Más allá de que (éticamente o estética) estemos a favor o contra del gobierno venezolano y su proceso revolucionario, lo cierto es que el doble rasero (la desinformación en que han sumido al respecto a los españoles) y el cinismo españochista y su caverna mediática, así como de cierto aplazado sector -a juzgar por las tendencias demoscópicas- de la (llamada) izquierda claudicante, en relación al “presunto” financiamiento (ilegal) de Podemos por parte del chavismo en el marco de la reciente detención de Antonio Ledesma, Alcalde de Caracas, y con motivo del cumplimiento de un año de la detención de uno del líder antichavistas Leopoldo López, francamente no-tie-ne-des-per-di-cio. Han llegado a copar hasta la saciedad la agenda mediático-política española.
En definitiva son los mismos que avalan, no solo con su ostensible silencio, el multimillonario lobby de News Corporation propiedad del mismísimo Rupert Murdoch que paga al expresidente Aznar – ¿por hacer qué?-, como los dineros recibidos por los “asesores” del Partido Popular (PP) de parte de (todos) los opositores al chavismo en cada una de las justas electorales que se han verificado esa “lastrante dictadura caribeña”; muchos de ellos, claro está, al más puro estilo Carromero en Cuba. Frente a lo cual, el eventual lobby pagado por el chavismo al número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, y a la Fundación CEPS, resulta francamente un chiste o de un infantilismo político de proporciones.
Ello para no hablar de los suntuosos aportaciones con que Carlos Andrés Pérez -que murió en su exilio de Miami condenado por corrupción (2010)– financió por años al PSOE. Sí el mismo Pérez del “Caracazo” (1989), que costó más de dos mil vidas inocentes, de lo cual los socialistas españoles, por ejemplo, no dijeron ni “mú”. Al menos no conozco una condena pública de repudio a la matanza de esos miles ciudadanos que se manifestaban pacíficamente con los recortes y el “austericidio” impuesto por el despótico régimen -no se lo pierdan- socialdemócrata.
Asimismo, estos mismos sectores de la más recalcitrante burguesía de Europa, como diría Lorca, condenan inquisitorialmente que los de Podemos tengan algún tipo de relaciones consultoriales o auspiciosa con el chavismo, cínicamente pretendiendo invisibilizar de facto que uno los principales clientes de armas y de pertrechos antidisturbios del gobierno “popular” español es, precisamente, el “régimen bananero de los gorilas rojos”. Pero si hace tan solo dos años atrás, para colmo del cinismo y la desvergüenza, el Ministro de Defensa de Rajoy, Pedro Morenés, catalogaba a Hugo Chávez de “gran amigo”; eso para no ir más lejos hasta los abrazotes y los palmoteos que Aznar le pegaba al Comandante bolivariano cada vez que lo veía, como hacía con el ácrata libio (Gaddafi) antes de su fatal caída en desgracia.
Igualmente, han emplazado, rasgando vestiduras y de manera prepotente y soez en los diferentes talk show televisivos, a los dirigentes de Podemos a condenar el encarcelamiento de Leopoldo González y la referida detención del alcalde de Caracas; respecto de la cual la fiscalía general venezolana confirmó ayer que los cargos que pesan contra Ledezma “están previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamento al Terrorismo”.
Pero, ¿qué han dicho, por ejemplo, estos genuinos “adalides de la libertad y la democracia” y su caja de resonancia -la “caverna mediática”- respecto de la grotesca encarcelación que sufre el dirigente y exparlamentario vasco Arnaldo Otegui, que lleva recluido más de cuatro años en la cárcel por una absurda sentencia que afirma “que es miembro de ETA y que fue el ejecutor de las órdenes de la banda dentro de la izquierda abertzale”?; la cual junto a su posterior revisión por el Supremo, tiene no pocas lagunas jurídicas y procesales -a juicio experto-; por lo que simplemente Otegui no debió nunca haber sido encarcelado ni condenado (ver 10 razones para encarcelar a Otegui).
Asimismo, ¿qué han dicho de la grotesca detención y condena sufrida por el politólogo Jorge Vestrynge por protestar pacíficamente con los colores republicanos el día de la proclamación del nuevo Rey, Felipe VI en la Plaza del Sol? El referido profesor de la Universidad Cumplutense de Madrid, por si fuera poco, ha sido condenado por la Fiscalía a 3 años de cárcel e irrisoriamente a indemnizar con 3000 euros a un policía que resultó con un esguince en la mano producto de su detención. Las imágenes de su violenta detención no tienen desperdicio:
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En cambio, no trepidan en declarar “que somos una de las democracias más consolidadas del mundo, que España es un país serio y responsable“, como señaló recientemente el portavoz del Partido Popular (PP), Rafael Hernando, con motivo del “pacto de Estado” antijihadista suscrito íntimamente con el PSOE y, por ende, de espadas a todo el resto del parlamento español, consagrando en la práctica el presidio perpetuo. Estamos hablando de uno de los países (militarizados) más represores y con mayor población penal de la zona UE.
Ahora bien, con respecto al alcalde caraqueño nos curamos de espanto solo recordando que pasará a la historia como el alcalde del “Caracazo”; y en relación al dirigente antichavista encarcelado (González) habría que añadir, como nos recordó recientemente Felipe Portales en uno de sus excelentes artículos de opinión, que como alcalde del municipio caraqueño de Chacao participó muy activamente en el golpe de Estado de 2002, llegando al extremo de ordenar la detención de un ministro de Chávez; que, más tarde, convocó las protestas del año pasado con el fin de lograr “el derrocamiento del gobierno de Maduro”. Un revuelta que luego de varias semanas de caos y violencia, al más puro estilo del “reventar la calle” (la “guarimba”) de los tiempos de la UP, derivó en violentas asonadas callejeras con un costo total de 43 víctimas fatales y más de 800 heridos, entre manifestantes (de ambos lados) y policías; múltiples daños a bienes y edificios públicos, medios de comunicación, medios de transporte, universidades y sedes partidarias.
El verdadero rostro “político” de González, lejos del “pacífico luchador social” que nos quiere vender la caverna mediática española y sus adláteres, quedó al descubierto con algunas de sus más sonadas declaraciones. Una de ellas fue formulada -nada más y nada menos- que desde la cárcel, señalando que “nuestra causa ha sido, sigue siendo, y hoy más que nunca tiene que ser, la salida de este gobierno”; como asimismo espetó contundentemente que “se equivocan quienes suponen que el gobierno se cae o claudica por la situación económica. Veámonos en el espejo de Cuba ¿Cuánto más íbamos a esperar? ¿Cincuenta años? Ya van quince” (El Mercurio; 17-3-2014); culminando con sus llamados golpistas del mes de junio del año recién pasado, cuando señalaba: “Vamos a derrocar a la dictadura por la vía popular” (El Mercurio; 8-6-2014).
Lo cierto es que luego de tan elocuentes revelaciones, es evidente, que este sui generis demócrata y “pacifista luchador social” venezolano no solo debe estar en una cárcel caribeña sino que lo estaría, también, por tan graves razones en Estados Unidos, Francia, España, Chile y hasta en Suecia y en el Uruguay del Pepe Mujica; tal y como señala el profesor e investigador de la Universidad de Chile Felipe Portales en la señala columna; él que, dicho sea de paso, puede ser acusado de cualquier cosa -como este servidor- menos que de ser un trasnochado ultraizquierdista-chavista-leninista.
Por último, ¿qué han dicho estos mismos defensores de los contrarrevolucionarios antichavistas en relación a los violentos y vergonzantes desahucios que protagonizan (vulnerando flagrantemente la normativa europea comunitaria según pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)), prácticamente a diario y por todo el país, piquetes antidisturbios de la policía nacional a objeto de defenestrar de sus viviendas a indefensas familias depauperizadas por la crisis -¡y que no tienen ni que comer!- para entregárselas a los fondos buitres? La respuesta es sencilla, Nada o muy poco, para ser justos.
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Antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ejecutando un desahucio en el número 7 de la calle Guzmania de Tetuán, Madrid, el pasado 9 de febrero.