Una serie de reacciones se han generado tras el llamado caso Penta, o Pentagate, particularmente respecto a la necesidad de regular los gastos asociados a campañas políticas. En esa línea los senadores Alejandro Navarro, Carolina Goic, Rabindranth Quinteros y Alfonso De Urresti han manifestado la intención de modificar la legislación de aportes reservados.
El senador Navarro señaló que “es un despropósito cuando un candidato viola el tope legal de aportes reservados, sólo sean sancionados con una multa”, por lo que anunció que pedirá suma urgencia al proyecto de su autoría, que establece la vulneración del tope de gasto electoral sea castigada con la imposibilidad de asumir el cargo al que fue ilegalmente elegido, más la multa respectiva.
El congresista aseguró que “sólo en la región del Biobío tres candidatos a senadores (Jaqueline Van Rysselberghe, Felipe Harboe y Camilo Escalona) superaron el tope legal de aportes reservados por sobre los 180 millones que indica la ley. Dos de estos por más de cien millones de pesos. ¿Cómo va a ser posible que alguien que va a ser legislador pueda elegirse infringiendo la ley? Es absurdo tener una ley que permite transgredirla y, además, que permite ser elegido en virtud de esa mala norma”.
A su juicio, “una tarea fundamental del presente político es acabar con el predominio del dinero en la política. En esto también se juega la viabilidad y credibilidad del espíritu reformador que inspira el programa de la Nueva Mayoría”.
El legislador manifestó que “es legítimo que la ciudadanía sepa de qué sector empresarial provienen los aportes que recibieron tanto senadores como diputados para financiar sus campañas. De qué sector empresarial específico, ya que esto influye en los intereses de los parlamentarios a la hora de legislar en ciertas materias, lo que constituye un engaño, un acto de mala fe”.
En tanto, la senadora Goic planteó que “está sobre la mesa la necesidad de avanzar en una discusión más amplia respecto del financiamiento de las campañas políticas con un debate de cara a la ciudadanía para ir modernizando la legislación vigente”.
“Siempre cuando se hacen denuncias hay que hacerlas con nombres y apellido y con casos concretos, y la invitación tiene que ser mucho más amplia a hacer el debate de fondo más que descalificar a uno u a otro”, declaró recordando las aristas del caso Penta.
De igual manera, la congresista calificó como “fundamental transparentar la forma en que se dan relaciones en el tema de financiamiento de campañas y vinculación de dinero y política” junto con hacer un llamado a cerrar los vacíos que hoy presenta la legislación en este ámbito.
Por su parte, el senador Quinteros afirmó que desde la UDI “se pide calma, seriedad y prudencia para referirse al caso de fraude al Fisco y financiamiento ilegal de campañas políticas, pero los propios dirigentes de ese partido no han actuado en esta materia ni con calma, ni seriedad ni prudencia, para ellos la relación entre la política y los negocios es natural y la guardan en el mismo canasto”.
El legislador recordó que desde ese partido, se planteó una férrea oposición a la propuesta de otorgar –en el marco de la reforma tributaria- mayores atribuciones de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos (SII), en momentos en que probablemente ya conocían los alcances de la investigación en curso.
Añadió que desde ese mismo sector político “se rechaza el proyecto de reforma al binominal y sus medidas de mayor transparencia en el gasto electoral justo cuando existe una acusación de financiamiento ilegal de las campañas de sus candidatos”.
“Los mismos que reclaman con escándalo sobre el mal uso de los recursos públicos y que hoy llaman a ser cautos, serios y prudentes no tuvieron problema en operar políticamente para que uno de los grupos económicos más grandes del país pagara menos impuestos y para que les financiaran su propias campañas” aseveró el legislador quien se mostró partidario de establecer una legislación rigurosa para hacer frente a la opacidad en las relaciones entre política y negocios.
En la misma línea, el senador De Urresti aseguró que “es momento de mejorar nuestro sistema electoral en todo sentido. Junto con derrotar la fórmula del binominal, también hay que modificar la ley electoral y establecer sanciones efectivas como la destitución de quienes vulneren los límites de gasto electoral y la inhabilidad para repostular a cargos de elección popular, además de elecciones complementarias para su reemplazo”.
El integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento manifestó que “en el Congreso estamos debatiendo la reforma al binominal y este es el instante preciso para perfeccionar nuestro sistema, para regular el financiamiento de las campañas, para otorgar mayor transparencia. No se puede pretender legislar, si se parte por no respetar las leyes”, expresó.
Asimismo, el parlamentario manifestó su respaldo “a las indicaciones que buscan terminar con los aportes reservados, de empresas, donaciones anónimas, para velar por la necesaria claridad en el financiamiento de las campañas”, sostuvo.