Hay sectores del movimiento mapuche que plantean que lo importante para nuestro Pueblo es recuperar las tierras, independientemente de la forma. Pero para la CAM no da lo mismo y nunca ha dado lo mismo. Es la razón por la cual nuestra organización siempre ha dado un paso al costado cuando algunos dirigentes comienzan a negociar los predios a través de la vía institucional.
Las distintas experiencias de recuperación territorial nos muestran que hay diferentes caminos y que cuando comienza el intervencionismo, surgen y se exaltan mezquinos intereses, conflictos y divisiones. En este contexto quienes nos oponemos a las negociaciones y continúanos planteando el Control Territorial, ya no somos bienvenidos.
Todos los mapuche confluimos en la idea de la recuperación de tierras pero, lamentablemente, nos dividimos al momento de definir la forma para recuperar los territorios usurpados y lo que es más importante, el objetivo que esto conlleva. Por lo tanto, las organizaciones y dirigentes mapuche que participan de dichos procesos, deben hacerse responsables también de los resultados de éstos.
Para la CAM el objetivo estratégico es la Liberación Nacional y, por lo tanto, nunca hemos compartido las negociaciones para la recuperación de tierras a través de la institucionalidad; menos aún si ésta se da en el marco de la gobernanza neoliberal, que sólo resguarda los intereses del empresariado y del sistema.
En la actualidad, cuando la relación entre el Estado chileno y el Pueblo Nación Mapuche se ha polarizado producto del conflicto territorial, debemos reflexionar y debatir sobre las diversas formas de solución. Hasta la fecha, tales soluciones se han dado en el marco del modelo neoliberal lo que demuestra que no existe, de parte del Estado chileno, una real voluntad política de hacer frente a la reivindicación territorial del Pueblo Mapuche, con la altura de miras que este conflicto requiere, si no que se deja ser en función de las leyes del mercado. Esta falta de voluntad ha llevado a la concreción de soluciones parciales y estrechas, muchas de las cuales han generado conflictos entre las propias comunidades. Para graficar, podemos mencionar los siguientes ejemplos:
Planteamiento de Demanda Territorial a través de Conadi, sin conflicto previo. Realidad de la mayoría de las comunidades cuya solución se demora años y, generalmente, se compran tierras en otros lugares produciéndose el desarraigo del territorio de origen.
Conflicto previo por parte de una “comunidad” con compra y entrega a otra “pacifica” o viceversa, comprando terrenos en disputa que generan conflicto entre distintas comunidades.
Ocupación territorial de hecho en el cual el conflicto es utilizado instrumentalmente para presionar a una solución en los marcos de la institucionalidad. No está la intención de realizar Control Territorial, solo se persigue la compra de tierras.
Recuperaciones productivas y/o Control Territorial que luego son intervenidas a través de operadores políticos y cooptación de dirigentes, por la empresa, Conadi y gobierno, para forzar a que se efectúe la negociación o compra-venta. Es el resultado de la mayoría de los conflictos emblemáticos. Cabe destacar que en todos estos casos, para poder efectuar el negocio, las comunidades deben estar organizadas a través de la Ley Indígena, de forma similar a una Junta de Vecinos, procedimiento que promueve la atomización. A esto se suma que muchas veces se ha favorecido, por razones o favores políticos, clientelismo o por la simple intención de dividir, a parte de la comunidad, excluyendo a otras familias, razón por la cual la mayoría de las reducciones hoy se dividen en dos, tres o más “comunidades”.
Junto con lo anterior es importante destacar aquellas experiencias de Control Territorial que no han sido cooptadas, hasta la fecha, por las negociaciones y que son la excepción a la regla: Ruka Ñanco, Contulmo, (10 años aprox.), Puntilla de Tranquepe, Choque (8 años aprox.), El Canelo y Las Huellas (6 años aprox.)
Vías de solución
1. Vía Institucional
Hasta el momento se conocen dos vías institucionales para la devolución o redistribución de tierras, por parte del Estado: la que se realiza a través de la Expropiación, en base a una decisión política y legislativa, y la de Compra de Tierras en base a las leyes del mercado.
•Solución Reformista: Expropiaciones de Tierras
El mayor proceso de expropiación realizado en Chile fue el que ocurrió durante el proceso de Reforma Agraria. La primera ley fue la Nº 15.020 de 1962, bajo el gobierno de Jorge Alessandri y la segunda la Nº 16,640 en 1967, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Este proceso se da en el contexto del avance del movimiento popular y de la izquierda latinoamericana, durante la Guerra Fría, por lo que EEUU se vio en la obligación de apoyar y promover, en primera instancia, gobiernos reformistas a través de la Alianza para el Progreso. En el caso de Chile el apoyo económico y político fue entregado, principalmente, al DC Eduardo Frei Montalva. Posteriormente, entre los años 1970 y 1973, durante el gobierno de Salvador Allende, el proceso de expropiaciones se aceleró bruscamente, debido a la presión de las organizaciones campesinas, siendo expropiados cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. Por su parte, “en la Región de la Araucanía se expropiaron 574 fundos, correspondiente a 636 mil hectáreas, de los cuales 138 fundos, 132 mil hectáreas aproximadamente, fueron entregadas a reducciones mapuche” (Martín Correa).
Si bien la política de expropiación, se da en primera instancia, en los marcos del reformismo, constituye también, una decisión del Estado de reparación y justicia, en aquel momento, con la demanda histórica del campesinado, como respuesta a los altos niveles de pobreza, migración a las ciudades y gran cantidad de tierra que se consideraba no productiva para el país.
•Solución Neoliberal: Política Compra de Tierras CONADI.
En primer lugar hay que considerar que la actual política de Compra de Tierras del Estado chileno, se da en el contexto de la imposición del sistema capitalista y la continuidad de éste en nuestro territorio. Imposición que se inicia con el dictador Augusto Pinochet y su respaldo a los grupos Angelini y Matte, para lo cual establece políticas de Estado para la instalación del Modelo Forestal a través del decreto Ley 701 de 1974, que bonificó el 75% de los costos de plantación, manejo y de administración.
Con el continuismo de los gobiernos neoliberales de la Concertación y la Alianza, la política de Entrega de Tierras a través de la Ley Indígena Nº 19.253, promulgada el 28 de septiembre de 1993, ha hecho todo lo posible por resguardar los intereses de las grandes empresas forestales y con ellas del capitalismo, desviando el objetivo de las comunidades mapuche de recuperar las tierras ancestrales, usurpadas por los latifundistas y luego traspasadas a las empresas forestales, comprando y entregando tierras fuera de las zonas en conflicto y/o privilegiando la compra de predios particulares (agrícolas).
Lo anterior nos lleva a concluir que los gobiernos de turno han facilitado y privilegiado la resolución de los conflictos a través de la compra de predios a agricultores en defensa de los las empresas forestales base económica del Estado capitalista chileno.
Frente a lo anterior, la postura de la CAM siempre ha sido clara. Por nuestra definición anticapitalista nuestros objetivos han sido y serán en primer lugar, las empresas forestales, así como las inversiones hidroeléctricas o mineras. Los conflictos en contra de agricultores, descendientes de colonos, en el caso de algunas comunidades, corresponden a definiciones locales, las que se justifican cuando se trata de grandes predios que fueron parte del territorio ancestral. Sin embargo, lo rechazamos enfáticamente, en el caso de pequeños agricultores y campesinos puesto que ellos no son objetivos estratégicos para la reconstrucción territorial y política de nuestro pueblo. Al contrario los conflictos generados en contra de parceleros son utilizados comunicacionalmente en contra de nuestro Pueblo, quitando apoyo y simpatía a nuestras justas reivindicaciones. Por lo tanto, la actual Política de Compra de Tierras, a través de Conadi se da en el contexto del Modelo Neoliberal, es decir, se rige por los dictámenes del mercado y para el mercado, lo que implica el resguardo y promoción de las inversiones capitalistas, entonces, toda transacción económica que se haga será siempre capitalizada por éste y jamás será a favor de nuestro pueblo. Cada proceso de compra-venta de tierras, significa un triunfo para el sistema en sí, y en particular, para el agricultor usurpador o las empresas forestales, las que después de haber usufructuado por años de las tierras mapuche, son indemnizados con millones de pesos para que puedan seguir invirtiendo.
Por lo anterior, es muy importante analizar cómo se proyectará el sistema capitalista en el Wallmapu versus las reivindicaciones territoriales de nuestro pueblo en estos momentos en que el gobierno se encuentra promoviendo un proyecto de Ley que busca incentivar la forestación duplicando las plantaciones de pino y eucaliptus por medio de la prórroga del decreto 701, cuyas modificaciones pretenden su mantención y expansión en terrenos de comunidades mapuche y sectores campesinos, modificaciones que según la CONAF: “Beneficiarán directamente a las comunidades indígenas en la región, que en muchos casos han recibido por parte de Conadi predios que fueron cosechados por los antiguos propietarios y ahora podrán plantar con bonificaciones del Estado nuevamente”. Junto a lo anterior, la política de compra de tierras, basada en Ley Indígena Nº 19.253, promueve la subdivisión de las ya reducidas Reducciones (Títulos de Merced) en “Juntas de Vecinos Mapuche” mal llamadas por esta Ley como “comunidades”. Como ejemplo, podemos revisar la actual situación del Fundo El Canelo (Volterra), en Arauco, el cual en base a esta política de negociaciones, el Fundo será entregado a siete “Juntas de Vecinos Mapuche”, debido a la subdivisión de las Reducciones formadas a partir de los Títulos de Merced (Ranquilhue, Choque, Miquihue y El Malo), tras la destrucción del lov ancestral , y podría suceder lo mismo con la Puntilla de Tranaquepe (Mininco).
Seguramente, la entrega del Fundo el Canelo será levantada como una gran victoria por los dirigentes mapuche institucionales, quienes pondrán, junto a Forestal Volterra y el gobierno, una lápida al Control Territorial llevado adelante, durante todos estos años, por las familias de Choque y Miquihue las que, independientemente, de la “comunidad” en la cual estaban inscritas, habían llevado hasta ahora un proceso unitario, proceso que apoyamos como CAM.
Por lo tanto, para nuestra organización, este resultado es un fracaso porque se trata de una salida neoliberal en toda su magnitud; en primer lugar, no respeta la organización ancestral al vender las tierras a “Juntas de Vecinos Mapuche”, legitimando la asimilación y la integración. En segundo lugar, porque Forestal Volterra se irá con las manos llenas y, en tercer lugar, porque después de entregado el fundo vendrá el intervencionismo y el continuismo, probablemente, a través del mismo Decreto Ley 701.
Es decir, el Decreto Ley 701 ya no subsidiará a las grandes empresas forestales si no que subsidiará a las propias “comunidades” para la replantación de pinos y eucaliptus reincorporando los predios (comprados por Conadi), bajo Control Territorial, al circuito forestal siendo las propias empresas las que tendrán el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones. Desde nuestra lectura, esto constituye una real colusión entre el Estado chileno y la industria forestal cuyo objetivo estratégico es que el fundo El Canelo, en particular, y el territorio mapuche sigan sirviendo al capitalismo.
Si bien, anteriormente, existieron tres conflictos emblemáticos de tierras, en contra de un empresario turístico y agricultores que, que fueron forzados por los gobierno de turno, a ser resueltos a través de esta política: Hacienda Lleu Lleu de Osvaldo Carvajal, Urban en Ercilla y Luchsinger en Vilcún. Nos parece mucho más grave aún que un conflicto contra empresas forestales termine de esta forma, considerando que estas son las principales sostenedoras del sistema capitalista en el Wallmapu.
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Vía propia y autónoma, desde el pueblo mapuche y para la liberación nacional: Control Territorial.
Si bien el territorio es la base material para nuestra existencia como Pueblo, a la vez, es el Control Territorial el ejercicio político, social y cultural para nuestra proyección como tal.
De esta forma la recuperación de nuestro territorio y el ejercicio del Control Territorial, están relacionados y entrelazados. Si el objetivo es la liberación de nuestro Pueblo Nación, dicho proceso debe ser autónomo y no bajo la tutela del Estado chileno, y menos aún del mercado. Es decir, implica la liberación real de todas las formas de opresión, económica, política e ideológica que nos imponen las negociaciones y procesos de compra-venta. La recuperación del territorio ancestral representa la reconstitución de nuestro pueblo, el desarrollo de nuestra propia capacidad como sujeto político y no como objeto de las políticas estatales cuyo único propósito es la integración y domesticación.
Por lo tanto, el objetivo de la Recuperación Territorial es la liberación de ese territorio de manos del mercado capitalista, y es también nuestra liberación como pueblo, lo que nos obliga a la transformación de dicho espacio territorial y a la reconstrucción de formas y prácticas propias, a avanzar desde las reducciones hacia los Lov y Ayllarewe, para recomponer políticamente las identidades territoriales, como base de la Nación Mapuche. Es decir, no se trata sólo de recuperar un espacio físico sino de transformarlo a través del Control Territorial.
La actual Ley Indígena y política de entrega de tierras, constituyen un proceso inverso, totalmente desestructurador de nuestro mundo y organización, más destructivo aún que la formación de las reducciones a través de los Títulos de Merced, estamos hablando de la atomización total de nuestro Pueblo a través de la venta de tierras a “Juntas de Vecinos Mapuche”. Lamentablemente, la lógica capitalista de la propiedad privada es la que nos fuerza y nos apura hacia las negociaciones, hacia la compra-venta y papeles firmados, es decir, hacia más sometimiento.
El Control Territorial, en tanto, es un proceso lento y paulatino, que requiere paciencia y sacrificio, se puede iniciar con acciones de resistencia, tales como el sabotaje a faenas y expulsión de campamentos de fuerzas especiales (El Guairao, Las Huellas, etc.), se continúa con las recuperaciones productivas, es decir, con madereo, limpieza, siembra, construcción de casas, demarcación de guillatwe y paliwe, plantación de rewe y guillatún. Finalmente, es la autodefensa organizada la que permite avanzar con este proceso de reconstrucción y mantener en el tiempo el Control Territorial.
Es por lo anterior, que se convierte en un imperativo hacer un llamado a las comunidades a dar continuidad a las experiencias de Control Territorial y frenar las negociaciones que persiguen consolidar el sistema de dominación económica. Es necesario generar mayor debate impidiendo que se impongan los liderazgos corruptos y entreguistas que actúan como operadores políticos del gobierno de turno y para el sistema capitalista.
Texto publicado en la edición del mes de OCTUBRE 2014 de Le Monde Diplomatique
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http://www.lemondediplomatique.cl/article3608,3608.html