Frente a las opiniones emitidas hoy por el ex-presidente Ricardo Lagos en un programa de televisión, en las que criticó al ministro Hinzpeter por haberse pronunciado a favor de la aprobación del proyecto Hidroaysén e influenciar así a los seremis que debían decidir, el coordinador de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, dijo hoy que:
“Efectivamente, en el caso de Hidroaysén hemos visto una abierta intervención del poder central sobre las Comisiones de Evaluación Ambiental y las declaraciones del ministro Hinzpeter apuntan sin duda en esa dirección. Sin embargo, le recomendaríamos al ex-presidente Lagos un poco más de pudor al referirse a estas materias. Durante su Gobierno la intervención de la institucionalidad ambiental alcanzó niveles de brutalidad que no han sido superados”.
Rendón recordó el caso del Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, Edmundo Bustos, quien fue destituido de su cargo en junio de 2003 por votar en contra de un proyecto de un horno de la empresa Cemento Melón que quemaría pet coke en La Calera. Según el entonces Ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, Jaime Ravinet, “Bustos fue destituido por desobedecer una orden” http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=114133
El dirigente ecologista agregó: “Es decir, durante el Gobierno del señor Lagos descaradamente se le impartían órdenes a los seremis respecto a cómo votar frente a proyectos específicos y en caso de “desobediencia”, el Presidente, que es quien los nombra, los destituía para dar un escarmiento ejemplarizador. En ese marco, que el señor Lagos se escandalice por lo de Hinzpeter, resulta francamente cómico”.
Rendón concluyó señalando que el problema de fondo es que tenemos una institucionalidad ambiental centralista, donde quienes deciden son meros funcionarios de confianza del Presidente, al que le deben obediencia. “Es más-puntualizó- la ex-presidenta Bachelet, mediante la reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente y con el entusiasta acuerdo de la oposición de la época, se preocupó de eliminar a los consejeros regionales de la instancia decisora, los únicos que no eran funcionarios designados y que podían representar la voz de la ciudadanía regional. Por eso nosotros proponemos que la decisión sobre los proyectos, en el marco de los informes técnicos que son vinculantes sólo en relación a los impactos normados, sea entregada a los Consejos Regionales. Esta instancia, sobre todo cuando sea elegida en forma directa, será la que tenga la representatividad para que la ciudadanía de cada Región se pronuncie, sobre la base de mínimos nacionales, sobre qué impactos se deben tolerar y cuáles no”, concluyó.