Bachelet dijo que para los pensionados mayores de 65 años, que actualmente pagan cinco por ciento en su cotización de salud, se eliminará totalmente la obligación de cotizar. Un paliativo que no altera en nada el problema de las pensiones.
No son pocos los analistas que observan riesgos en esta manera errática y ambigua de gobernar. Un estilo vacilante que le está generando opositores, tanto en el mundo social como en la derecha y sus representados y que quedó bien expresado al haber evitado referirse a los problemas de fondo de La Araucanía. Tanto las comunidades como los gremios empresariales elevaron sus críticas a esta forma de soslayar los conflictos. Tanto, que el periodista Pedro Cayuqueo calificó este silencio como “una negligencia criminal”.
Ambigüedad, expresada desde el mecanismo para elaborar una nueva Constitución como respecto a las mismas reformas, ahora consensuadas y negociadas con la misma plataforma política perseguida por flagrante corrupción. Bachelet optó por lo que llaman pragmatismo, tecnocracia, por la continuidad y la administración de lo dado. Un estilo inútil para los actuales momentos que demandan de decisiones y acción política.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 829, 29 de mayo, 2015