Tras más de siete horas de debate, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó este jueves expulsar de la carrera al magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal por participar en la redacción de un borrador de Constitución para cataluña. El pleno se opuso al castigo máximo que proponía la autoridad disciplinaria del consejo, Antonio Fonseca-Herrero, y acordó, por 12 votos a nueve, una sanción intermedia: apartar al juez durante tres años, el plazo máximo de suspensión previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El castigo implica también la pérdida de su plaza en la Audiencia de Barcelona, por lo que si el juez, de 61 años, volviera a la carrera una vez cumpla su pena, tendría que concursar por un nuevo destino. La decisión del pleno es recurrible ante la Sala tercera del Tribunal Supremo. Vidal tiene dos meses para presentar su recurso y, mientras tanto, según fuentes del consejo,podrá seguir ejerciendo. Si opta por impugnar y pide la suspensión cautelar del castigo, podrá también continuar en su puesto mientras el tribunal decide si se la concede o no.
Después de un intensísimo debate, el acuerdo para apartarle de la carrera salió adelante solo con los votos de los 12 miembros conservadores del pleno. Según fuentes presentes en la reunión, la mayoría conservadora, encabezada por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, estaba dispuesta a apoyar al inicio de la sesión la tesis de la máxima autoridad disciplinaria del consejo, que consideraba a Vidal responsable de dos faltas muy graves y propuso la expulsión del magistrado.
Pero durante el debate, que se extendió en sesión de mañana y tarde, algunos miembros conservadores plantearon que la expulsión podía ser un castigo excesivo y se mostraron partidarios de suavizarlo. Ahí surgió la opción de acordar una suspensión de funciones para el juez, una vía que los progresistas se mostraron dispuestos a debatir. El ponente de la propuesta que se discutía en el pleno, Rafael Fernández Valverde (vocal a propuesta del PP), sugirió reemplazar la sanción de expulsión por la de suspensión por dos años del magistrado. Sin embargo, la decisión de los conservadores de optar por el plazo máximo de suspensión, de tres años, dejó definitivamente fuera del acuerdo a los siete vocales del PSOE, la de IU y el del PNV, que consideran que este castigo sigue siendo excesivo. Estos vocales han anunciado un voto particular.
Antes de fijar y votar la sanción, el pleno había decidido ya excluir por asentimiento (sin necesidad de votación) una de las dos faltas muy graves de las que tanto el promotor de la acción disciplinaria como el fiscal consideraban autor a Vidal: la prevista en el artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (“vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades”). Finalmente, el juez ha sido sancionado como responsable de una infracción disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 417.14 de la ley (“ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”), a la que también se opusieron los vocales progresistas.
La propuesta del promotor justificaba la expulsión de Vidal por considerar probado que ha participado “activamente, y al margen de cualquier cobertura”, en un grupo de trabajo que tenía por objeto elaborar y redactar una Constitución catalana. En opinión de la autoridad disciplinaria, esta actuación, junto su apoyo explícito a la consulta independentista, no pueden quedar amparadas bajo el derecho fundamental de libertad de expresión porque choca con “la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial”.
El acuerdo del pleno, aunque sanciona a Vidal, supone un nuevo varapalo para la máxima autoridad disciplinaria del Poder Judicial, que, por segunda vez, ve cómo los miembros del consejo se oponen a su propuesta de castigo máximo al juez Vidal. Ya le ocurrió cuando propuso suspender cautelarmente al magistrado mientras se tramitaba el expediente contra él. En aquella ocasión, el asunto se debatió en la comisión disciplinaria del consejo y fue el vocal conservador Vicente Guilarte el que se apartó de la opción defendida por el promotor y por Carlos Lesmes y votó junto a los progresistas en contra de la suspensión. En el pleno de ayer, la propuesta de Fonseca-Herrero fue suavizada tanto respecto a las faltas apreciadas (él sostenía que hubo dos y el pleno las dejó en una), como en la sanción.
Los vocales llevaron a cabo hasta cinco votaciones distintas, algunas de cuestiones técnicas y otras más de fondo. La mayoría evidenciaron la ruptura entre los 12 miembros del llamado bloque conservador (todos vocales propuestos por el PP) y los nueve restantes. Solo en dos de las votaciones se rompió este esquema y en los dos casos fue del lado progresista, en el que la vocal Mar Cabrejas votó con el sector mayoritario para rechazar que el expediente estuviera prescrito y para descartar la indefensión alegada por Vidal, cuestión a la que también el progresista Álvaro Cuesta.