Sectores de opinión ligados a las esferas del poder económico y político y, desde luego, al status quo -adviértase que no sólo me refiero a caciques regionales, a empresarios del chance, a esmeralderos, terratenientes y ganaderos, sino también a ejecutivos de empresas transnacionales y a agentes estatales con y sin uniforme-, presionaron para que el debate sobre “vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico”, no se realizara.
Cuando el Senador de Izquierda Iván Cepeda -filósofo de la Universidad de San Clemente de Ohrid en Sophia, Bulgaria, defensor de Derechos Humanos, con varios posgrados y cualificadas publicaciones y contribuciones académicas al conocimiento de nuestra violencia reciente-, anunció la proposición de control político sobre el principal protagonista de la macabra simbiosis entre política y criminalidad 2002-2010, muchos entraron en pánico. Y casi de manera simultánea algunos medios de comunicación recogieron esa alarma para descalificar la convocatoria y exigirles a los congresistas que en lugar de promover “debates personalistas” se dedicaran a legislar sobre la justicia (¿!), la salud y las pensiones.
Aunque esos mismos sectores confiaban en que Uribe, zorro político capaz de agazaparse en la penumbra y dar sorpresivos saltos de cobra saldría avante, sus íntimos círculos temían que en la confrontación oratoria con un Senador de tan sólida formación y tan bien documentado como Cepeda, Uribe fuera demolido por la verdad histórica. Entonces, cobraron forma el emponzoñamiento de las fuentes de información y el ejercicio de otras formas de violencia simbólica en el propósito de construir una realidad diferente a la de los hechos. La respuesta no se dejó esperar: la “Comisión de ética” del Senado, le lanzó un primer salvavidas: “Cepeda no podría mencionar a Uribe en ningún sentido ni bajo ningún pretexto”.
A semejanza de un decadente emperador, Uribe se presentó al debate acompañado por el círculo de fuego de sus escoltas armados y con su séquito de alzafuelles en el antebrazo, al uso de la cetrería medieval. Sin embargo, tan pronto el Senador Cepeda inició su intervención, Uribe salió precipitadamente del hemiciclo (“Cual sanguijuela por las alcantarillas”, según la pertinente metáfora de la Senadora Claudia López) previa declaración de que iría a la Corte Suprema de Justicia a presentar pruebas contra Cepeda, los medios de TV Telesur y Canal Capital, “por sus serviles vínculos con el terrorismo”.
El país se enteró de que el ex presidente no se encaminó hacia la Corte, sino a la oficina de un amigo. “El frentero”, buscó la obscuridad para protegerse de toda evidencia y atemorizar a sus contradictores. Desde allí, vio por TV la sustentada presentación de Cepeda, masculló insultos y contrajo los hilos de sus marionetas, que lo compararon con el Libertador Simón Bolívar. Cuando Cepeda concluyó su intervención, Uribe retornó y pronunció un discurso de elusión y ocultamiento, una especie de pirueta de caballista ebrio en feria pueblerina; exhibió un papel cuyo texto no leyó ni dejó ver: una supuesta renuncia a la junta directiva donde aparece como socio de Luis Carlos Molina, el socio del capo Pablo Escobar, quien (según pruebas judiciales aportadas por la Fiscalía) les pagó a los asesinos de Guillermo Cano en 1986. En su defensa Uribe pretextó su amistad con el ilustre director de El Espectador, versión rechazada con dignidad por doña Ana María Busquets de Cano, viuda del periodista en declaraciones a Noticias Uno. Era moralmente imposible que una cumbre del periodismo independiente fuera su amigo.
El debate dejo abierta a la justicia la continuación o apertura de nuevas investigaciones en los temas referidos por el Senador Cepeda; en segundo lugar, quedó claro que el Estado no ha sido un ente neutral en nuestras violencias; tercero, que bajo la “Seguridad democrática”, la libertad y prosperidad de unos pocos se construyó a costa de la vida, la libertad, y la miseria de otros.
*Alpher Rojas es investigador en Ciencias Sociales y Estudios Políticos.