En Chile se está dando una paradoja, pues en pocos días se tramitan tres cambios fundamentales en el Parlamento: 1) el cambio del sistema electoral, que define las reglas del panorama político; 2) el Pacto de Unión Civil, por el cual se transforma, en forma importante, la vida patriarcal y conservadora chilena; 3) el proyecto educacional llamado de la “Inclusión”, que termina con el co-pago, la selección y el lucro. Todas estas reformas, que en otras épocas hubiera movilizado a gran parte a la opinión pública chilena y, además, provocado acalorados debates en torno de las mismas, en la actualidad están pasando desapercibidas, pues toda la agenda está copada por el PentaGate-UDI, que es percibida más que la crisis terminal de un partido de derecha, como una de legitimidad y credibilidad de todo el sistema institucional chileno.
Una revolución electoral, como el paso del sistema binominal al proporcional, necesariamente debiera provocar cambios políticos estructurales, sin embargo, desafortunadamente, está reforma llegó en el momento más bajo respecto de la confiabilidad en nuestra casta política, pues solo vota el 40% del universo electoral – como se constató en las últimas elecciones -. Aún no sabemos si un sistema proporcional más representativo y, sobre todo que favorezca la competencia – como el recientemente aprobado en las dos Cámaras – sirva para aminorar la ausencia de la los ciudadanos respecto a los comicios electorales, es decir, comenzar el fin de una democracia sin ciudadanos, pero mucho me temo que va a pasar un tiempo en que esto no ocurra, mientras no aparezca un líder carismático, con capacidad para convocar a una Asamblea Constituyente y, a partir de este mecanismo ciudadano, fundar la democracia que fue destruida en 1973.
El nuevo sistema electoral, aprobado por la Cámara de Diputados, el 20 de enero de 2015, está aún bajo la “espada de Damocles”, de un organismo fáctico – a mi modo de ver, ilegítimo – el Tribunal Constitucional, que como bien lo expresa Marco Enríquez-Ominami, es el “pitbull” llamado a impedir todo cambio político. Ahora, la derecha política, en el completo ridículo, derrota y frustración, recurre a ese Tribunal previendo su “Waterloo” en las próximas elecciones – primero, municipales y, luego, presidenciales y parlamentarias -.
Ningún sistema electoral puede dar una equivalencia perfecta entre votos y escaños, pues habría que establecer un solo Colegio Electoral – como ocurre en Holanda – donde haya un parlamento unicameral, con 150 diputados, y cada uno represente el 0.67% de los sillones. El sistema binominal, impuesto por la dictadura, favorecía a los distritos rurales y, sobre todo, donde había ganado el SÍ, en el plebiscito del 1988: los distritos más poblados – el 18 que abarcaba las comunas de Cerro Navia, lo Prado y Quinta Normal; el 20, las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú; el 29, las comunas de Pirque, La Pintana y San José de Maipo; el distrito 27, las comunas de El Bosque, La Cisterna y San Ramón – el voto de un ciudadano valía cinco veces menos que el de los distritos menos poblados – son los casos del distrito 5, comunas de Chañaral, Copiapó y Diego de Almagro; el 6, comunas de Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar -, y así con otros distritos con baja población. En promedio, el partido que más se benefició con la sobrerrepresentación fue la UDI, con un 7% y la DC, con un 5,5%.
Con el actual mapa electoral sólo un distrito – el de Atacama – tiene una sobrerrepresentación en la relación entre votantes y escaños, pues elige cinco diputados mientras que sus vecinos de Iquique y Arica sólo eligen tres cada uno y con mayor número de votantes.
En el antiguo sistema electoral proporcional, de la época republicana, (1925-1973), había distorsiones muy marcadas, por ejemplo, el primer distrito de Santiago elegía 18 diputados y, el tercero, con mucho más habitantes, elegía solo cinco.
Diseñar el mapa electoral de un país, en forma justa y objetiva, es casi imposible si están involucrados los mismos incumbentes – hay que reconocer que el actual redistritaje, de la reforma electoral aprobada recientemente, pasó bien la prueba de la “blancura”, a pesar de todos sus defectos.
La baja de la barrera de entrada para la formación de partidos políticos a sólo un 0,25% de la votación y en un solo distrito, me parece muy positiva, pues va a darse más competencia y colaborar en la creación de partidos regionales.
La experiencia histórica ha demostrado, al menos en Chile, que los sistemas electorales no determinan el número de partidos políticos: en la época parlamentaria, (1891-1925), por ejemplo, existía el voto de lista y el mismo número de partidos políticos que en la actualidad – conservadores, liberales, liberales democráticos, nacionales, liberales, radicales, demócratas, y otros -; de 1925 a 1973, en que se empleaba el sistema proporcional D´Hont, existían liberales, conservadores, falangistas, agrario-laboristas, socialistas, comunistas, radicales, y otros; con el sistema binominal, (1990 hasta hoy), la UDI, RN, el PDC, el PR, PPD,PS, PC y otros. Es cierto que en todos los períodos históricos existió el fraccionamiento de partidos políticos, pero la mayoría de corta existencia, salvo excepciones notables, como la Falange, que dio lugar a la Democracia Cristiana. No es siempre cierto que la facilidad para formar partidos favorezca a los caudillos locales, salvo el caso de un desprestigio del sistema político vigente, como ocurrió, por ejemplo, en el segundo período de Carlos Ibáñez del Campo, en que hubo 58 partidos políticos.
Personalmente, me parece que los pactos electorales distorsionan al favorecer la polarización y, sobre todo, al duopolio – me hubiera gustado, como en el pasado, que se prohibieran los pactos electorales y que cada partido compitiera con sus propias fuerzas – al igual que los independientes -.
El sistema D´Hont – recientemente adoptado – tiene dos defectos: distorsiona a favor de los partidos grandes y de las comunas urbanas sobre las rurales, además, por el sistema de listas, favorece a las directivas de partidos al ser las primarias facultativas y, sobre todo, desfavorece a los díscolos e independientes.
Me apena que no se haya aprovechado esta reforma para terminar con el senado, institución inútil, que debería ser reemplazada por un parlamento unicameral, una Asamblea Nacional de 150 miembros.
De todas maneras, el fin del binominal representa un gran paso hacia un acercamiento al perfeccionamiento de la democracia.
Rafael Luis Gumucio Rivas
21/01/2015