En Chile hemos tenido diez textos constitucionales entre 1811 y 1980; las más importantes, la Constitución de 1833 y la Constitución de 1925. Actualmente nos rige la ContraConstitución de 1980.
Tras el golpe de Estado anticonstitucional de 1973, el régimen (militar civil) destruyó el ordenamiento institucional, asumió facultades ejecutivas, legislativas y constituyentes, dictó bandos y leyes, para la reconstrucción del sistema oligárquico anterior del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que en 1938 industrializó el país.
El gobierno de Salvador Allende (1970-1973), nacionalizó la gran minería del cobre, profundizó la reforma agraria, nacionalizó sectores de la banca además de crear el área de propiedad social.
La dictadura creó un modelo exportador de recursos primarios e importador de textiles y productos electrónicos. Privatizó la energía, medios de comunicación, transporte, las pensiones, la educación y la salud entre otros, para proletarizar la dignidad de los trabajadores.
El objetivo de la dictadura fue destruir, asesinar los partidos de izquierda y sus direcciones nacionales e intermedias, fueron detenidos desaparecidos o ejecutados más de un millar de militantes socialistas, más de mil comunistas y alrededor de mil miristas.
Solo después del genocidio pudieron imponer una “contraconstitución”, al servicio del gran empresariado, un Estado subsidiado y represivo, un traje a medida del modelo económico neoliberal.
El 5 de octubre de 1989 se realizó el plebiscito que dio por resultado el triunfo del NO, pero por negociaciones privadas no se cambió la contraconstitución del 80.
Chile necesita una constitución democrática, participativa, consensuada por el pueblo, a través una Asamblea Constituyente, con plebiscito y elección de delegados que represente la soberanía nacional.
Actualmente existe una gran crisis de legitimidad que apunta al parlamento y al ejecutivo a través del conocimiento de graves casos de corrupción que envuelven a Soquimich y Penta, entre otros consorcios; ¿Pueden ellos (la elite política e empresarial), nombrar a dedo y construir una nueva Constitución?
La presidenta Bachelet se ha pronunciado por una nueva constitución, sosteniendo que el proceso se dará a conocer en septiembre, pero ya algunos de sus ministros descartan una Asamblea Constituyente representativa del pueblo.
Se necesita promover y unir, sin sectarismos y sin personalismos, a todos los que queremos Asamblea Constituyente, que no solo sea reflexiones de académicos y constitucionalista. Hay que construir fuerza social en las ciudades y comunas, en las organizaciones sociales, sindicales, culturales, de derechos humanos, estudiantiles, para desarrollar una mayoría nacional y tener una constitución para todos.
No debemos temerle a la discusión en las comunas, es un problema de correlación y acumulación de fuerzas, ya que sólo el protagonismo popular, es garantía de cambio y transformación social.
Desde ya en septiembre; en Puente Alto, las organizaciones y personas nos congregaremos para discutir y luchar por una Asamblea Constituyente, – estén o no estén -, los iluminados, los abilletados, los jutres o los patrones.