Convergencia de Izquierdas manifiesta su solidaridad con los/as afectados/as por la catástrofe ocurrida en las regiones de Antofagasta y Atacama en el Norte del país, expresa sus condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y hace pública su voluntad de participar activamente en el apoyo a los/as damnificados/as por esta emergencia natural, así como también invita a la población a construir una red de apoyo ciudadano a los/as afectados/as. La ayuda la canalizaremos a través del sistema oficial de apoyo o paralelamente a través de nuestros propios contacto en la zona afectada.
Gran parte de los efectos que agravan esta crisis son obra humana y radican tanto en las autoridades nacionales como locales, incapaces de prevenir la posibilidad de estas situaciones de frecuente ocurrencia en el país. Todos los inviernos suceden inundaciones en los ríos del Norte, Centro y Sur del país o en las quebradas próximas a grandes centro poblados, como Valparaíso o Santiago; convertidas en basurales o –peor aún- en lugares de vivienda de la población más pobres; sin que alcaldes, gobernadores o intendentes se hagan cargo de manera preventiva de su responsabilidad como autoridades.
Particulares usan de modo irresponsable los lechos de los ríos, cada vez más secos por efecto del uso indiscriminado de agua dulce, sin que las autoridades se hagan cargo de su misión de resguardar el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la limpieza permanente de estos lugares convertidos habitualmente en basurales o de establecer sistemas de defensas fluviales, que impidan el escurrimiento de aguas hacia zonas pobladas.
Mientras la casta política del país aparece fuertemente vinculada a los intereses económicos de los grandes empresarios, duerme sin urgencia en el Senado de la República un proyecto de ley que moderniza el sistema de emergencia del país; probablemente porque su aprobación no reporta dinero a las empresas o a parlamentarios que han convertido sus cargos de representación pública en un lucrativo negocio particular. Una vez resuelta la urgencia, se deben investigar exhaustivamente los hechos y de haber responsables por esta tragedia, ellos deben responder ante la justicia por eventuales delitos o incompetencias, ya sean políticos o empresarios, para que nunca más volvamos a lamentar pérdidas humanas por hechos evitables.
Las lecciones de emergencias anteriores no han sido asimiladas por el Estado, la élite política en el poder ni la población. Pese a la tragedia del terremoto de Febrero de 2010, se sigue construyendo o reconstruyendo en los bordes costeros o en zonas peligrosas próximas a ríos o quebradas y no existe una adecuada política de prevención de riesgos derivados de emergencias naturales.