El gobierno israelí aprobó el domingo un nuevo proyecto de ley contra los inmigrantes clandestinos después de que el Tribunal Supremo anulara una anterior legislación más represiva, anunció el ministerio del Interior.
El nuevo texto, que se presentará en el Parlamento para su votación, prevé que los inmigrantes clandestinos puedan ser detenidos durante tres meses, y transferidos “de inmediato” al centro de internamiento de Holot, en el sur de Israel, por un periodo limitado de 20 meses, precisa el comunicado del ministerio.
El proyecto de ley también prevé endurecer las condenas contra los que contraten a inmigrantes ilegales.
El Tribunal Supremo, la mayor instancia judicial del país, anuló el 22 de septiembre una disposición legal que permitía encarcelar a un inmigrante clandestino durante un año sin juicio, y dio un plazo de 90 días para presentar un nuevo proyecto de ley, indicando que, de lo contrario, habría que cerrar el centro de Holot, que alberga unos 2.400 inmigrantes.
Según datos oficiales israelíes, 48.000 africanos viven en el país, en su mayoría eritreos, cuyo gobierno es acusado, con frecuencia, de violar los derechos humanos, y habitantes de Sudán del Sur que huyen de la guerra.
La mayoría vive en barrios pobres del sur de Tel Aviv, donde tuvieron lugar varias manifestaciones para exigir su partida. “Estoy determinado a encontrar una solución al problema de los infiltrados ilegales. Es nuestro deber dar una respuesta al desamparo de los habitantes [israelíes] del sur de Tel Aviv, respetando al mismo tiempo las decisiones del Tribunal Supremo”, afirmó Gilad Erdan, el ministro del Interior.
Los inmigrantes detenidos en Holot debían, hasta la fecha, pasar la noche allí y acudir al centro tres veces al día, lo cual les obligaba a permanecer cerca del establecimiento y les impedía alejarse para buscar trabajo. Según la nueva ley, solo tendrán que ir al centro una vez al día, precisó la radio pública.
La ONG Human Rights Watch (HRW) afirmó en septiembre que Israel había obligado ilegalmente a cerca de 7.000 inmigrantes eritreos y sudaneses a volver a sus casas, aunque algunos de ellos son perseguidos en sus países de origen.
El año pasado, las autoridades israelíes lanzaron una campaña de represión, expulsando a 3.920 inmigrantes ilegales mientras acababan la construcción de una valla a lo largo de la frontera con Egipto.
La política del gobierno provocó la salida de 6.000 inmigrantes de Israel, según los datos oficiales.