Escribo estas palabras el día Viernes 13 de Febrero a las 15,30 horas, cuando Sebastián Dávalos aún mantiene silencio sobre la operación especulativa efectuada por la empresa CAVAL de la cual su esposa Natalia Compagnon es dueña en un 50%.
El semanario Que Pasa informó al respecto hace una semana, generando un revuelo público que ha obligado al Ministro Rodrigo Peñailillo a comparecer diariamente frente a los medios de comunicación, acosado por periodistas en busca de explicaciones a un negocio practicado habitualmente en Chile por los especuladores inmobiliarios. Lo grave es que en este caso está envuelto nada menos que el hijo de Michelle Bachelet, cuya trayectoria y pensamiento son incompatibles con prácticas de esta naturaleza.
Al asumir su mandato presidencial Michelle manifestó claramente que “Chile tiene sólo un gran adversario, y eso se llama desigualdad.” Ya antes, la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano aprobada a fines de 2013, estableció que “la desigual distribución del ingreso se materializó en las ciudades y centros poblados, constituyendo uno de nuestros mayores desafíos”.
La operación efectuada por la empresa CAVAL es la típica acción generadora de los altos niveles de segregación urbana existentes en nuestro país. El procedimiento consiste en adquirir a bajo precio, suelos agrícolas y presionar más tarde a los gobiernos de turno para cambiar su destino transformándolos en urbanos. Una vez logrado dicho objetivo, las empresas inmobiliarias continúan presionando para lograr que el estado lleve a cabo las obras de infraestructura que multiplicarán la plusvalía de dichos terrenos.
Veamos el siguiente ejemplo: en 1997, se modificó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, incorporando al suelo urbano unas 10.000 hectáreas de buenos suelos agrícolas existentes en las comunas de Lampa, Colina y Tiltil (provincia de Chacabuco) El MINVU formuló entonces los llamados ZODUC (Zonas Urbanas con Desarrollo Condicionado), donde supuestamente los proyectos inmobiliarios a desarrollar deberían consultar un porcentaje de viviendas sociales. Por cierto que nada de esto ocurrió, por el contrario, se levantaron conjuntos habitacionales exclusivos como Piedra Roja, Hacienda Chicureo, Las Brisas de Chicureo, Los Polos I a IV, etc. donde en la actualidad se comercializan unidades habitacionales de un valor superior a las UF 10.000, equivalentes a unos 250 millones de pesos. Para estos desarrollos inmobiliarios el fisco implementó obras de infraestructura de alto costo como el llamado Camino Pie Andino, que une Chicureo con La Dehesa, la Autopista Los Libertadores, que une Santiago con Los Andes, y el Acceso Nororiente por Américo Vespucio norte, que une Vitacura con Chicureo.
Según El Mercurio, “la sociedad inmobiliaria Manquehue invertirá en los próximos cinco años la suma de 500 millones de dólares en Piedra Roja, destinando el 70% de los nuevos recursos previstos a 2018 a nuevas construcciones de casa. Otro 10% irá a obras viales de menor envergadura y 20% al desarrollo de departamentos de lujo, que contarán con una superficie entre 210 a 280 metros cuadrados y valores que podrían alcanzar las UF 20.000, según declaró el gerente general de Piedra Roja, Cristián Cominetti”. ([1])
Es exactamente lo ocurrido ahora con las 44 hectáreas de suelos agrícolas adquiridas por le empresa Caval, en un valor de $ 6.500.000.- y trasferidas un año más tarde a la empresa Ruta 68 en $ 9.500.000.- a la espera del próximo cambio de destino del suelo actualmente en estudio por la entidad cargo de estudiar las modificaciones al Plano Regulador.
¿Qué tal? En menos de un año, sin mover un dedo, CAVAL obtuvo $ 2.500.000 de utilidad si descontamos los $ 500.000.000.- que retuvo el Banco Chile por concepto de intereses.
Con estos valores, es imposible suponer que viviendas de interés social podrán levantarse en el idílico entorno de Machalí, localidad que acentuará su carácter de barrio exclusivo.
En la mayoría de los países, existen disposiciones legales que regulan las transacciones de esta naturaleza, cautelando que la plusvalía generada por la acción pública, ya sea, autopistas, nuevas líneas del metro, o cambios de destino de los suelos, sean capturadas en su totalidad por los propietarios. Los impuestos establecidos en esta materia fluctúan entre un 20 a un 50% de la plusvalía generada, dineros que son invertidos en beneficio de los municipios involucrados o en otros casos reteniendo un porcentaje del terreno a fin de destinarlo a la construcción de viviendas sociales, como fórmula para lograr ciudades más inclusivas.
En el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano establecido en Abril del año pasado por Michelle Bachelet, hemos acordado preliminarmente, fórmulas análogas a las que acabo de mencionar, a fin de hacer realidad el propósito de disminuir los escandalosos niveles de segregación social urbana que exhibe Chile, los más altos entre los países miembros de la OCDE:
Lo ocurrido con la empresa CAVAL nos obliga a materializar a la brevedad los mecanismos legales destinados a regular esta delicada materia. Está claro que el mercado es el peor asignador de recursos, y una acción efectiva del Estado es imperativa.
Acabo de escuchar ahora -a las 18,00 horas- cuando concluyo esta reflexión, que Sebastián Abalos rompió su silencio dando además un paso al lado en sus responsabilidades de gobierno.
Ignoro lo que dijo. Como quiera que sea, el impacto negativo en la acción del gobierno y particularmente en su propia madre es impredecible. Yo personalmente
resumo mi sentimiento recurriendo a la expresión utilizada por el senador Jaime Quintana después del accidente que le costó la vida a un carabinero: estoy devastado.
Tengo la impresión que lo mismo ocurre con millones de chilenos que depositaron la confianza en un gobierno y una mandataria empeñada en restituir la solidaridad poniendo fin al lucro que domina todas las actividades económicas, culturales y sociales de Chile.