La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Adriana Sottovia, dictó auto de acusación en la investigación por los secuestros y homicidios calificados de 15 vecinos de la localidad de Isla de Maipo, detenidos en octubre de 1973, y cuyos cuerpos fueron inhumados ilegalmente -y encontrados en 1979- en Lonquén.
En la resolución, la ministra Sottovia responsabiliza a siete efectivos de Carabineros en retiro como responsables de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de: Rodolfo Maureira Muñoz, Sergio Maureira Muñoz, Segundo Maureira Muñoz, José Manuel Maureira Muñoz, Sergio Maureira Lillo, Carlos Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Óscar Hernández Flores, Enrique Astudillo Álvarez, Omar Astudillo Rojas, Ramón Astudillo Rojas, Miguel Brant Benavente, Iván Ordóñez Lama, José Manuel Herrera Villegas y Manuel Navarro Salinas.
Según los antecedentes recopilados en la investiagación, en octubre de 1973, los entonces efectivos de la tenencia de Carabineros de Isla de Maipo: Pablo Ñancupil Raquileo, Marcelo Iván Castro Mendoza, Juan José Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, David Coliqueo Peralta, Justo Romo Peralta y Jacinto Torres González tuvieron participación en los delitos.
“El día 7 de octubre de 1973, cuatro jóvenes que se encontraban en la plaza de Isla de Maipo fueron detenidos por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo y trasladados a la misma, sin que se tuviera noticias de sus paraderos, hasta que por medio de una denuncia que conoció la Iglesia Católica a fines de 1978, se estableció que sus restos habían sido inhumados en los hornos de Lonquén, lográndose posteriormente la identificación de sólo tres de ellos”.
Ese mismo día, pero en horas de la noche, “efectivos de Carabineros de la tenencia antes indicada, quienes se movilizaban en una camioneta de propiedad del dueño de la viña Nahuayan, detuvieron en sus respectivos domicilios a once personas pertenecientes a tres familias del sector, siendo éstos posteriormente trasladados a dicha tenencia, sin que sus familiares pudieran tener noticias de ellos, hasta que a raíz de la denuncia anónima que conoció la Iglesia Católica a fines de 1978, estableció que habían sido inhumados en los hornos de Lonquén, identificándose con posterioridad los restos de éstas once víctimas”.