Esta mañana Convergencia de Izquierdas entregó una carta al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán Sarrás, sobre el caso PENTA-SQM en la cual expresaba su indignación por el cambio en la dirección del caso, el cual limitaba las funciones del fiscal Carlos Gajardo en tanto colocaba a cargo de las investigaciones a abogados cercanos a Soquimich y al PS.
Horas más tarde, Chahuán informó que él asumirá el caso por la relevancia nacional que tiene y el peso político de las personas implicadas. Convergencia expresó su satisfacción por la reestructuración de las investigaciones.
Esta es la declaración:
“Ante el escandaloso cambio de fiscales del caso PENTA-SQM, dictaminados por la Fiscal Nacional Subrogante, la ex militante socialista Solange Huerta, Convergencias de Izquierdas declara:
Los chilenos hemos seguido asqueados el caso PENTA. Desde hace mucho tiempo tenemos claro que parte de nuestro malestar y desconfianza se debe a que un porcentaje muy significativo de quienes han sido elegidos no piensan en el interés público si no que en intereses privados y que “vendiéndonos la pomada de ser realistas”, en vez de limitar crecientemente el poder de quienes detentan el dinero y la riqueza, han establecido una relación perversa con ellos.
El caso PENTA no sólo ha mostrado nítidamente el vínculo del dinero con la política, Además ha puesto de manifiesto que no les basta con dictar leyes inicuas en su propio beneficio, como la del financiamiento de las campañas políticas y sus aportes reservados, sino que también banqueros, empresarios y parlamentarios cometen delitos tributarios, fraude al fisco o falsificación ideológica de instrumento público (boletas de honorarios), entre los detectados hasta acá en la investigación llevada a cabo por el Fiscal Carlos Gajardo, con el objeto de justificar los gastos que genera el financiamiento ilegal de campañas de sus cercanos políticos, que después legislan a favor de esos mismos intereses económicos. Los chilenos siempre supimos que nos engañaban, ahora sabemos el modus operandi que usaban.
En efecto, la investigación realizada por el Fiscal Gajardo, a partir de una denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos, desnudó la turbia relación de la UDI con PENTA, en particular la relación del presidente de ese partido, diputado Silva, los senadores Von Baer y Moreira, los ex candidatos Golborne y Lavin y de Jovino Novoa; también mostró la relación con Andrés Velasco y la hipocresía de su eslogan de la “nueva política” y una relación de financiamiento no aclarada a una fundación del actual ministro Undurraga en tiempos de su campaña.
Al mismo tiempo, la denuncia del mismo SII, contra el ex Subsecretario de Piñera, también militante de la UDI Pablo Wagner y ante la cual el ex presidente calla vergonzosamente, permitió abrir la denominada arista SOQUIMICH (SQM) del caso, en el que aparecerían involucrados, además del ex candidato UDI Pablo Zalaquett, algunos personeros concertacionistas como el hijo del diputado León de la DC, el ex embajador DC Marcelo Rozas y su esposa, y una asistente del senador socialista Rossi, sobre la cual estaría pendiente de averiguar su vínculo con él en el momento de entregar la boleta. Los rumores sobre más parlamentarios concertacionistas, hoy integrantes de la Nueva Mayoría (sobre todo del norte) vinculados al financiamiento de esta empresa requieren una ampliación del período a investigar, así como una investigación seria, independiente y acuciosa como la llevada hasta el momento por el Fiscal Gajardo.
En esas condiciones, cuando el miércoles 18 la prensa informaba que el equipo de fiscalía estudiaba como extender la investigación a SQM hasta 2014, y estando pendiente la respuesta del SII al oficio de la fiscalía de noviembre pasado en que habría informado a esa entidad de eventuales extensiones a otras empresas (las que según información aparecida en el diario electrónico El Mostrador del 6 de enero pasado, serían Ripley, Alsacia y Corpbanca ), la Fiscal Nacional (S) Solange Huerta saca al fiscal Gajardo del caso, cumpliendo el primer objetivo de la defensa de Jovino Novoa
Al hacerlo puso el caso PENTA bajo el control de Alberto Ayala, Fiscal Regional Metropolitano Oriente y como que este había trabajado en SQM durante 11 años, se separó lo que se ha dado en llamar la arista SOQUIMICH que es colocada bajo el control de Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes.
Creemos que este cambio tiene efectos devastadores para el caso y lo rechazamos categóricamente pues es inevitable sospechar que se está buscando liberar a los políticos involucrados y encubrir el caso a través de una cirugía jurídica. Es imposible no sospecharlo pues:
1. En primer lugar, releva del caso a un fiscal que, de acuerdo a lo que se conoce lo ha realizado una investigación acuciosa e independiente como Gajardo y pone a cargo de la investigación PENTA al fiscal Ayala. Se ha argumentado que Ayala siempre fue el jefe de Gajardo. Si bien eso es cierto, no tramitaba la causa. Era Gajardo quien tomaba las decisiones esenciales como a quién citar a declarar y ahora sólo será un colaborador.
2. Descomprime la presión sobre el SII para extender querella y/o denuncia, evitando que aparezcan nuevos involucrados.
3. Además, ahora Ayala y Montes tendrán el control de un tema fundamental, a saber las posibles negociaciones con los imputados del caso, que beneficiarían especialmente a los políticos involucrados en esta historia. Como señala El Mostrador “Una de ellas es la suspensión condicionada del procedimiento, que consiste en un acuerdo entre el fiscal y el imputado para paralizar el proceso entre 1 y 3 años. La decisión la tiene el fiscal y si el imputado cumple con los requisitos –no haber sido condenado por crimen o simple delito, no estar afecto a ninguna condicional previa y no tener una pena superior a tres años en el momento de ser condenado–, luego de ese tiempo se sobresee definitivamente el caso.”
Otra opción es el procedimiento abreviado, que evita el juicio oral, lo que impide laexposición a la ciudadanía y permite una sentencia rápida. O un procedimiento simplificado, donde la pena es mucho menor.
4. Dado que Ayala está en carrera para reemplazar al Fiscal Nacional Chahuán a fines de año, por lo que necesitará del visto bueno de la derecha pues requiere el apoyo de dos tercios del Senado, y que Montes es hijo de un senador socialista, que ha reconocido la inconveniencia del nombramiento de su hijo, y aun en el caso que los comportamientos de ambos sean correctos, siempre podrán existir sospechas y desconfianza de la ciudadanía que se preguntará si podrán actuar con independencia de sus intereses y parentescos .
5. Es imposible no sospechar si, por las razones expuestas, tanto Montes como Ayala debiesen haberse inhabilitado ya, o en el caso de Ayala, al menos debiese haberse comprometido a no postular a la Fiscalía Nacional.
Por ello CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS demanda:
Que es imprescindible que esclarecer los hechos, caiga quien caiga. Chile no soporta más trampas de la elite político empresarial ni empates políticos entre la Nueva Mayoría y la derecha.
Que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán vuelva a poner el caso en las manos del Fiscal Gajardo, dictando una resolución anulatoria de aquella firmada por su subrogante, ya que no existen causas para retirarlo del caso
Que la Presidenta de la República instruya al Director del Servicio de Impuestos Internos para contestar el oficio del Fiscal Gajardo del 7 de noviembre pasado, denunciando o querellándose en base a los antecedentes presentados en ese oficio”.
Santiago, 24 de febrero de 2015