La lectura de una columna de opinión del ministro Larroulet en un tabloide del duopolio invita a adoptar una actitud crítica ante el discurso político autista del Gobierno (1).
Además, permite ver hasta qué punto la dinámica social es un enigma para el gabinete de Piñera. Es también un buen ejercicio ciudadano, puesto que nos permite entender el modelo de estrategia discursiva y política empleada por los sectores neoliberales en coyunturas difíciles (2).
Los datos negativos para el Gobierno Piñera y la Concertación de la encuesta Adimark de mayo y los índices macro positivos del Gobierno citados por Larroulet, le ayudan a construir un contexto para introducir en su narración al menos dos votos piadosos: hay que “mejorar la calidad de la política” y, reconocer, al mismo tiempo, la “buena marcha del país en muchos ámbitos”. De manera subrepticia se encuentra incluida en la columna la tesis del orden; que explicaría el aumento de la represión legal y policial por parte del gobierno.
Queda la impresión que para los ministros de Estado los conflictos políticos válidos son los que se dan en el estrecho marco parlamentario-binominal. Allí se dialoga. Los otros, los conflictos entre la sociedad civil y el Estado, no se los nombra. Si se prefiere ignorarlos es porque, según la concepción política dominante, no son propios de la democracia y, por lo tanto, conviene acallarlos, es decir, aplicarles mano dura. Esta es la postura histórica de los interesados en que las estructuras socio-económicas generadoras de la desigualdad social no cambien, ni tampoco se modifique el marco institucional que impide la participación ciudadana y la emergencia de nuevos derechos.
Cabe señalar que el ministro de la Segpres afirma que la “conflictividad” en el escenario político (con la Concertación) y la falta de canales de participación ciudadana son los problemas “más importantes” hoy en día. Incluso más graves que la carestía de la vida que afecta a la inmensa mayoría. Sin embargo, tiene que admitir que: “algunos productos de primera necesidad han experimentado importantes alzas de precios, como el transporte (18%), los servicios básicos (10%) o los alimentos (7%), erosionando el poder adquisitivo de las familias chilenas”. Si bien el ministro reconoce las dificultades económicas de la población, lo hace después de confesar su impotencia para resolver los problemas concretos de los asalariados, puesto que la carestía de la vida o el empobrecimiento se deben, según él, a “factores externos”.
De ahí que prefiera focalizar en los otros dos problemas políticos señalados en el párrafo anterior. En cambio, lo hace desde su ángulo, desde su propia ideología, la neoliberal.
De esta manera puede pasar por alto, sin mencionar, el profundo, amplio y creciente descontento con las políticas neoliberales implementadas por el Gobierno. Casi de manera explícita el economista reconoce que el modelo económico autoritario y concentrador de la riqueza, donde mandan los mercados y un puñado de empresas, no está hecho para resolver los problemas de las mayorías que viven de su trabajo.
En otras palabras, que las políticas neoliberales están hechas para que el peso de las crisis mundiales recaiga sobre las espaldas y bolsillos de las mayorías ciudadanas que viven de la venta de su fuerza de trabajo. Simple. Mientras el precio de los insumos y alimentos sube, el precio de la mercancía fuerza de trabajo (el sueldo) baja, en comparación con las otras mercancías.
Al ignorar que los conflictos laborales, ambientales, educacionales e incluso de derechos e igualdad se nutren del malestar social, debido a las difíciles condiciones socio-económicas de existencia, los remedios y soluciones propuestos por el Gobierno empresario no serán eficaces.
Los ciudadanos piden más que derechos “postmaterialistas”, como algunos dicen. Cada vez más se están exigiendo cambios en las condiciones materiales de existencia mismas. Sin modificaciones en la distribución de la riqueza y en las prioridades sociales de inversión pública y la instalación de nuevas instituciones (en la superestructura jurídico legal) que otorguen y garanticen el goce de derechos colectivos individuales y nuevas formas democráticas de gobierno, el conflicto que se está desarrollando en las diversas instituciones y entre el Estado y los movimientos sociales, persistirá. La verdadera oposición se hará en la calle.
En su columma el ministro está obligado a reconocer que los datos de la encuesta Adimark “son preocupantes, ya que se dan en un contexto de amplio malestar hacia las autoridades y dirigentes políticos”, sin embargo, y pese a reconocer el malestar social, aún así, el economista de L&D no logra ocultar los supuestos ideológicos sobre los cuales está construido su mensaje político: A ustedes no les queda otra que vivir en el país que nosotros les hemos diseñado e impuesto; créannos, es lo mejor para Uds. Estas son las dos premisas de fondo de carácter ideológico sobre las cuales está construido el dispositivo de comunicación política o de propaganda.
El relato político del ministro es ideológico porque corresponde a un punto de vista particular, que no es otro que el que expresa y defiende los intereses sistémicos de un sector pequeño, pero dominante (en lo político, social e ideológico).
Este tipo de discurso, hegemónico en la sociedad, tiene la pretensión de ser general: es decir, corresponder al sentir, deseos y aspiraciones de todos los ciudadanos. Y aquí reside otra de las razones del conflicto. Ya que al querer gobernar imponiendo un punto de vista parcial en varios ámbitos como: favoritismo empresarial con Hidroaysén, educación sometida a los imperativos empresario-mercantiles, aplicación de la ley antiterrorista para reprimir al pueblo mapuche, el gobierno ha entrado en una espiral de enfrentamiento social y debilitamiento. Opta por alejarse de la sociedad civil y por encerrarse en el estéril debate binominal con sus pares de la Concertación.
A lo anterior se agrega el espectáculo de lucha de facciones intestinas entre los liberales de RN y los ultraconservadores de la UDI, que refuerza en el ciudadano la imagen de un Gobierno proclive a la demagogia, confuso, sin “liderazgos” genuinos y en desfase total con el mundo contingente y las condiciones materiales de existencia (transporte, vivienda, salud, educación alimentación, caras y por lo tanto endeudamiento y salarios bajos en las que viven la gran mayoría de los chilenos y chilenas).
Al punto que el lector se pregunta cómo es posible que las elites sean tan sordas y ciegas al clamor de más democracia que viene de abajo o si la vida entre La Moneda y los barrios altos explica que políticos duchos puedan oponerse tan frontalmente a los cambios de mentalidades, las necesidades sociales y la consciencia política emergente de los gobernados. Hasta ir generando, ellos mismos, un fenómeno social que se ha llamado la lucha de clases.
Y las medidas propuestas por el titular de la Segpres para “recuperar la credibilidad de nuestras instituciones políticas en el más corto plazo” son reformas-paliativos que se enmarcan en el régimen político vigente. Ninguna propuesta para cambiar el binominal ni la Constitución, cuya ilegitimidad trascendió los círculos de especialistas (3).
Sólo hay una respuesta a tal actitud obcecada. El discurso de Larroulet es un discurso auto-centrado en la visión y los intereses de la elite que domina y gobierna el país. Hay un autismo de parte del Gobierno de Piñera y de sus asesores con respecto a las necesidades sociales y a la consciencia política emergente.
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(1) Mejorar la calidad de la política, por Cristián Larroulet, La Tercera, 07/06/2011
(2) El contrapunto a la columna de Larroulet puede leerla en el artículo de José Miguel Carrera, Chile está bien y la política está mal, según Piñera, en:
http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=12317
(3) Larroulet llama a la Concertación a aprobar reformas tales como: el voto voluntario y la inscripción automática, el voto desde el extranjero, un sistema de primarias para la selección de los candidatos a cargos de elección popular, y una nueva ley de partidos políticos, que sujete a esas instituciones a una mayor participación de sus militantes y un mayor control de la ciudadanía.