Estimaciones preliminares sugieren que los costos económicos del cambio climático se ubican en torno a 2,5 % del producto interno bruto (PIB) anual de América Latina y el Caribe en caso de que la temperatura aumente en 2,5 °C respecto del promedio histórico, dijo hoy la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, en la siguiente declaración difundida en el marco de la Cumbre sobre el Clima que tendrá lugar el 23 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York:
“Desde hace una década, la CEPAL estudia los costos económicos y sociales del cambio climático en los países de América Latina y el Caribe, aportando información estadística necesaria para la toma de decisiones y planteando diversas recomendaciones de política pública.
Estimaciones realizadas por distintos estudios sugieren que los costos económicos del cambio climático se ubicarían entre 1,5 % y 5 % del PIB anual regional. Estos cálculos son aún preliminares y tienen un alto nivel de incertidumbre, pues no incorporan todos los efectos potenciales ni los posibles resultados de las acciones de adaptación.
Para Chile, este cálculo equivale a pérdidas por siete mil millones de dólares anuales.
Se trata de promedios que tampoco reflejan la heterogeneidad regional pero que ofrecen suficiente evidencia que ya permite incorporar los efectos del cambio climático en el mediano plazo en las decisiones públicas, por ejemplo, en las inversiones de infraestructura. La inversión es el puente entre el corto y el mediano plazo y estos estudios permiten anticiparse.
América Latina y el Caribe tiene una contribución menor al cambio climático que otras regiones, no obstante es particularmente vulnerable a sus efectos. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la región representan 9 % del total global, con una tasa de crecimiento anual de 0,6 % entre 1990 y 2011 (en comparación con 1,5 % global). Lo característico de esta región es que una proporción significativa de las emisiones proviene del cambio de uso del suelo, la deforestación y la agricultura.
El desafío más acuciante para la región en estos momentos es la adaptación al cambio climático, especialmente en los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe y los países centroamericanos. Los costos anuales de adaptación para América Latina y el Caribe han sido estimados en cerca de 0,5 % del PIB anual regional. Aunque son preliminares, estos cálculos reflejan claramente la tendencia del fenómeno.
Urge que la región diseñe e implemente estrategias de adaptación con mirada de largo plazo y que considere los impactos colaterales. La protección de cuencas hidrológicas, incluida la conservación forestal y de suelos en las zonas altas y el desazolve periódico en las zonas bajas, es un caso elocuente. Ejemplos destacados de la urgencia de la adaptación son los efectos de los huracanes que han ocasionado inundaciones en cuencas importantes del sur de México y el norte de Colombia.
La vulnerabilidad de los países latinoamericanos y caribeños se ve acentuada por su geografía, la forma en que está distribuida su población e infraestructura, su dependencia de los recursos naturales, la importancia de la actividad agrícola y la extensión de sus zonas costeras tanto en el Pacífico como en el Atlántico.
La evidencia sugiere que el impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe es ya relevante y probablemente sea mayor en el futuro. Ya se registran variaciones en los niveles de temperatura y en los patrones de precipitación. Los mayores riesgos se concentran en la agricultura, la disponibilidad de agua, la conservación de bosques, la pérdida de biodiversidad, la salud de la población, el turismo en zonas costeras y la reducción de la pobreza rural.
El dinamismo económico que ha experimentado la región en la última década, si bien ha contribuido a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la población, también ha generado externalidades negativas tales como contaminación atmosférica, mayor consumo de energía fósil y su consiguiente contribución al cambio climático.
América Latina y el Caribe tiene el más alto grado de urbanización del planeta, lo que ha ido acompañado de una creciente tasa de motorización privada. La falta de un transporte público moderno, seguro y de calidad conduce a la preeminencia de los automotores privados que se concentran en los niveles de ingreso más elevados. Estos sectores de la población son los que también más se benefician de los subsidios a los combustibles fósiles y a la infraestructura.
La región aún está a tiempo de optar por caminos para un desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental, especialmente en las ciudades. Este es el momento para que la región tome decisiones cruciales respecto al aumento en la oferta y calidad de servicios públicos, al uso de energías renovables y una matriz productiva más baja en carbono.
Al nivel global, los actuales compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero son aún insuficientes para estabilizar las condiciones climáticas. Para ello se requiere pasar de las siete toneladas per cápita de CO2 que se emiten hoy aproximadamente a dos toneladas per cápita para 2050. Solo un acuerdo global con la participación de todos los países acompañado de un cambio tecnológico paradigmático en los patrones de producción y consumo es consistente con la solución a este fenómeno.
Es por ello que la CEPAL está aquí para acompañar los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al convocar esta Cumbre de cara a la Conferencia de las Partes que se celebrará en nuestra región, precisamente en Lima, Perú, en diciembre de este año.
Los países latinoamericanos y caribeños pueden ser actores fundamentales en este desafío global pero asimétrico, dado que es común observar que aquellos que más han contribuido históricamente a las emisiones GEI no reciben los impactos más intensos del cambio climático y normalmente disponen de más recursos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
El desafío del cambio climático es, en definitiva, el tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible con igualdad y en el marco de las responsabilidades comunes pero diferenciadas”.