Cada vez más: Chile se debate entre el intento de retorno hasta el pinochetismo práctico, represivo y corrupto que empuja el gobierno actual, y el intento creciente del pueblo chileno, desde todos los sectores de sus diversos pueblos que luchan por quebrar barreras y avanzar hacia una verdadera democratización.
La base de la represión contra el pueblo Mapuche por el Estado chileno está en la violación al Convenio 169 de la OIT (que Chile demoró 19 años en firmar) y que su firma no ha sido seguida de su implementación sino de todo tipo de maniobras para no cumplirlo. Entre ellos el Decreto 124 que impide su uso. Más de cuarenta organizaciones Mapuche han denunciado esta maniobra y es importante saber. http://www.politicaspublicas.net/panel/c169noticias/742-declaracion-encuentro-mayo2011.html Así, el Estado de Chile continúa en asegurar ventajas y ganancias permanentes para las grandes fortunas de Matte, Angelini, Luksic, Piñera y otros contra el respeto de los pueblos Mapuche.
La aplicación creciente de la Ley Anti-Terrorista es consecuencia directa de esta actitud. Los presos y condenados por esta aberración legal y dictatorial, que incluye cinco niños, muestran la violación a los tratados de Protección a la Infancia, a los pueblos indígenas, a pobladores, a regiones enormes. La violación del Convenio contra la Tortura se evidencia en las condenas basa en la tortura sistemática como es el caso de los cuatro Presos condenados a cadenas inmoralmente generadas y establecidas en forma ilegítima e ilegal, incluso para una Justicia tan decrépita, violenta y antidemocrática como la chilena. La falsedad del gobierno al decir que cumplieron todas las promesas hechas a los huelguistas de hambre se resume en la persistente actitud de bloquear los únicos mecanismos legales de respetar a los pueblos indígenas.
A 15 meses de gobierno de la derecha económica y de origen pinochetista vemos que la represión contra toda actividad social y política que busque el respeto a los derechos fundamentales se fortalece: el interés de causar daño y de intimidar es obvio. No sólo el uso de bombas normales que pretenden son “normales o inocuas” sino que las lanzan a boca de jarro y a la cabeza de jóvenes estudiantes. Uso de caballos contra la gente. Uso repetido de la introducciones de provocadores -claramente identificados por los manifestantes como miembros de la Policía civil o militarizada- para usar la violencia desencadenada contra manifestantes sociales pacíficos[1] . Y esta violencia ya no es contra el pueblo mapuche solamente sino contra los sectores que defienden el medio ambiente y el futuro del país. Para ello, los que se oponen a los megaproyectos anti-ecológicos como HidroAysen son llamados “eco-terroristas” como son llamados en el mismo diario que señala la dirección que el país “debe seguir”, El Mercurio. Por eso se pregunta al Presidente y a su ministro del interior, verdugo impenitente, Rodrigo Hinzpeter: ¿cuándo empiezan a matar impunemente en las calles a los pacíficos manifestantes que ya declaran “criminales”?
Las detenciones, por sus ideas, de jóvenes bajo montajes absolutamente vergonzosos e insultantes para todo el país y para cualquier sistema real de justicia, como es el del mal llamado “caso bombas” ha demostrado ser otra forma de aplicar la Ley Anti-Terrorista. Se mantuvo por casi 90 días en condiciones inhumanas de detención y bajo violencia a 14 personas mediante la fuerza y corrupción que le entrega a fiscales fundamentalistas del poder y de la represión que van tras objetivos fraudulentos con su “ley”. Mintiendo, el Ministro Hinzpeter intentó explicar la certeza de esas detenciones que violan los derechos humanos, fue que “luego de detener a los “terroristas” se habrían acabo las bombas”. Simplismo reduccionistas que olvida que hubo más bombas y de que las bombas usadas por el Estado en los montajes fueron seguidas de una baja porque tenían presos a opositores que les molestaban. Explicación “a la Pinochet”.
Otras áreas se suman a este caos represivo y lleno de corrupción: La privatización monstruosa de la Educación Superior que ha unido a los estudiantes de instituciones privadas y públicas exigiendo no sólo calidad de la educación sino también un término a la inequidad en el acceso que hace de la educación chilena una farsa: produce profesionales sin preocuparse de las realidades del país. Se fabrican cesante que, por haber estudiado a costos prohibitivos llevaron a sus familias a la creación de deudas que deja a sus familias en peores condiciones.
La política de salud que debe llevar a una creciente solución de este derecho, persigue sin embargo, aumentar la privatización. Proyectos como el AUGE -que puede ofrece una solución parcial de los pacientes rezagados en la solución de sus problemas por falta de un sistema pública adecuado – se transforma en “la solución”. “Solución” que implica el traspaso de miles de millones de pesos al sector privado sin mejorar y consolidar una capacidad de respuesta a la salud como verdadero derecho. Erosiona el sistema público en forma constante. Solución comprensible cuando el Ministro de Salud ha sido el “eficiente gerente” de la Clínica privada más cara del país, pero no en términos de equidad o justicia social.
La realidad post-terremoto refleja inmoralidad y ineficiencia en forma extrema. Persisten los campamentos de emergencia donde las familias de damnificados aún no tiene ni servicios higiénicos ni agua potable. (El agua está controlada en un 96% por los sectores privados, donde, por ejemplo, el Clan Luksic tiene la tajada del león ) El sector minero, cuyas ganancias son causa , que domina varios otros sectores y cuenta con el apoyo total del gobierno, incluso con la aplicación de la represión cuando su agresión al colectivo chileno, con destrucción del medio ambiente en minas como “Los Pelambres” donde han contaminado todos los cursos de agua con metales pesados y donde, además, la represión contra las comunidades es la norma.
Las luchas del pueblo chileno crecen y la represión es la única herramienta del gobierno porque sus intereses son la ganancia inmoral de pocos contra las necesidades de la gran mayoría del país todo. Ayer en el Congreso, de todas maneras, ante la indignación nacional, el Ministro prometió “no usar las bombas lacrimógenas por ahora pero que sí usarán todos los recursos y poder de carabineros para asegurar la paz”. Y el General Cordero, gritaba en la radio “que era un enorme error no usar las bombas”… Y por el derecho a expresarse y a manifestar pacíficamente, mutis por el foro. Chile es una sociedad donde el abuso florece escabrosamente y se cultiva con la intimidación. Pero el Ministro Hinzpeter, del que se pide su renuncia, es un servidor del dueño del plan nacional, el Presidente magnate Piñera, cuyos brazos están mezclados en conflictos de interés en las mineras, en HidroAysen, en las tierras Mapuche, en el carbón, en la energía nacional y otras áreas que aumentaron su fortuna en este primer año presidencial, en US$200 millones más. Mientras… de las 82.000 casas a construir para los damnificados del Terremoto, celebramos… a las primeras 2000, y el Estado chileno hace de las (pocas) mediasaguas habitaciones permanentes. Nos garantizamos el último lugar en OCDE.
El Convenio 169 es vinculante y es hoy parte de la ley chilena… pero, por supuesto que puede ser violado. El Decreto 124 fue hecho para pretender legalmente bloquear a ese Convenio. La Constitución heredada de Pinochet, reforzada por la Concertación, es anti-democrática y tiene, al fin del camino, instrumentos como el Tribunal Constitucional y Consejo del Estado que pueden revertir cualquier acuerdo que haya tenido algún intento genuinamente favorable a la equidad y justicia social de todo el pueblo. La juventud chilena, sin embargo, está demostrando un despertar que estimula, como el pueblo mapuche, a todo el país. El gobierno se empantana en su mediocridad e intención de revivir al pinochetismo como única estrategia política, económica y de contención contra un pueblo que ya mira hacia al futuro por mayor libertad y justicia.
De modo, Presidente y Ministros: ¿qué es lo que vamos a tener con ustedes, un retorno al pinochetismo medioeval o avanzaremos hacia un país fraternal, justo y con equidad? La respuesta, seguro, no la tienen ustedes: el pueblo chileno la va desarrollando.
José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura CECT-SE
[1] La recomendación grosera e insultante del General Cordero, de Carabineros, entrevistado por radio Bio-Bio el 17 de mayo, en relación a las bombas de gases con potencial abortivo fue “que las embarazadas no vayan a las manifestaciones”… Defendía también el que Carabineros debe imponer el respeto por la tranquilidad ciudadana. Para ello se usan el agua y las bombas… porque para los delincuentes tenemos las balas”. Esto en un país conocido por el mundo por criminalizar a todos los luchadores sociales y cuando estos son muertos, dejar todo en la impunidad.