La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados informó ayer que espera concluir el despacho de la iniciativa que pone fin al lucro, a la selección y al copago la próxima semana, para ser derivada a la Comisión de Hacienda en segundo trámite reglamentario.
Así lo explicó el presidente de la comisión, diputado Mario Venegas (DC) quien comentó que “hoy iniciamos la votación en particular luego de un intenso trabajo, primero dedicando tres meses a escuchar a actores relevantes y, luego, casi dos meses dedicados a presentar indicaciones y a dialogar con el Ministerio y presentar contraindicaciones”.
La sesión de este martes estuvo abocada a revisar una serie de indicaciones al proyectodeclaradas inadmisibles, porque escapan a las ideas matrices o se refieren a materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
El Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien expuso las ideas centrales de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto, planteó que era importante comenzar a votar en particular y señaló que no es una tarea fácil ir generando los consensos, pero sostuvo que en el contexto de la Nueva Mayoría ha existido “mucha generosidad de deponer puntos de vista muy particulares e ir avanzando en esta idea central que es tener una educación inclusiva, o sea que nadie dependa de la fortuna de su madre o su padre para acceder a una educación de calidad”.
Sanción al lucro
Tras la sesión, los integrantes de la Comisión se refirieron a la indicación presentada por un grupo de diputados de la Nueva Mayoría e independientes que establece la posibilidad de sancionar incluso con penas privativas de libertad a aquellos administradores que hagan mal uso de los recursos aportados por el Estado.
Al respecto, el Ministro Eyzaguirre explicó que la propuesta sería respaldada por el Ejecutivo, y que establece una figura similar a la malversación, “que es un delito inicialmente administrativo y si hay pruebas suficientes podría ser llevado al Ministerio Público, como ocurre con cualquier entidad que administre fondos de terceros”, precisando que no quiere dar la idea de que el planteamiento es “lucro con cárcel, sino lo que hay es el deber del sostenedor de destinar los recursos públicos a los fines educativos”.
Por su parte, el diputado Fidel Espinoza (PS) señaló que no deben asustarse los chilenos ya que la indicación es clara, “una persona que mal utiliza los fondos que están destinados a mejorar la calidad de la educación de los alumnos en todo Chile, y los destina a fines distintos a los educativos puede tener pena de cárcel”.
Asimismo, la diputada Camila Vallejo (PC) precisó que la indicación plantea que “en el caso que un sostenedor o director se robe la plata de la subvención, o la mal utilice, tenga que devolverla al establecimiento educacional y con una multa de un 50% al Estado. En caso de incumplimiento hay un presidio e incluso en caso de reincidencia”, explicó.
Sobre el desarrollo de la sesión, el diputado independiente Felipe Kast criticó que se esté repitiendo lo ocurrido en el debate de la reforma tributaria, y rechazó que se asignara suma urgencia “a un proyecto que es fundamental para el país”.
“Queremos una buena reforma educacional y con suma urgencia es imposible. Lo que hemos visto hoy día es burdo, no se deja debatir, no se deja argumentar. Yo honestamente espero y hago un llamado a la Presidenta Bachelet a que podamos construir grandes acuerdos y eso se hace no pasando la aplanadora sino escuchándonos mutuamente”, argumentó el diputado Kast.
Por el contrario, el también diputado independiente Giorgio Jackson, señaló que quienes se opusieron a la idea general de legislar, “están ocupando todo tipo de artilugios” para que no se pueda avanzar, “ocupando tiempos de manera indebida, acusando por cada una de las votaciones aspectos de reglamento para tratar de frenar la votación” y puntualizó que todos tuvieron tiempo para dar sus argumentos y hoy es el momento de deliberar.