La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia conformará hoy una segunda comisión bicameral para continuar con las indagaciones sobre el proceso privatizador de 1989-2000.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó en fecha reciente que cinco parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo y tres de la oposición integrarán la misión investigadora. Esa comisión también tendrá la tarea de dar seguimiento a la propuesta de acusación contra las exautoridades implicadas en el caso.
Borda recordó que la primera comisión especial fue creada en julio de 2013 y recomendó imputar a los exmandatarios Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga, así como a 11 exfuncionarios públicos -incluido el excandidato presidencial Samuel Doria- porque la privatización causó daños económicos al país.
Miembros de ese comité presentaron en enero pasado al Ministerio Público todas las evidencias de la causa.
Según sus conclusiones, los exfuncionarios implicados en el proceso privatizador y de capitalización son responsables de firmar contratos lesivos y en perjuicio de los intereses económicos y del patrimonio del Estado boliviano.
El vicepresidente del país y líder del Parlamento, Álvaro García Linera, aclaró que los delitos contra el Estado son imprescriptibles y el artículo 123 de la Constitución dispone la retroactividad en casos de corrupción.