El Presidente Ejecutivo de la Fundación, Esteban Silva, señaló que llevan adelante diversas acciones en defensa de los derechos ciudadanos, y que en ello se han ido formando la convicción que “las instituciones no funcionan o sólo lo hacen para defender los intereses y privilegios de una casta empresarial, política y del sistema financiero.”
Presentó como ejemplo el reclamo presentado ante la Fiscalía Nacional Económica por el aumento de tarifa del Metro, y la presentación por el auto aumentó en 500.000 pesos de los parlamentarios.
Por su parte el abogado Roberto Avila, que llevó adelante el reclamo por el aumento de tarifa del Metro, señaló que “hace 6 meses presentamos un reclamo ante la Fiscalía Nacional Económica, el cual sólo se vino a responder por estos días, es decir, la respuesta tuvo 6 meses de demora. En el ínterin se produjo otro aumento de tarifa.”
“El Fiscal Nacional económico Felipe Irarrazaval Phillipi se negó a investigar la denuncia, señalando en su respuesta que como las potestades del Metro son regladas no se ha podido cometer abusos.”
“Esto es tan absurdo como señalar que la prohibición de transitar a más de 120 kilómetros por hora por el simple hecho de existir impide que las infracciones se produzcan”
“El fiscal olvida que los insumos del Metro han bajado, que el servicio es cada vez peor y que pagamos el Metro más caro de América Latina y que el precio se nos impone desde una posición dominante en el mercado”.
“Se protege a los poderosos y no a los ciudadanos, se aumentó a 20 años de cárcel el robo de cajeros, esto lo hizo equivalente al parricidio, es decir mate a los padres o a un hijo. Esto es además ineficaz, pues sólo hará a los delincuentes más poderosos”.
Por otra parte, el abogado Alfredo Calvo señaló: “Ante el escándalo que significa tener una casta de parlamentarios la mejor remunerada del mundo, y ante hechos inaceptables como distribuirse entre ellos las dietas y beneficios de los institucionales designados, y ante el aumento de 2 millones de pesos de hace 2 años, que implicó presentar protección contra este abuso, acción rechazada por la Corte de Apelaciones, la cual argumentó no tener competencias”.
“Por ello, ante el último aumento de remuneraciones al sector público se incrementó dieta parlamentaria de 500.000 pesos, recurrimos a la Contraloría General de la República, la cual se abstuvo de pronunciarse bajo pretexto de no tener facultades. En consecuencia, al no existir órganos fiscalizadores, los parlamentarios pueden perfectamente auto signarse dietas mensuales más millonarias sin que exista obstáculo alguno.”
Esteban Silva anunció que insistirán en estas presentaciones y concluyó que: “Sólo una nueva Constitución nacida de una Asamblea Constituyente permitirá que se instalen verdaderas instituciones que fiscalicen y protejan a los ciudadanos de la arbitrariedad y de las castas empresariales y políticas que abusan.”