Entre las calamidades propias de nuestra larga y frágil geografía, el país ha debido asumir, también, toda la escandalera de la política y sus colusiones con los empresarios más inescrupulosos. Es ya un lugar común reconocer que enfrentamos un momento de estupor e indignación colectiva que nos tiene en riesgo de una nueva ruptura institucional. Las operaciones del Consorcio Penta y de la minera Soquimich para extraviar a la política y procurarse verdaderos monigotes en todo el espectro partidista, nos señalan nuevos empresarios involucrados en actividades fraudulentas pero, ahora, a políticos y sicarios comprometidos en relaciones indebidas con personajes que, además de ser favorecidos por la Dictadura, fueron activos cómplices de sus más graves despropósitos. A mayor abundamiento, el hijo y la nuera de la Presidenta de la República enfrentan también una serie de acusaciones frente a la Justicia en que se les imputan fraudes, sobornos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Más allá de los bullados procesos judiciales para esclarecer los reiterados episodios de evasión de impuestos y cohecho electoral que ya condujeron a la cárcel a un grupo de empresarios, lo más repugnante es el vergonzoso desempeño de dirigentes políticos que, habiendo propiciado el restablecimiento democrático, se rindieran posteriormente al poder del dinero, convirtiéndose en socios o abyectos servidores de las grandes empresas en el parlamento, el gobierno y seguramente en los municipios de todo el país. Toda una colusión de vieja data en el tiempo de la posdictadura que vendría a explicar tanta renuencia a recuperar las empresas robadas al Estado, a aplicarle impuestos dignos a las poderosas cupríferas, como a resistirse por años a devolverle a los trabajadores los derechos sindicales conculcados. Además de hacer caso omiso de los graves abusos del sistema previsional, las administradoras privadas de salud, entre tantos otros “emprendimientos” marcados por la usura, la expoliación de nuestras riquezas fundamentales y los inauditos atentados al medio ambiente.
Junto con dejar al desnudo los políticos que recibieron sobornos de las grandes empresas, se evidencia también un “estado de derecho” sometido a los intereses económicos y políticamente culpable de defraudar las expectativas ciudadanas. Se explica perfectamente, ahora, porqué los sucesivos gobiernos de la Concertación (encollerados siempre con la Derecha) nunca se propusieran en serio una nueva Constitución y se congraciaran con un sistema electoral que les aseguraba su cómoda representación en el Congreso, además de perpetuar los mismos actores políticos en ésta y otras instituciones del Estado.
Ahora es que se puede explicar en realidad la decisión de un ex ministro como Enrique Correa de emigrar de la política a las actividades del lobby que han llevado a su empresa a prestarle asesoría a los más cuestionados empresarios pinochetistas, a agenciarse representantes y familiares en La Moneda y a discriminar a qué candidatos apoyar y convertir en sus secuaces dentro del amplio el espectro político de los que hoy cobija la Nueva Mayoría. Lobistas en colusión también con abogados que, después de destacar como defensores de los Derechos Humanos, derivaran luego en orejeros e instigadores de los principales defraudadores del Fisco e, incluso, en consejeros jurídicos de abominables civiles y eclesiásticos que escandalizaron al país por sus crímenes de alta connotación sexual, cuanto por las poderosas redes de protección que les brindó la política y el empresariado.
Si nos remontamos más al pasado podremos descubrir la influencia de estos “primeros artífices de la Transición” cuando los sucesores de Pinochet renunciaron a derogar las leyes de amarre dejadas por la Dictadura. Actuando en favor, por ejemplo, del duopolio de la prensa, la extranjerización de la radiodifusión, el imperio de la farándula televisiva y el asesinato programado desde La Moneda de aquellos medios de comunicación que no pudo matar la Dictadura, pero sí lograron ahogar los nuevos protagonistas del Poder Ejecutivo.
De allí que nos resulte tan jocoso que un oscuro y travestido personaje como Enrique Correa pueda ser reconocido por algunos de sus tontos útiles como uno de los más relevantes personajes de la Transición y de la pretendida consolidación de la Democracia. Cuando lo que realmente hizo este infausto personaje, con otros secuaces de La Moneda, fue sacralizar el modelo económico neoliberal; acrecentar la inequidad social; hacer “justicia en la medida de lo posible”; prodigarle plena impunidad al Tirano; emprender más privatizaciones de empresas estratégicas; perpetuar la Ley Reservada del Cobre; someter la educación al mercado y al lucro; reprimir incesantemente las movilizaciones; justificar los nuevos abusos de la policía y condenar a Chile a un triste aislamiento y dependencia internacional… Para, finalmente, terminar embadurnando la política con su corrupta y voraz connivencia con los más desvergonzados empresarios del país