Al escribir este artículo, en el último día del mes de febrero 2015, la crisis política de representación, de gobernabilidad, de credibilidad, de legitimidad y eficacia está llegando a su clímax: escándalos financieros, como el Pentagate, el de Soquimich y, el más reciente, el caso de la empresa Caval, han logrado develar ante la opinión la profunda inmoralidad de la relación entre la política y los negocios, gestado desde hace muchos años, incubada durante la dictadura de Augusto Pinochet y llevada a la práctica de sus sucesores duopólicos – Concertación- Alianza – que han gobernado el país durante 25 años. La característica central de la llamada transición a la democracia” ha sido la mantención incólume de la Constitución de 1980, que conlleva implícitas las trampas políticas impuestas por el tirano. En el plano económico, el neoliberalismo fue, apenas, humanizado por los sucesivos gobiernos de la transición – los cuatro de la Concertación y el de la Alianza -.
Los escándalos reseñados anteriormente han logrado poner en cuestión los cimientos de las principales instituciones republicanas de la nación: el caso Penta-UDI – uno de los holdings surgidos gracias a las privatizaciones del dictador Pinochet, adquiridos por irrisorias sumas de dinero por parte de adeptos de la derecha política – se convirtió en la “caja pagadora” de los candidatos del partido ultraderechista, Unión Demócrata Independiente (UDI) Sus dos socios principales, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, están formalizados por una serie de delitos, entre ellos, de evasión de impuestos y de fraude al fisco, además de operaciones financieras ilegales, que les permitía reunir fondos para financiar campañas políticas de connotados dirigentes de partidos de derecha –UDI y Renovación Nacional, como también Fuerza Pública, movimiento del ex candidato presidencial y ex ministro de la Presidente Michelle Bachelet, Andrés Velasco -, candidaturas que eran financiadas con varios millones de pesos y, aparentemente, justificadas con boletas falsas, emitidas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por los terceros o bien, por los mismos implicados. Hasta hoy, la fiscalía que investiga el caso Penta, sólo ha formalizado sólo a dos o tres políticos, entre ellos a Jovino Novoa, fundador de la UDI, Laurence Golborne, ex candidato presidencial y ex candidato a senador, por ese mismo partido, y al ex subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, a quien se le suman otros delitos, como el de lavado de dinero; En el curso de la investigación aparecen mencionados dos senadores, Ena von Baer – descubierta públicamente mintiendo, al negar ante las cámaras de televisión su relación con el holding Penta – e Iván Moreira, que reconoció haber recibido dineros para su campaña, con boletas falsas de terceros – que sólo lo calificó como un error -.
El caso Penta, descubierto recientemente, se ha ido complicando al aparecer una nueva arista, que dice relación con supuestos ilícitos, esta vez cometidos por algunos diputados y senadores de la combinación de gobierno actual, la Nueva Mayoría, recibidos de la empresa Soquimich, propiedad de uno de los yernos del dictador Pinochet.
Previo a estos dos escándalos que implican a senadores y diputados de ambas combinaciones duopólicas, el parlamento contaba, apenas, con el apoyo del 10% del apoyo ciudadano, y en las últimas elecciones de ambas Cámaras, celebradas en diciembre de 2014, sólo votó el 40% de los ciudadanos. A esta desaprobación de los ciudadanos respecto a los parlamentarios, se agrega el desprestigio del poder ejecutivo, al verse involucrado el hijo de la Presidenta de la República en un caso, presumiblemente de tráfico de influencias, debido a un crédito por la suma de seis mil millones de pesos, aprobado por el Banco de Chile, con la complicidad del socio mayoritario, Andrónico Luksic, uno de los personajes más adinerados del mundo – según la revista Forbes – ha otorgado a la nuera de la Mandataria, con el objeto de comprar de un terreno para especulación inmobiliaria.
Ante el agotamiento del sistema político del duopolio reinante, cabe formularse la pregunta si, como ha ocurrido en otras crisis de dominación oligárquica en Chile, ¿los movimientos y organizaciones juveniles serán capaces de asumir no sólo un posición crítica, sino también abocarse a la tarea impostergable de refundar la república, tan seriamente dañada por la colusión entre los negocios y la política, así como la caducidad de los partidos políticos históricos?
Hacia 1920, Chile sufría una crisis de dominación oligárquica y, en ese entonces, la juventud, representada especialmente por la Federación de Estudiantes de Chile, fundada en 1907, fue capaz de liderar una generación que, inspirada en la reforma universitaria de Córdoba, en el vecino país, y en ideales anarquistas, pacifistas y de radicales laicos, supo denunciar públicamente el derrumbe moral del régimen plutocrático-oligárquico que, por esa época, estaba en sus estertores. El poeta Vicente Huidobro, en El balance patriótico, “enviaba a los viejos al cementerio y clamaba por una revolución juvenil”; así mismo, la revista Claridad denunciaba los peculados de los políticos corruptos.
En 1967, en pleno gobierno de Eduardo Frei Montalva, la juventud de la Universidad Católica de Valparaíso dio inicio al proceso de una reforma universitaria, seguido luego por las demás universidades del país, con la idea insertar a las instituciones de educación superior en el cambio social y, a su vez, integrar a los estudiantes, profesores y funcionarios al gobierno de las universidades. Este grupo pionero de estudiantes se anticipó en un año al gran movimiento de mayo de 1968, en París.
En el año 2006, los estudiantes de educación secundaria de Chile iniciaron el movimiento llama “la revolución pingüina”, que en un comienzo luchó por reivindicaciones cotidianas – la mejora de la infraestructura de los edificios escolares, la rebaja del transporte escolar durante todo el año – no sólo durante el período lectivo, y otros – para luego radicalizarse y llegar hasta pedir el fin de la vigencia de la Ley General de Educación (LOSE), promulgada por el tirano Pinochet en sus últimos días de mandata, en 1989. Los “pingüinos” fueron capaces de resistir al poder del gobierno durante meses, en los cuales se utilizaron diversas de lucha – marchas, tomas de liceos, paros, huelgas de hambre, debates académicos, entre otros – logrando el beneplácito y apoyo de la mayoría ciudadana, pero el gobierno de Michelle Bachelet los traicionó al entenderse con la derecha política y lograr la aprobación de la Ley General de Educación, sólo un barniz inacabado de la educación de mercado, heredado de la dictadura – en una ridícula e hipócrita ceremonia terminaron tomados de la mano ministros de gobierno y los jefes de partidos de derecha que, como diría el anti poeta Nicanor Parra, “la izquierda y la derecha unida, jamás serán vencidas”.
En 2009 encabecé una candidatura, cuyo proyecto país pretendía superar la profunda crisis política y moral a la cual nos habían conducido los gobiernos de la Concertación por la Democracia, debido a una gestión limitada sólo – quizás por miedo a los militares – a administrar la herencia que había dejado la dictadura. En ese entonces, fuimos capaces de captar el agotamiento de la ciudadanía con respecto a la llamada “democracia de los acuerdos” y, sobre todo, la incapacidad y falta de voluntad de los dirigentes de la Concertación para llevar a cabo reformas estructurales tan sentidas y necesarias por los ciudadanos, como el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes, una salud pública digna, el fin del sistema de las AFPs y pensiones acordes con las necesidades mínimas de las pensionados, como también reformas políticas urgentes, como el fin de una monarquía presidencial y su reemplazo por un sistema de equilibrio de poderes, además de la creación de instituciones de democracia directa, como el plebiscito revocatorio, una Asamblea Nacional única y un federalismo atenuado, capaz de poner fin al centralismo santiaguino.
En 2009, mi candidatura logró una votación del 20% del universo electoral, demostrando que la ciudadanía reclamaba, además de cambios estructurales, el ascenso de una nueva generación. Si bien no planteamos el quiebre – como en los años 20 – entre jóvenes y viejos, tampoco nos presentábamos como una nueva generación, sí fuimos valorados por un amplio número de electores como la posibilidad de un recambio político, respecto a dos castas que ya habían cumplido su ciclo y demostraban agotamiento – es necesario resaltar que los partidos que integraban la Concertación, en su mayoría pertenecientes a la historia de Chile, como los socialistas y los democratacristianos, que habían traicionado sus postulados ideológicos, adoptando el más ruin de los pragmatismos, dedicándose solamente a ganar sucesivas elecciones sin ideas y sin programa -.
En el año 2011, con un gobierno que mezclaba sin pudor alguno negocios y política, y compuesto, fundamentalmente por empresarios, dilectos amigos del Presidente Sebastián Piñera – miembro del ranking de los millonarios del mundo – en 2011 comenzó uno de los movimientos sociales más poderosos de nuestra historia política, que logró aglutinar a estudiantes de los todos los niveles de educación, a apoderados, a los profesores, trabajadores del cobre, ecologistas y, sobre todo, líderes regionales, que clamaban contra el centralismo santiaguino, entre otras organizaciones sociales.
Este movimiento estudiantil de 2011 fue más lejos que el iniciado por los “pingüinos” de 2006, centrándose en los principales cambios que Chile requería, es decir, una educación pública gratuita, de calidad, laica y universal; una reforma tributaria que asegurara el financiamiento y redistribuyera las cargas públicas – en Chile los empresarios “no pagan impuestos”, sólo lo hacen la clase y media y los pobres, que pagan impuestos por el IVA, que representa el 50% de la recaudación fiscal -. La plataforma de las demandas de este movimiento aún no han sido satisfechas, sin embargo, la Presidenta Michelle Bachelet ha emprendido una reforma educacional, basada en algunas demandas del movimiento estudiantil, sin embargo, aún no se visualiza el cumplimiento de una educación pública de calidad, igualitaria, laica y universal.
La gran interrogante es si la nueva generación será capaz de contribuir eficazmente a la superación de esta grave crisis de legitimidad de la cual adolecen actualmente las instituciones políticas de nuestro país, y no ocurra lo acontecido en los años 20 y 60, respectivamente, que se transforme en una gran frustración. Personalmente, sigo esperanzado en que esta vez aprovecharemos la oportunidad para construir nuevo Chile más justo e igualitario.
Marco Enríquez-Ominami
28/02/2015