El Fiscal Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Agustín Meléndez, acompañado por el Fiscal especialista en Anticorrupción, Felipe Aguirre, formalizó este martes al senador Carlos Bianchi por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, y a su cuñada, Victoria Retamales, tambien por fraude al fisco.
En la audiencia, el Fiscal Regional puntualizó que los hechos investigados comienzan en marzo de 2006, luego que el Senador, en razón de su cargo, suscribiera un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble ubicado en Punta Arenas, por un monto de $850.000 pesos mensuales reajustable anualmente de acuerdo al IPC, para utilizarlo como sede parlamentaria, figurando como arrendadora su suegra, Fresia Espinoza.
Este contrato permitió que el Senado extendiera mensualmente cheques por el pago de la renta de arrendamiento entre abril de 2006 a septiembre de 2009, directamente al senador Bianchi, debiendo éste pagar al arrendador, quien falleció en enero de 2009, pese a lo cual, entre febrero y septiembre de 2009, el pago continuó realizándose por el Senado de manera directa al parlamentario.
Posteriormente, en octubre de 2009, por una modificación en el reglamento que regía el pago de la asignación para la labor parlamentaria al interior del Senado, Bianchi presentó un anexo del contrato de arrendamiento, indicando que luego de la muerte de su suegra, su cuñada, Victoria Retamales, asumiría el cobro del valor del arrendamiento, lo que permitió que los pagos se continuaran extendiendo desde octubre de 2009 hasta noviembre de 2010.
En la oportunidad los fiscales manifestaron que el monto total pagado por el Senado por concepto de arriendo ascendió a $52.673.516 pesos, variando la renta mensual de $850.000 pesos en el año 2006, a $1.000.298 pesos en el año 2010, por una oficina parlamentaria de aproximadamente 39 metros cuadrados, de regular calidad, valores muy por encima de los registrados por inmuebles del sector, defraudando al fisco en aproximadamente $45.148.728 pesos.
El Juez de Garantía, otorgó un plazo común de 60 días para investigar, y respecto de Victoria Espinoza otorgó la medida cautelar de arraigo nacional.