A pesar del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de dar suma urgencia al proyecto que pone fin a la ley de amnistía para los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por los esbirros de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, la Concertación – ahora Nueva Mayoría – sigue siendo deudora respecto a los derechos humanos.
Podría haberse esperado que este nuevo 11 de Septiembre, aniversario de triste memoria, la Presidenta hubiera cerrado Punta Peuco y enviado a los genocidas que en ella se asilan a la cárcel de Alta Seguridad – a lo mejor, en un pabellón separado del resto de los internos, a fin de proteger su vida -.
En Chile, como lo sostiene un grupo de diputados del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, aún se aplica la pena de muerte por parte de la justicia militar; hubiese sido laudable que se hubiera extirpado de nuestro país tan brutal e inhumano procedimiento.
A 41 años del golpe militar, aún se mantiene en las Fuerzas Armadas, sobre todo en los militares en retiro, la famosa ley del silencio, que ha hecho imposible, hasta ahora, el paradero de un gran número de detenidos desaparecidos.
De la boca hacia afuera, algunos dirigentes derechistas dicen condenar los atropellos a los derechos humanos, sin embargo, el núcleo duro de los militares en retiro que osan, incluso, publicar en diario La Tercera una inserción, panfleto en el cual piden, nada menos, que los violadores a los derechos humanos sean tratados como héroes y salvadores del país y, en consecuencia, se les haga justicia según sus méritos.
Podía esperarse, también un anuncio por parte del Ejecutivo, que propusiera la degradación de los militares presos en la cárcel de Punta Peuco y que aún reciben los beneficios de la jubilación, junto a los servicios de salud de calidad, en el Hospital Militar.
Durante estos últimos días fue detenido el diputado Rosauro Martínez, militante de Renovación Nacional – elegido durante cuatro períodos seguidos como parlamentario, por el Distrito 41, de Chillán – acusándolo de los alevosos crímenes, como agente de la CNI (Central Nacional Informaciones), contra los ciudadanos Próspero Guzmán, Patricio Calfuquir y Eduardo Monsalve, pertenecientes al MIR, (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). El entonces capitán de ejército, Rosauro Martínez, recibió felicitaciones por la hazaña llevada a cabo, de parte de la jefatura de la institución.
Es una vergüenza que la Cámara de Diputados haya contado entre sus miembros a un autor de delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura, y que, además, su partido, Renovación Nacional, le ofrezca su apoyo incondicional; incluso, estarían viajando a Valdivia para presionar a la justicia. Al menos, la Corte de Apelaciones de esa ciudad aumentó la ridícula fianza de $200.000 a $14.000.000, suma que aún continúa siendo irrisoria para un imputado que todavía goza de un sueldo mensual de $8.000.000, al que se agregaría las asignaciones, llegando a $14.000.000, es decir, con lo devengado en un solo mes paga la fianza, sin contar lo que ha recibido durante 20 años – ser diputado en Chile es mejor que ganar el loto -.
El 10 de septiembre se lanzó el libro de la periodista e historiadora Nancy Guzmán, Ingrid Olderotk, la mujer de los perros, que demuestra el rol de la brigada de mujeres de la DINA que, en muchos casos, eran brutales y desquiciadas que los hombres – para Manuel Contreras, su jefe máximo, la DINA debiera estar constituida por delincuentes y prostitutas -.
A 41 años del golpe militar, para deshonra de nuestro país, los derechos humanos continúan al debe.
Rafael Luis Gumucio Rivas
12/09/2014