A la luz de los nuevos antecedentes entregados por Contraloría, la Concertación decidirá hoy si presentará una acusación constitucional contra la ex ministra Magdalena Matte, por su responsabilidad en la firma del acuerdo donde se optó pagar 17 mil millones de pesos a la empresa Kodama ante las deudas por sobre-costos en la construcción de un corredor del Transantiago que se arrastraba desde el año 2006.
Recordemos que este documento reparatorio significó la renuncia de la titular de Vivienda y otros funcionarios vinculados. Por esta razón, el jefe de la bancada de diputados de la
“Se fue el director del Serviu, la ministra, se fueron todas las personas que tenían responsabilidades administrativas o políticas, por lo tanto, hoy día una acusación constitucional sobre este tema, creemos que es solamente para mantener un tema político porque las responsabilidades políticas fueron asumidas y las judiciales o administrativas están siendo investigadas. Por otro lado, la fiscalía ha tomado el caso está investigando en caso de que hubiera algún delito asociado a la resolución que se tomó y que la Contraloría señala que es un ardid”, dijo Kast.
Por su parte, el diputado RN Cristián Monckeberg añadió que esta acción les parece más un ensañamiento o una revancha que el legítimo deseo de buscar responsabilidades políticas y advirtió que hay que ver que va a hacer la Concertación, “nos tienen muy acostumbrados a anuncios de este tipo y luego no juntan los votos. Me huele que esto también va a terminar en nada”, afirmó el parlamentario oficialista.
Sin embargo, para la oposición esta acusación va más allá de la renuncia, sino que busca con establecer sanciones claras a quienes forman parte de un fraude que podría costar al Estado chileno 17 mil millones de pesos, cifra cercana al presupuesto de una región entera.
“Yo no sé en qué idioma leyeron ellos el informe de la Contraloría, a lo mejor la ministra Ena lo leyó en alemán, pero la verdad es que en español, quienes lo entendemos, en la Conclusión está claramente la responsabilidad política y administrativa de la ex ministra Matte. El gobierno puede blindar a quien quiera, pero que la Contraloría fue muy transparente en este tema y no se dejó influenciar por nadie, es totalmente claro”, manifestó la diputada socialista, Denis Pascal.
La diputada señaló que la Contraloría demostró que el tema era mayor que lo que se habían imaginado, por lo que quieren ir mucho más allá de la comisión investigadora ya establecida, la que según enunció, no está funcionando bien.
“Los parlamentarios oficialistas han impedido y votado en contra de realizar una investigación con tiempo y abierta a toda la población. Así que, creemos que aquí se esconde algo, si realmente no quieren que investiguemos es porque se tapa más”, advirtió.
Con esto coincidió el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, quien denunció responsabilidades mayores en este caso.
“Quedó claro tras el informe de la Contraloría el intento de defraudar al ministerio de la Vivienda, no es un error, como dice la vocera de Gobierno, aquí hubo una conspiración. Si la Concertación decide llevar adelante una acusación constitucional, espero que no tenga los límites de las paredes del ministerio de la Vivienda, porque tengo la convicción de que la operación política para llevar a cabo esta operación estuvo centrada en el segundo piso de La Moneda, quien dio luz verde y presionó por el acuerdo”, sentenció Navarro.
El senador afirmó que al informarle antecedentes de este caso, lo alertaron de un significativo llamado telefónico desde La Moneda, lo que debe ser investigado y añadió que “es muy difícil creer que una operación de esta envergadura no estuviera previamente analizada por el comité de monitoreo del Transantiago, ya que el Transantiago es el gran problema del gobierno y del Presidente en las encuestas”.