El SIMCE y la PSU son pruebas estandarizadas, por las cuales los alumnos deben responder preguntas de alternativas – a lo mejor, el único estudiante que le apunta es aquella de marca “todas las anteriores” -. Existen, incluso algunos métodos de enseñanza-aprendizaje domestican y entrenan a los alumnos, desde primero básico, para responder a estas preguntas – y ya más adelante es, principalmente, la tarea de los institutos preuniversitarios -.
El resultado de estas prueban demuestran solamente la verdad evidente de que la educación chilena es la más segmentada y discriminatoria del mundo: escuelas para ricos, para pobres, para la clase media baja, media y emergente, para los que pagan cuatrocientas, doscientos, cien o cincuenta lucas mensuales. Los resultados de todas pruebas SIMCE, desde sus inicios hasta ahora, son similares, hecho que se repite año a año, pues está puntajes dependen del capital del alumno vinculado siempre a su origen económico y social; en la educación de mercado, un hijo de pobre no podrá ascender en la escala social – el discurso del padre de Machuca “´tú vas a lavar los pisos de tu amigo Infante”, en la actualidad sigue siendo igual que en 1973, a lo mejor, el “apartheid” se acentúa más -.
El SIMCE no es sólo un termómetro que denuncia la segregación, sino un instrumento que sirve para radicalizarlo, pues en una educción de mercado los colegios compiten entre ellos para encantar a los padres de familia y capturarlos como clientes – lo mismo que hacen los vendedores de televisores motivando, por medio de la publicidad, la calidad del producto que ofrecen -. Los colegios con la prueba SIMCE “descreman” al esconder a los alumnos de bajos resultados escolares para mostrar buenos resultados en esa prueba, hecho que se radicaliza en el caso del copago pues, además del aporte del gobierno, lucran con el dinero de los padres.
Según el trabajo “Por qué eligen los apoderados los colegios particulares subvencionados”, realizado por investigadores de la Universidad de Chile, durante dos años, llegan a la conclusión “no se trata de que <sean aspiracionales sino que sienten miedo a perder el estatus que ya adquirieron>. Buscan el orden y la seguridad que los colegios particulares subvencionados les ofrecen…las familias (los) eligen por temor a un conjunto de <peligros> que asocian con las escuelas y liceos municipales; y lo hacen principalmente buscando orden y seguridad para sus hijos”. “Según observadores de la OCDE, el chileno parece ser un sistema educacional donde se compra y se vende segregación social”. Este análisis corrobora lo que muchos especialistas en educación vienen denunciando desde hace décadas, como bien lo expresa, Mario Waissbluth, presidente de la Fundación 2020, “en Chile se lleva a la práctica un “apartheid” educacional.
La propuesta del senador Carlos Montes, en el sentido de no dar a conocer los resultados del SIMCE por colegios, sino en forma global, y que los padres sean informados por el resultado que obtuvieron sus hijos o su colegio, no parece tan desacertado, pero es una medida de parche, pues en el fondo, a donde hay que dirigir los dardos es comenzar a poner fin a la segregación, producto de la cruda realidad de la educación de mercado. En este sentido, los tres proyectos iniciales presentados al Congreso van en la buena vía: constituyen la base de un nuevo paradigma que libere a la educación del mercado y la convierta en un derecho social universal y gratuito para todos los niveles de enseñanza.
Rafael Luis Gumucio Rivas
02/12/2014