Desde niño vengo escuchando lo heroico del pueblo mapuche y que a la llegada de los españoles su cultura se extendía entre el río Aconcagua por el norte y la Isla Chiloé por el sur. Todos los libros resaltan el heroísmo de este pueblo indómito y cuentan en letras mayúsculas, que cuando los españoles intentaron construir ciudades fortificadas en Chile, estas fueron tomadas por los mapuches y expulsaron a los invasores de esos territorios, lo que obligó a los españoles a firmar un pacto de convivencia pacifica, el Pacto de Quilín en 1641, en el cual se delimitó la frontera al sur del río Bío-Bío y se les reconoció la Independencia como pueblo.
En otro periodo de la historia O’Higgins declaró, en 1819, que los chilenos eran iguales en derecho y que los mapuches al ser chilenos, quedaban acogidos a la legislación común que regía al territorio, reconociéndoles en ese entonces como un Estado.
Años después con la “Pacificación de la Araucanía” (1861 – 1893 siendo presidente José Joaquín Pérez ) los chilenos les aplicamos el “pago de chile” organizando una violenta campaña militar en su contra, la que arraso con los pueblos Picunches, Huilliches, Cuncos, Pehuenches y Mapuches los que habitaban esos territorios ubicados entre los ríos Bío Bío por la parte norte, y Toltén por la parte sur. El héroe de esa “gesta histórica” fue el General de Ejército Cornelio Saavedra.
Es decir que a lo largo de nuestra historia los chilenos hemos sido, por una parte, mal agradecidos y por otra, incapaces de proponer una forma de convivencia con el pueblo mapuche, respetando su cultura, identidad y nacionalidad. Por el contrario, en distintas épocas “la receta” ha sido la misma, tratar “el problema” de manera parcial, proponiendo soluciones afines a los intereses del estado chileno.
Por siglos los mapuches han soportado embates de fuerza, engaños y tolerado la ocupación de sus tierras, lo que con justa razón ya no quieren seguir aguantando, rebelándose frente a un estado de derecho que no les ofrece garantías para alcanzar sus demandas y preservar sus derechos. Pero como sucede en otros ámbitos de nuestra vida nacional, entre ellos la educación y la energía, la razón de los conflictos no solo es histórica sino que tienen un trasfondo que es económico.
De hecho la razón del llamado “conflicto mapuche”, está en los intereses económicos privados, nacionales y extranjeros, los cuales son dueños de más de tres y medio millones de hectáreas, en las cuales se desarrollan lucrativos negocios de energía, turismo, minería, pesca y de la industria forestal. Inversiones millonarias que seguirán creciendo con futuros proyectos mineros en el cordón de Nahuelbuta hasta Carahue, con las inversiones de Endesa de España, que es dueño del 70% del agua del Lleu Lleu, y con otros tantos proyectos turísticos.
Estos grandes capitales son los que necesitan sacar de sus tierras a los mapuches para sacar adelante sus proyectos, razón por lo cual los han declarado como enemigos “terroristas”, lo que incluye a comuneros, mujeres, niñas y a niños, quienes viven arrinconados en un total de 500 mil hectáreas ocupadas por su pueblo.
Tienen razón entonces los comuneros cuando dicen que este tremendo enjambre de intereses económicos chilenos son los que gobiernan las tierras de Arauco, Malleco y Cautín y que para proteger estos intereses económicos gigantescos, el estado chileno ha ubicado, en los alrededores del Lago Lleu Lleu, 3 campamentos de Fuerzas Especiales de Carabineros, desde donde les reprimen y les provocan, lo que ha sido demostrado ante distintas organizaciones de derechos humanos.
Todo esto no hace más que corroborar lo que sabemos, que el origen de los conflictos políticos y bélicos, nacionales e internacionales, son los motivos o intereses económicos. En este caso son las evidencias las que demuestran el papel que esta jugando el estado chileno, enfrentando a los mapuches para defender intereses económicos determinantes y vinculantes al proceso de globalización de la economía, que digámoslo en buena medida, están presentes en toda nuestra sociedad.
Es innegable que hablamos aquí de intereses económicos inmensos, con potentes vínculos políticos que les transforman en poderosos centros de poder, los que progresivamente subordinan al estado a sus intereses reduciendo su tamaño a través de las privatizaciones. Un estado que poco a poco va deshaciéndose de gran parte de nuestro patrimonio, trasladándolo bajo distintas excusas al sector privado, por eso es que el “ conflicto “ mapuche no es solo de ellos sino que es de todos los chilenos
La criminalización de los comuneros entonces tiene razones que van mas allá de lo judicial propiamente tal, la primera es que se les aplicó una legislación, la ley antiterrorista heredada de Pinochet, que el poder político ( democrático ) ha sido incapaz de trasformar, en este contexto la justicia actúa en el ámbito que le compete, sin lugar a dudas, pero ampara acusaciones que tienen una base política y económica abusiva.
Hablamos de una ley antiterrorista que permite el uso de un recurso monstruoso, los testigos sin rostro, lo cual se constituye al final, en este proceso, en la única prueba que los fiscales tienen para condenar a los comuneros. Un hecho antidemocrático que se contrapone al debido y justo proceso, que nos hace recordar dramáticamente aquellos momentos en los cuales en este país, no había estado de derecho y en el cual el ministerio publico no solo utilizaba testigos falsos, sino que aceptaba pruebas extraídas bajo tortura para amparar la detención, el desaparecimiento y el asesinato de personas inocentes.
Pero aparte de todo lo dicho, lo decepcionante en todo esto es constatar que al parecer los chilenos, a diferencia de los mapuches, no tenemos memoria histórica o si la tenemos es de corto plazo. Razón por la cual la resistencia de este pueblo se constituye en una “ayuda memoria”, para no olvidar que durante los años de la dictadura, estos al igual que el resto de los chilenos, fuimos muy golpeados y que en ese gobierno se estableció que “no existen más los mapuches”. Una ley decretada por Pinochet el 22 de marzo de 1979 que en uno de los párrafos decía textualmente que el objetivo era “terminar de una vez por todas con el problema indígena”.
En fin, estamos frente a un circulo vicioso en el cual distintos gobiernos y en distintas épocas, incluyendo este, han intentado eliminar la identidad del pueblo mapuche, queriendo por ejemplo terminar con la propiedad colectiva de estos sobre su tierra, imponiéndoles la propiedad individual. Una medida-aberración que les priva de su principal concepto de vida que es la tierra, ante lo cual y con toda razón se opone, para no perder sus tierras y su identidad.
Los comuneros mapuches lo que hacen con su lucha es reivindicar el estatus de pueblo- nación, poniendo de manifiesto con ello el papel secular de su nacionalidad originaria. Por ello son contrarios y no podía ser de otra manera, a la idea del estado nación proveniente de España, quienes fueron sus enemigos e invasores con los cuales combatieron y a los que resistieron por 400 años, una idea de estado que discrimina a las nacionalidades preexistentes a su existencia.
En fin son muchas las razones por las cuales los chilenos conscientes de esta nuestra historia estamos con los Comuneros y sus hermanos y por ello planteamos un Estado multinacional, multi y pluriétnico, que no solo reconozca sino que respete a los pueblos originarios. Ese es el camino que debieran tomar los gobiernos y principalmente quienes estamos por el término de la discriminación de los pueblos originarios, allanando el camino para una nueva relación entre la sociedad chilena y la mapuche.
En este contexto Chile debe respetar la declaración de derechos de los pueblos indígenas que suscribió en septiembre de 2007, llamada a proteger a los millones de personas pertenecientes a esas comunidades en todo el planeta, un derecho fundamental violado impunemente por el Estado chileno al perseguir, encarcelar y torturar a los mapuches.
Somos un país que participa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE ) y se lo decimos a nuestros vecinos como una forma de diferenciarnos de ellos, señalando repetidamente lo floreciente de nuestra economía. Sin embargo a diferencia de Bolivia, Ecuador y Venezuela, cuyos gobiernos han revindicado los legítimos e inalienables derechos que durante siglos le fueron conculcados a sus pueblos originarios, nosotros vamos por el camino contrario, negándoles la propiedad de sus territorios ancestrales, la preservación de sus creencias, lengua, tradiciones y costumbres, así como el derecho a la salud y la enseñanza en su cultura.
Los comuneros mapuches ya cumplieron 83 días en huelga de hambre, algo que conmueve pero que aun pareciera no es suficiente para que los políticos de este país, salvo contadas y valientes excepciones, se manifiesten ante esta “discriminación institucionalizada” .
Ayudemos a remover conciencias para no permitir que se continúe aplicando la ley antiterrorista en contra de ellos y de cualquier persona, lo que permite la represión a comunidades y la judicialización de la protesta mapuche, cuyo origen esta en la ambición desmedida de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias que se han apropiado de sus tierras.
Más allá de los objetivos de propaganda política, no hay ningún antecedente que avale la existencia de organizaciones terroristas en Chile. Por lo tanto la derogación de la ley antiterrorista es una exigencia de gran parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos entre los que se destaca la comisión ética contra la tortura, cuyo informe en relación a la situación de represión de los mapuches fue discutido por el comité de eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas en el mes de agosto de 2009.
Por ultimo un contrasentido, Chile fue reelecto como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2011-2014 con lo cual podrá participar en la máxima instancia de la ONU para la promoción y protección de los derechos fundamentales. Por lo tanto no tiene excusas para respetar los informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recomendando la no aplicación de la Ley Antiterrorista a las actividades y manifestaciones de protesta y reivindicación del pueblo mapuche.
Estas Recomendaciones sostienen que la aplicación de esta ley no garantiza un juicio imparcial y aportan antecedentes sobre los casos en que estos derechos son vulnerados.
Para el mundo democrático es inaceptable la aplicación de esta ley pinochetista, que utiliza testigos sin rostro, mantiene a los imputados en prisión preventiva indefinida, y permite someter a los inculpados a doble juicio -por la justicia civil y militar- al mismo tiempo.
Toda nuestra solidaridad y apoyo a los comuneros mapuches y sus familias.
Director Red Universitaria Virtual Latinoamérica y el Caribe (RUVALCA)