El parlamento argentino aprobó este jueves una ley que regula precios y producción como arma contra la inflación, en el marco de una economía en caída, norma resistida por los empresarios que la consideran inconstitucional.
En una maratónica sesión que concluyó en la madrugada, el oficialismo impuso su mayoría en la Cámara de Diputados y consiguió la aprobación por 130 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones de la llamada Ley de Abastecimiento.
También fueron aprobadas otras dos normas para la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial de defensa del consumidor.
El llamado Grupo de los Seis (G6) que reúne a banqueros, grandes comerciantes, industriales, constructores y la Sociedad Rural (patronal del campo) puso el grito en el cielo y anticipó en un comunicado conjunto que denunciará la ley por inconstitucional.
Sin embargo el gobierno defendió la norma al remarcar que es más benévola de la que existía desde 1974 que contemplaba incluso la cárcel para los infractores, aunque su aplicación fue escasa o nula desde su aprobación.
“Antes se podía meter preso a un empresario, ahora no. Antes se podía allanar una empresa sin autorización judicial, ahora no. Antes se podía clausurar definitivamente, ahora no. Antes la Secretaría de Comercio podía prohibir la exportación y la importación, ahora no. Antes se podía controlar específicamente los precios y ahora se los monitorea y se pide autorización judicial”, explicó el secretario de Justicia, Julián Álvarez.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó que la nueva ley “excluye a las pequeñas y medianas empresas que son las que crean más empleo” y las protegerá al “establecer condiciones de regulación por parte del Estado, a los efectos de evitar el abuso de posición dominante y apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción”.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, desafió a los empresarios a demostrar ante la justicia la inconstitucionalidad de la norma, al sostener que “en 40 años de vigencia de esa ley, nunca ningún juez se pronunció en ese sentido”.
– Empresarios en alerta –
El G-6 alertó en un documento “su preocupación por las facultades extraordinarias (que el Congreso) le está delegando al Gobierno Nacional, validando mayores intervenciones discrecionales en la actividad económica” y vaticinaron un “impacto adverso en la producción, la inversión y el empleo”.
De acuerdo con la nueva norma el gobierno podrá fijar márgenes de utilidad y precios de referencia, así como aplicar sanciones a quienes remarquen injustificadamente los precios, acaparen mercancías o se nieguen a la venta de productos.
El gobierno impulsó su sanción cuando intenta poner freno a la inflación que acumuló 18,2% entre enero y agosto según cifras oficiales y supera el 30% de acuerdo a la oposición, en momentos de caída de la economía, tensiones cambiarias y en medio del conflicto con los fondos especulativos en Nueva York que derivó en un default selectivo de la deuda.
Quienes incumplan la ley serán pasibles de multas de hasta 10 millones de pesos (1,18 millones de dólares), que deberán pagar antes de apelar, o sufrir clausuras por hasta 90 días o inhabilitación por dos años, aunque para ello se dará intervención a la justicia.
Quedan excluidas las pequeñas y medianas empresas “que no posean una posición dominante en el mercado”.
El diputado por el opositor Frente Renovador José de Mendiguren, expresidente de la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA), catalogó la norma de “irrazonable y contraproducente” y advirtió que “ahuyentará la inversión”.
De Mendiguren prometió que su partido, liderado por el diputado Sergio Massa, impulsará la anulación de la ley si consigue ser gobierno en las presidenciales de 2015.
El actual presidente de la UIA, Héctor Méndez, advirtió que se trata de “un arma muy poderosa que puede ser aplicada discrecionalmente y ése es el peligro sustancial que lleva en su contenido”.