Un grupo de once países de Latinoamérica y del Caribe ha materializado recién su explícito apoyo a la demanda boliviana por una salida soberana al Océano Pacífico. También el presidente de Uruguay, el prestigiado José Mujica, se manifestó partidario de que los bolivianos encuentren “salida al mar por donde sea y como sea”. A lo anterior, hay que sumarle que prácticamente todos los países de la Región han expresado una favorable actitud al esfuerzo de Evo Morales por exigir que Chile se abra a una negociación tendiente a este objetivo.
Cuestión que lo llevó a recurrir, incluso, al Tribunal Internacional de La Haya, a fin de que este organismo inste a nuestro país a iniciar un diálogo binacional. Cuando, a juicio de Bolivia, obran documentos y declaraciones históricas de nuestra Cancillería en disposición de otorgarle una compensación a nuestro vecino país por los inmensos territorios que le fueron despojados con la Guerra del Pacífico. Todo un espacio geográfico que mediante la fuerza nos otorgó soberanía, por ejemplo, sobre los yacimientos cupríferos más ricos del planeta. Los mismos que han cimentado tan crucialmente nuestro desarrollo.
Si agregamos esta situación al hecho de que también nuestra controversia limítrofe con Perú fuera dirimida por el mismo tribunal internacional, y no de forma bilateral, lo cierto es que nuestro país viene demostrando una incompetencia grave en la resolución de nuestros diferendos fronterizos, cuestión que tiene muy a maltraer nuestra imagen internacional. Es claro que los tratados y acuerdos históricos que Chile puede exhibir para apoyar nuestros derechos territoriales y marítimos van derivando en letra muerta enfrente de la “justicia” que le asistiría a nuestros demandantes por encima de todo lo convenido entre nuestros gobiernos después de un conflicto bélico. Es sabido que La Corte de la Haya, más que interpretar los documentos que les presenten los litigantes que recurren a ésta, debe más bien impartir ecuanimidad y equidad. Esto es, atender a las razones políticas, económicas, culturales y de otra índole que se le exhiban en estos contenciosos. Razón por la cual, muchos temen una resolución poco auspiciosa para nuestro Gobierno, para el Canciller y el equipo de asesores contratado para asumir nuestra onerosa defensa.
A más de 130 años de una guerra es realmente absurdo que los países que estuvieron implicados en ésta no hayan superado todos sus desacuerdos, cuando en muy pocos años europeos, asiáticos y africanos han resuelto controversias limítrofes muchos más complejas después de las dos conflagraciones mundiales en que el mapa político de las naciones variara tan sustancialmente. Peor, todavía, cuando en las vastedades de nuestro común Desierto sería posible discurrir una gran cantidad de compensaciones e iniciativas conjuntas que nos lleven a consolidar una zona de paz e integración en beneficio de todas nuestras naciones. Las mismas que gastan ingentes recursos en defensa en la potencialidad de un nuevo conflicto bélico con la adquisición de aviones, barcos, tanques y otros recursos que se han obsoletado varias veces. A la vez que distraer recursos que bien pudieron destinarse a nuestro desarrollo social y económico, como a los comunes emprendimientos en la misma zona.
En el entendido de que nuestras fronteras son meramente artificiales, emerge como un bien superior resguardar la paz y la fructífera convivencia con nuestros vecinos. Una salida boliviana al mar marcaría una delgada raya en la cartografía de una zona tan extensa como despoblada del llamado Norte Grande. La que perfectamente pudiéramos compensar con accesos hacia el flujo de las aguas cordilleranas o al gas que nuestro litigante produce y podría sernos tan fundamental para nuestro desarrollo energético, sostener nuestras actividades mineras y garantizar el consumo de nuestras ciudades y pueblos de la zona. De forma, por lo demás, de desahuciar aquellos disparatados proyectos que se proponen traer electricidad desde la lejana Patagonia para abastecer estas necesidades.
No habla bien de nuestra solidez institucional que tengamos que encarar estos asuntos ante los tribunales internacionales y, con ello, reconocer el fracaso de nuestras relaciones diplomáticas. Situación que pone en entredicho nuestra vocación latinoamericanista, pero denota, también, la ausencia dramática de liderazgo de nuestra clase política. Cuando es evidente que ésta ni siquiera ha intentado consolidar una posición unida, generosa e inteligente al interior de nuestro país en estas materias, que no sea expresar bravatas y arengas patrioteras que les permiten a ciertos políticos capturar el aplauso de los sectores más ignaros de la población. Si convenimos que es en éstos donde reinan por excelencia los conocimientos y la falta de visión. Comprobado, como está, que es en el engaño o la ignorancia de los pueblos donde mejor se cultivan los conflictos armados y la subordinación ante aquellos oscuros intereses mundiales que lucran de la compraventa de armas y el militarismo fratricida.
Está más que comprobado que es el nacionalismo insensato, en los afanes hegemonistas y en la pretendida superioridad racial donde los países agreden su crecimiento y bienestar. Inequívocamente, cuando se tiene más apego a las normas que a las razones; a las arbitrarias y rígidas demarcaciones, que a la posibilidad de garantizarnos soberanía en la cooperación conjunta, en el logro de bienestar colectivo.
Se equivocan nuestras autoridades cuando asumen nuestras relaciones internacionales de forma tan intransigente y despectiva con nuestros vecinos, conjuntamente con la obsecuencia que le tributan a los países más poderosos del mundo. Avergüenza que nuestras autoridades vayan a Estados Unidos y Europa a incentivar la inversión en Chile, invitándolos a establecerse allí donde se encuentran, justamente, nuestras enormes reservas de productos naturales. Claro: en vez de convocar a los países vecinos a lograr este cometido y cimentar soberanía conjunta y segura, se puebla nuestro territorio, mar, bosques y hasta las altas cumbres de Los Andes con transnacionales codiciosas y depredadoras que van agotando nuestras reservas y apenas dejan migajas en Chile de sus enormes ganancias. Empresas que, para colmo, se enseñorean en nuestra política, corrompen nuestras instituciones, compran a los medios de comunicación y se saben muy respaldadas por sus potencias a la hora de defender sus intereses de cualquier señalamiento genuinamente patriótico. Es increíble que ante esta realidad, los más vociferantes defensores de “nuestra soberanía” no reconozcan cómo ya no nos queda prácticamente espacio en nuestro territorio que siga libre de la potestad de estos inversionistas extranjeros persistentemente seducidos por nuestro Estado y por la legislación que les brinda hasta para acometer sus despropósitos medioambientales.
Una política exterior abyecta ante el colonialismo del capital, al mismo tiempo que arrogante con nuestra vecindad regional. En el cortoplacismo. Sin vuelo estratégico. Sin grandeza alguna. En la impericia de todo lo que han venido haciendo nuestros gobiernos y una clase dirigente que nos tiene, de nuevo, en uno de los momentos más mediocres y críticos de nuestra trayectoria política.