La ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial Dobra Lusic Nadal sometió a proceso a dos oficiales en retiro y tres oficiales en servicio de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), por su responsabilidad en el delito de incumplimiento de deberes militares, ligado al accidente de avión Casa 212 que cayó al mar, el 2 de septiembre de 2011, en el archipiélago de Juan Fernández.
La magistrada notificó este lunes el procesamiento del general (r) Julio Frías Pistono, ex comandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea, con asiento en Antofagasta; el coronel (r) Guillermo Castro Guzmán, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Combate, con asiento en Santiago; y los oficiales en servicio activo: capitán Sergio Castro Moya, comandante de escuadrilla de operaciones de apoyo al combate del grupo 8 de aviación, perteneciente a la Quinta Brigada Aérea; el teniente Mauricio Barría Ruiz, jefe de bandada de transporte táctico del grupo 8, perteneciente a la Quinta Brigada Aérea, y el capitán Mauricio Solano Pereda, oficial de servicio de Centro de Operaciones Aéreas, con asiento en Santiago.
De acuerdo a la resolución, la responsabilidad por el accidente recae directamente en los pilotos de la aeronave siniestrada –Juan Pablo Mallea Lagos y Carolina Fernández Quinteros–, al volar a una altura “peligrosamente baja” en condiciones climáticas adversas, lo que provocó la caída al mar del avión. Sin embargo, la ministra Lusic considera que en la operación del vuelo no se respetaron las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) aplicables en el caso, debido a que el viaje no correspondía a una misión militar, sino que era “un vuelo realizado por una aeronave militar, pero de naturaleza civil”.
En este sentido, la ministra determinó que los oficiales de la Fuerza Aérea procesados, omitieron normas que regulan los procedimientos de operación de vuelos de aeronaves en el territorio nacional.
En la causa, la magistrada concedió a todos los oficiales procesados la libertad bajo fianza, previo pago de una caución de $100.000 (cien mil pesos), la que deberá ser ratificada por la Corte Marcial.