Un proyecto ingresado a la Cámara por diputados de la Nueva Mayoría determina que “tendrán carácter público los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”. Para los autores de la moción, como el pacto de silencio de los violadores de los derechos humanos ha impedido avanzar en la obtención de justicia, la publicación de estos datos sí ayudará a establecer justicia a numerosos familiares de víctimas.
Con la idea de avanzar en justicia respecto de violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990, un grupo de diputados, encabezados por Hugo Gutiérrez, presentó una moción que modifica la Ley 19.992, para establecer el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
El proyecto, enviado a análisis a la Comisión de Derechos Humanos, fue ingresado a trámite legislativo el pasado 11 de septiembre por el diputado Gutiérrez junto a sus compañeros de partido Lautaro Carmona, Karol Cariola, Daniel Núñez, Camila Vallejo yGuillermo Teillier y a los diputados IC Sergio Aguiló; PPD Tucapel Jiménez y Felipe Letelier; y DC Patricio Vallespín.
Los legisladores recordaron que las Comisiones Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech I y Valech II) fueron creadas con el objeto de completar el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Además, acotaron, a través de la Ley 19.992 se estableció una pensión de reparación y otros beneficios a favor de aquellas personas calificadas como víctimas según estas instancias.
Sin embargo, agregaron, pese a la loable iniciativa de instaurar un mecanismo institucional de búsqueda y establecimiento de la verdad, la citada normativa estableció el carácter secreto de todos “los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas” por el plazo de 50 años.
Los autores consideraron que este esfuerzo por conocer la verdad de los hechos dejó en segundo plano el establecimiento de la justicia, “toda vez que pese a que el trabajo de estas comisiones pudo haber obtenido importantes y esclarecedores antecedentes en juicios de derechos humanos, el establecimiento de este secreto finalmente consagra a nivel institucional la impunidad, en cuanto impide que estos antecedentes puedan ser conocidos y calificados por los Tribunales de Justicia”.
Consideraron que la evidencia ha permitido comprobar que entre los militares sigue existiendo “pactos de silencio”, que impide entregar aportes a la justicia sobre los casos de violaciones de los derechos humanos. Estimaron que la mantención del secreto de estos antecedentes produce una dificultad adicional para la obtención de justicia, ya que toda la documentación oficial obtenida bajo el funcionamiento de la Comisión Rettig, pasó a custodia de la Comisión Valech II y, de ahí, a las bodegas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde quedaron indirectamente protegidas por el secreto.
En este plano, la moción propone determinar que “tendrán carácter público los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido, mismo carácter que tendrá el informe elaborado por la Comisión en base a dichos antecedentes”.
Además, establece que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su calidad de custodio de los antecedentes recepcionados en el funcionamiento de dicha Comisión, deberá sobre la base de la función que le otorga el artículo 3° N° 6 de la Ley N° 20.405 hacer las denuncias correspondientes, en los términos del artículo 175 del Código Procesal Penal, debiendo remitir a las autoridades competentes todos aquellos documentos, antecedentes y testimonios que permitan acreditar o suponer la comisión de algún delito”.