El exoficial de ejército Patricio Kellet Oyarzún se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. Recaen sobre su persona dos órdenes de detención: una por estafa y otra en una causa por violación de Derechos Humanos. Kellet fue el jefe de la inteligencia militar en Valdivia al 11 de Septiembre y en tal calidad llevó adelante la represión política en la sureña ciudad, en la cual según su propia confesión se detuvieron a mas de 3.000 personas, las cuales fueron interrogadas bajo torturas.
En la Corte de Valdivia se tramita una causa en su contra por los delitos de asociación ilícita, torturas, usurpación de funciones y secuestro, en la que se despachó orden de detención en su contra. Esta investigación se inició por la presentación de una querella por parte del exintendente de Valdivia al año 1973 Sandor Arancibia con el patrocinio del abogado Roberto Àvila. En ella se denuncian estos delitos cometidos en contra de la propia persona de Arancibia, como también en contra del entonces alcalde Luis Díaz y dirigentes sociales y políticos pertenecientes al Partido Socialista como Uldaricio Figueroa, Rogers Delgado, Joel Asenjo y Víctor Hormazabal.
A estas personas se les acusó de haber dispuesto la ejecución de un llamado Plan Z que involucraba el secuestro de hijos y esposas de personal uniformado que sería acompañado de un desembarco de tropas cubanas que en botes inflables llegarían a Valdivia desde el Caribe. En la causa promovida pr el ex Intendente Arancibia, el propio exsecretario de prensa de la Junta Militar Federico Willoughby desmintió la existencia de este plan. Sin embargo, los militares sometieron a Consejo de Guerra a los acusados y les condenaron a cadena perpetua, lo que les significó años en cárceles chilenas y el posterior exilio.
En este mismo proceso han declarado como inculpados el ex fiscal militar Bernardo Puga, el presidente del Consejo de Guerra Juan Carlos Guillermo Michelsen Délano (recientemente procesado en Santiago por 12 homicidios de opositores a la dictadura militar), el periodista Eduardo Hunter Abarzúa y los oficiales de Carabineros René Quezada de la Plaza y Rubén González Aracena (condenado por tres homicidios de jóvenes valdivianos).
Se encuentra pendiente la declaración de Layla Mauad Chabair, entonces directora del Instituto Comercial de Valdivia, acusada por los querellantes de ser parte de un red de soplonaje en la ciudad. Mauad Chabair delataba a sus propios alumnos ante las autoridades militares.
El prófugo Kellet Oyarzún, argumentando hechos distantes de la realidad, consiguió ser declarado “exonerado político” y en tal calidad cobra 1.500.000 pesos mensuales de los programas de reparación establecidos por el Estado de Chile para las víctimas de la dictadura.