Giorgio Martelli, el operador político que gestionó recursos monetarios para las tres últimas campañas presidenciales de la Concertación y la Nueva Mayoría, declaró a uno de sus cercanos -según el diario electrónico El Mostrador– que él sólo fue parte de un engranaje, pero no el artífice del financiamiento irregular investigado por la Fiscalía Nacional.
Martelli también ha sostenido -informó el diario La Tercera– que él no era el recaudador ni tampoco el que tomaba las decisiones sobre el destino de las platas y que los verdaderos responsables aún no han dado la cara.
De manera sorprendente, varias de las personas que recibieron los recursos manejados por Martelli han afirmado que nunca supieron y que tampoco preguntaron sobre el origen de esos fondos. Estela Ortiz, una de las mejores amigas de la presidenta Bachelet, quien giró 20 boletas por más de 32 millones de pesos en 2012, declaró a The Clinic online que ella nunca lo hubiese hecho si hubiera sabido que el dinero provenía de Soquimich, la minera propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Pinochet.
Ortiz, hija del dirigente comunista Fernando Ortiz, torturado y asesinado por la Dina, esposa de José Manuel Parada, secuestrado y degollado por la Dirección de Carabineros (Dicomcar), expresó que la sola idea de verse relacionada con el dinero de Ponce Lerou, la asquea. Agregó, además, que ella puede “dar fe absoluta” de que en 2012 Bachelet no tenía interés en volver a Chile. “Ella resuelve volver en el primer trimestre de 2013, no antes; mucha gente no me va a creer aunque yo lo jure de guata, pero esa es la verdad”, dijo la ahora secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
PEÑAILILLO Y LA G90
A mediados de mayo se supo que en 2012 y 2013 Martelli pagó 330 millones de pesos a varios de los integrantes del comando presidencial de Bachelet, que encabezaba el ahora recién depuesto ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Entre ellos figuraban el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt y los integrantes de la llamada G90 del Partido por la Democracia (PPD) -Gabriel Sepúlveda, Flavio Candia, Héctor Cucumides y Harold Correa-, todos seguidores de Peñailillo.
En la nómina de Martelli estaban también Estela Ortiz; Alicia Galdámez Jeria, prima de la presidenta; Fidel Miranda, más tarde asesor del ahora ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas; Róbinson Pérez, ex asesor jefe de Peñailillo, en Interior; Pamela Farías, directora de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer, Prodemu; y Claudio Santis, asesor de la Secretaría de Comunicaciones, Secom.
De las 26 personas que aparecen en la lista de Martelli, 21 trabajaban en el comando de la precampaña y luego -a partir de marzo de 2013- se incorporaron al comando formal de la candidatura.
No obstante la evidente existencia de la precampaña, la propia presidenta Bachelet insistió, de manera tajante, que “no hay ninguna precampaña”, durante un desayuno con las prensa el 21 de abril en La Moneda.
El domingo 24 en la noche, en el programa de televisión Tolerancia Cero, el nuevo ministro del Interior, el abogado democratacristiano Jorge Burgos, declaró que “todo indica que en ese periodo -2012 hasta marzo de 2013- aparentemente algunas personas, usando el nombre de la presidenta de la República, establecieron fórmulas recaudatorias, y esa es una cuestión que a mi juicio se va a tener que demostrar, y de ser así tendrán derecho a la defensa”.
Semana tras semana surgen más antecedentes sobre pagos efectuados por empresas privadas a miembros del bacheletismo durante el periodo previo al retorno, en marzo de 2013, de la actual mandataria a Chile desde Nueva York, donde se desempeñaba como titular de la Secretaría de la Mujer de la ONU. Ya se sabe de contratos suscritos por Martelli no sólo con Soquimich y sus filiales, sino que, además, con empresas del grupo Angelini: Copec y Celulosa Arauco, por 208 millones de pesos; y con la empresa Sociedad de Gestión Ambiental (SGA), vinculada a Jaime Solari, hermano del dirigente socialista y actual presidente de TVN, Ricardo Solari; con Aguas Andinas; y, eventualmente, con Alsacia, Ripley, el grupo Corpbanca y otras.
BACHELET NO SABIA NADA
En el entorno de Bachelet sostienen que mientras ella estaba en Nueva York no sabía de las gestiones que se hacían en Chile para preparar su regreso y lanzar su candidatura presidencial, y menos de la búsqueda de fondos que se comprometieron usando su nombre.
Peñailillo viajó en 2010 a España donde realizó un magister en análisis político en la Universidad Complutense de Madrid. Regresó a fines de 2011 y se instaló en el segundo piso de la Fundación Dialoga, poniéndose de inmediato a preparar la segunda candidatura presidencial de Bachelet. Desde allí empezó a reunir al grupo de colaboradores que le ayudarían en esa tarea. En ese momento aparecen Martelli y Jorge Rosenblut, actual presidente de Enersis, quienes dieron forma al sistema de financiamiento para la ahora controvertida “precampaña” que investiga el Ministerio Público. Martelli operó a través de la empresa Asesorías y Negocios SpA. (Ver PF N° 827 y 828).
Uno de los primeros asistentes llamados por Peñailillo fue Flavio Candia, que se desempeñó como una especie de jefe de gabinete y que tras el triunfo de Bachelet se trasladó a La Moneda como encargado de la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio del Interior.
En ese grupo también destacó Héctor Cucumides, a cargo de los gastos y más tarde, ya en el comando, como responsable de autorizar viáticos, arriendo de vehículos y hoteles para los equipos técnicos y las comitivas de la candidata presidencial. Cucumides se vinculaba estrechamente a Cristián Riquelme, otro de los hombres de confianza de Peñailillo, quien hasta hoy se desempeña como administrador de La Moneda.
Róbinson Pérez, por su parte, llegó a la Fundación Dialoga en 2011. Allí se integró a un grupo semanal de análisis. Más tarde, en el comando, trabajó con Peñailillo y con María Angélica Alvarez (la Jupi). Luego se desempeñó como asesor político de Peñailillo en el Ministerio del Interior.
En la precampaña y en el comando también estuvieron varios colaboradores cercanos al ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que figuran en la contabilidad que Asesorías y Negocios SpA entregó a la Fiscalía. Todos se dedicaron a confeccionar minutas que sirvieron para dar forma al programa de gobierno de Bachelet, mucho antes que se oficializara su regreso al país.
MAS LEÑA A LA HOGUERA
Jorratt, el defenestrado director del SII, echó más leña a la hoguera luego del 21 de mayo, tras declarar a la revista Qué Pasa que recibió presiones desde el Ministerio del Interior, cuando estaba Peñailillo como titular, para no investigar a fondo los tratos de Martelli con Soquimich. Consultado si conocía al dueño de Asesorías y Negocios SpA, Jorratt señaló que “lo vi una vez, por diez minutos, un día en que nos juntamos en un Tavelli a firmar un contrato”. Cuando se le preguntó quién lo contactó con él, respondió: “prefiero no dar nombres, porque no quiero involucrar a otras personas sin su autorización, pero eran economistas ligados a la Nueva Mayoría, que estaban pensando en futuras reformas para el futuro gobierno”.
Uno de los grandes misterios hasta ahora en la investigación de la Fiscalía es el papel que cumplió Rosenblut en la búsqueda de fondos para la campaña, desde 2012 en adelante. Ya se sabe que se entrevistó a fines de 2012 con el ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, a quien solicitó un millón de dólares para financiar la campaña de Bachelet, y que lo mismo hizo en varias otras importantes empresas.
“Yo, normalmente, por mis actividades, me reúno con diversos empresarios y, entre ellos, también me reuní en una oportunidad con el gerente general de SQM, cuya única finalidad fue promover un apoyo económico a lo que sería una eventual candidatura presidencial de la Nueva Mayoría. Y no hay nada irregular en eso ni hubo otro encuentro”, dijo en entrevista con El Mercurio.
“Mi aproximación a la candidatura de Michelle Bachelet era en el marco de mi adhesión al proyecto inclusivo, de igualdad de oportunidades y de desarrollo social que representaría su eventual candidatura. Esto lo expresé en algunas reuniones y foros de los ámbitos empresariales y sociales en los que me tocó participar de forma habitual, tal y como lo hacían -legítimamente- otros empresarios de distintos colores, que promovían el apoyo a sus respectivos proyectos de país. A eso se limitó mi aporte”, añadió el hoy presidente de Enersis.
Rodrigo Peñailillo, poco después de estas declaraciones aseguró que nunca supo de las gestiones de Rosenblut y tampoco de su reunión con Contesse.
De ser así, surgen muchas interrogantes: ¿Por qué Rosenblut trató de conseguir cinco millones de dólares para la campaña de Bachelet? ¿A quién dio cuenta de sus gestiones? ¿Consiguió los cinco millones de dólares? ¿Cómo se encausaron esos fondos?
En el caso de Martelli, también abundan las preguntas: ¿Quién era su jefe o jefa en la precampaña? ¿Quién lo contactó con los donantes de fondos? ¿Para quién o quiénes eran los estudios que solicitó? ¿Eran informes “truchos”? ¿Ha trabajado Martelli en los últimos cinco años con organismos del Estado? ¿Qué montos ha percibido?
Son muchas las dudas.
OTRO DAMNIFICADO
Otro de los damnificados por las boletas ideológicamente falsas fue el ahora ex director de Chilevisión y ex autor del himno del No en el plebiscito de 1988, Jaime de Aguirre, quien fue despedido de su cargo por los ejecutivos de Time Wagner, propietaria de la estación televisiva.
De Aguirre, que llevaba trece años en el canal, emitió en enero, febrero y marzo de 2010 tres boletas por 15 millones de pesos cada una a SQM por servicios inexistentes.
En medio de la investigación por la arista SQM, hace algunas semanas se supo que De Aguirre había emitido boletas a Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue, a petición de Bancard, firma vinculada al ex presidente Sebastián Piñera, dueño de Chilevisión hasta 2010. Según declaró De Aguirre a la Fiscalía el 24 de abril, fueron Santiago Valdés -administrador electoral de Piñera y gerente de finanzas de Bancard- y Nicolás Noguera -gerente general de Bancard- quienes gestionaron la operación que le obligó a facturar primero a través de su sociedad La Música 146 millones a Bancard para luego devolver esos fondos a la poderosa family office y facturar por el mismo monto a las empresas arriba mencionadas.
MANUEL SALAZAR SALVO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 829, 29 de mayo, 2015