Un nuevo escándalo parece surgir en las negociaciones de las reformas, esta vez en la educacional. Si este martes la Cámara de Diputados aprobó el fin al lucro, el copago y la selección en los colegios subvencionados, esta instancia rechazó aprobar la penalización del lucro con cárcel. La oposición en bloque no votó este artículo, sin embargo tampoco lo hicieron varios diputados oficialistas, la mayoría de ellos Demócrata Cristianos en tanto otro grupo se abstuvo, en circunstancias que había un acuerdo firmado entre el ministerio de Educación y los diputados de la Nueva Mayoría para hacerlo.
La infomarción la difundió este mediodía Radio Bío Bío. Según documentos, dice la emisora, enviados vía correo electrónico emanados desde asesores del Ministerio de Educación fechados el 18 de septiembre pasado, para llegar a un acuerdo respecto a las indicaciones que estaban presentando los parlamentarios, conocer cuáles iban a ser declaradas inadmisibles y cuáles patrocinadas por el Gobierno.
El acuerdo se gestó en una serie de reuniones a partir del martes 9 de septiembre, donde participaron miembros de la Comisión de Educación en la Cámara Baja como Fidel Espinoza (PS), Camila Vallejo (PC), Giorgio Jackson (RD), Cristina Girardi (PPD), además parlamentarios de la DC. Al respecto el diputado falangista Mario Venegas desmintió haber participado en dicha reunión, aunque no desconoció la existencia de la minuta con el acuerdo firmado con el Gobierno.
El documento, adjunto al final del texto, indica entre otros puntos cuáles son las indicaciones que van a presentar los parlamentarios y que van a ser respaldadas por el Gobierno, según señala textualmente la minuta emanada desde el Ministerio de Educación.
Entre las indicaciones, destaca la penalización el lucro en la educación con cárcel, moción que finalmente no prosperó en la Cámara Baja.
Al respecto, el diputado Espinoza -autor de la indicación- señaló que se ha faltado a la verdad por parte de quienes han querido desconocer este acuerdo político. Además, cuestionó la forma en la cual seguirá adelante el proyecto que impulsa el Gobierno, cuando hay documentos que sustentan estos acuerdos fallidos.
En ese sentido, cuestionó el “silencio” que hubo desde La Moneda pese a que sabía que no iban a respectar este acuerdo.
El texto señala que “en materia de sanciones, se crea un delito asociado al desvío de recursos de la subvención a fines distintos del educativo. Se establece una gradiente que va desde la devolución de lo desviado, multas y penas de cárcel en caso de reincidencia”.
Incluso, el documento afirma que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, participó en algunas ocasiones de manera personal de estas negociaciones. Recordemos además que antes de la votación del proyecto en la Cámara de Diputados, el secretario de Estado sostuvo una reunión con representantes de la Iglesia Católica, entidad que en su oportunidad expresó su rechazo a eliminar el lucro en la educación.
No obstante, las críticas de los parlamentarios oficialistas y las alusiones a la “cocina” donde se habría preparado el escenario que finalmente se dio en el Congreso, apuntan directamente a la DC y a la familia Walker
Cabe señalar que el proyecto de ley que busca poner fin al lucro, a la selección y al copago para colegios que reciben dineros del Estado -en el marco de la Reforma Educacional que impulsa el gobierno- pasó a su segundo trámite legislativo en el Senado.
La diputada Vallejo expresó ayer su malestar por el rechazo de la Cámara a la indicación para tipificar el lucro como delito, pese a tener la venia del propio Ejecutivo.
“Nosotros consideramos que así como en el sistema público existe la malversación de fondos, que es penalizada primero con una multa y luego, en última instancia, puede ir a la cárcel, creíamos coherente que esta figura que funcionaba en el sistema público, en educación también pudiera aplicarse a los particular subvencionados que reciben incluso el 100% de aportes del Estado. Lamentamos profundamente que se haya caído esta indicación que fue acordada con el Ejecutivo. Fue discutida y acordada con el Ejecutivo, y luego aprobada en la Comisión de Educación de la Cámara, con la venia del Ejecutivo”, destacó Vallejo.