Hace unos días por TV Chile, el canal internacional de TVN, tuve ocasión de ver en el programa “Esto no tiene nombre” un interesante reportaje sobre las abismantes condiciones de higiene en algunos restaurantes del centro de Santiago, el peor de todos, el Nuria. Menos mal que en mis visitas a Chile nunca he ido a tal local (espero que mis “picadas” favoritas, el Bar Nacional, el Ciro’s y la Pizzería Da Dino no me deparen alguna mala sorpresa, al final parece que lo más seguro es ir a esos sitios donde la comida la preparan a la vista de los clientes, como la Fuente Alemana, otro de mis favoritos). Sin embargo no es de la gastronomía santiaguina de la que quería ocuparme, sino de otra “cocina”, esa expresada como imagen figurativa para denotar un lugar y un momento en que se ha concretado alguna maniobra política, comercial, criminal o de alguna otra índole, en medio de una cierta discreción—por llamarla elegantemente—del mismo modo como en el reportaje en cuestión los comensales no se enteraban de las moscas y cucarachas que circulaban por el lugar donde la comida era preparada.
“No todos pueden estar en la cocina” había señalado muy gráficamente el senador Andrés Zaldívar hace unas semanas cuando se dio a conocer el acuerdo logrado con la oposición para aprobar—con unas cuantas reformas—la muy anunciada reforma tributaria. Exactamente como los clientes del Nuria no se enteran de lo que pasa en la cocina del establecimiento, el resto de los parlamentarios—para qué decir el resto de los ciudadanos chilenos—tampoco tuvieron acceso al lugar donde se “cocinó” el acuerdo para la reforma tributaria.
A esta altura, a no ser que se produzca alguna movida inesperada, parece que la reforma tributaria, uno de los pilares de la plataforma del gobierno de Michelle Bachelet, será resultado de un proceso de acuerdo entre gobierno y oposición, reviviendo así la política de los consensos que se creía superada.
El problema ahora es si esta práctica de llevar estos temas a las discretas cocinas donde “no cabe todo el mundo” se convierte en lo habitual, entonces el futuro de iniciativas como la reforma educacional y la elaboración de una nueva constitución, los otros puntos clave de la agenda gubernativa de la Nueva Mayoría, se tornaría más nebuloso.
Por cierto se puede argumentar—y no sin razón—que mientras la reforma tributaria es un tema con demasiadas aristas técnicas y por tanto más oscuro para el común de la gente, con el agregado que no era objeto de alguna movilización por algún sector importante de la población, la reforma educacional y la demanda por una nueva constitución en cambio sí son temas más cercanos a la gente y especialmente en el caso de la educación, con una amplia convocatoria movilizadora. Esto haría más difícil que se intentara hacer con estos puntos el mismo tipo de tratamiento (cocimiento) como se ha hecho con la reforma tributaria. De cualquier modo habrá que estar atento.
El gobierno por su parte ha insistido en que hay aspectos del paquete de reforma educativa que son esenciales y por lo tanto no transables: fin al lucro (con fondos públicos), fin al co-pago (en las escuelas subvencionadas), gratuidad de la enseñanza superior y fin a la selección de estudiantes por parte de las escuelas. Sin embargo, quienes critican la propuesta tal como está tienen razón cuando señalan que no se es muy específico en cuanto a lo que esos puntos significan.
El fin al lucro se ha planteado en relación a dos áreas, las escuelas (básicas y secundarias estas últimas generalmente denominadas colegios o liceos) administradas por los llamados sostenedores que reciben subvención estatal y las universidades privadas que en teoría deben ser instituciones sin fines de lucro pero que como se ha denunciado, sus dueños han recurrido a una serie de resquicios que les ha permitido obtener ganancias para ellos mismos (no reinvertidas en los establecimientos). No se dice mayor cosa de una serie de otras entidades que lucran con la educación, principalmente las que proveen la llamada asistencia técnica tanto a establecimientos municipales como subvencionados que funcionan como consultores o especialistas pedagógicos, pero cuya utilidad es muy cuestionable. Más aun, la existencia de todos esos negocios que giran en torno a la educación fue simplemente el resultado de las políticas privatizadoras y de desmantelamiento de las estructuras que el propio Estado había levantado con anterioridad para apoyar en los aspectos técnicos a escuelas y maestros. Políticas que se instauraron durante la dictadura y que los gobiernos democráticos dejaron intactas.
Lo que correspondería es que cuando se dice “fin al lucro en la educación” se lo entienda en su sentido más amplio: terminar con el negocio de algunos sostenedores que tratan la administración de escuelas como una empresa cualquiera pero también terminar con las estructuras aledañas (que a veces se entrelazan teniendo los mismos dueños que algunas escuelas) como las consultorías y negocios de asistencia técnica educativa. Por supuesto la pregunta será ¿y con qué se las reemplazaría? Para responder esa duda uno puede mirar a las experiencias pasadas por un lado, y a las posibilidades actuales y futuras de la tecnología. En efecto, fruto de la reforma educacional de 1966—la mejor que se hizo en el Chile moderno—se creó el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) más conocido simplemente como Centro de perfeccionamiento del Magisterio que tenía excelentes instalaciones en Lo Barnechea. Esa reforma también instauró un procedimiento llamado “talleres pedagógicos” consistentes en reuniones periódicas de los profesores por asignatura y localidad geográfica de sus establecimientos de enseñanza. Esto basado en un principio muy simple: los que mejor saben qué hacer en materia pedagógica son los profesionales que están en la primera línea, la sala de clases, esto es, los maestros. Tiene pues mucho sentido que sean ellos mismos a través del intercambio de experiencias los que puedan ayudarse mutuamente y servir de guías a quienes se inician en la tarea docente. Además se debe retomar la función investigativa y de proyección en la comunidad de las facultades de educación de las universidades que, como en otros países, tendrían que desempeñar un rol de apoyo a la formación continua de los profesores de la enseñanza básica y media mediante cursos de verano e interacción en terreno con las escuelas. En este mismo sentido de utilizar recursos a un costo mucho más bajo en lugar de los consultores, se podría contar con el apoyo de estudiantes de los grados de magister y doctorado en educación para tareas de asesoramiento pedagógico. Por último en relación a cómo asesorar adecuadamente a los educadores, no se debe olvidar lo efectivo que resulta la moderna tecnología del Internet que posibilitaría formas de perfeccionamiento, asesoramiento e investigación pedagógicas a distancia.
En cuanto al fin del co-pago es significativo y a la vez alarmante por el grado de desinformación que implica, que algunos padres salgan a defender su “libertad” de querer pagar para supuestamente tener una mejor educación para sus hijos. Por cierto la carencia de una política de comunicación por parte de los partidos de gobierno (en consonancia con lo que años atrás sostuviera ese ‘chanta’ de Eugenio Tironi que “la mejor política de comunicaciones era no tener una”) deja la puerta abierta para que los medios de comunicación, en su abrumadora mayoría opuestos a la reforma, tergiversen la naturaleza del proyecto e incluso de las intenciones del gobierno en esta materia.
El proceso de desinformación se ha amplificado al sostenerse por parte de la derecha que la reforma apuntaría a la “eliminación de la enseñanza privada” lo cual es totalmente falso. Nadie ha planteado tal cosa pero lo que sí debe hacerse es que aquellas instituciones privadas que reciben subvención fiscal no lucren. Muy simple y además muy fácil de implementar, al respecto puedo aportar el ejemplo de cómo funciona el sistema privado subvencionado en la provincia de Quebec (en Canadá la educación es de jurisdicción provincial) ya que yo mismo trabajé como profesor de college (un nivel de educación superior, de pre-grado) por 32 años en una institución privada, para la cual las reglas eran muy claras: reciben subvención de la provincia equivalente a una parte del costo de educar a un estudiante en el sistema público, el resto lo paga el estudiante, la institución misma tiene que ser estrictamente sin fines lucrativos, si después de todos sus gastos llega a tener ganancias, debe invertirlas en becas o en mejoramientos en las instalaciones del establecimiento, los miembros de su consejo de administración deben ejercer su cargo de manera estrictamente ad honorem y para controlar todo esto los libros de contabilidad son públicos. ¿Por qué no ensayar un sistema similar respecto de la enseñanza privada subvencionada en Chile?
Instaurar un sistema de educación superior gratuito podría ser el aspecto más complicado de implementar ya que no es un mero asunto contable (tener los fondos para hacerlo) sino además para calcular su costo debe considerarse variables difíciles de anticipar como el tiempo que los estudiantes pueden demorar en completar sus estudios. Es cierto por lo demás que en tiempos anteriores existió la universidad gratuita, aunque claro está en ese entonces el número de estudiantes y de instituciones era mucho menor.
Por último se plantea el fin a la selección que sería una forma de discriminación, sin embargo aquí los “sabios” del Ministerio de Educación no han deparado en una anacrónica forma de selección en la que parece nadie se fija: la selección por género. ¿Por qué una niña no puede ir al Instituto Nacional, o un muchacho al prestigioso Liceo Javiera Carrera (Nº 1 de Niñas)? Si bien es cierto hace ya algunos años que una gran parte de los liceos se hicieron mixtos, en aquellos más emblemáticos se mantuvo esa absurda separación por sexo que se remonta a los tiempos de pacatería impuesta por la Iglesia Católica que trataba que niños y niñas no estuvieron juntos. Todas las investigaciones pedagógicas modernas indican que la interacción entre niñas y niños, ojalá desde temprano, crea un mejor clima para el aprendizaje a la vez que induce en los jóvenes de ambos sexos una manera mucho más natural de relacionarse y por eso mismo, de respetarse.
¿Irá la reforma educacional a parar a la cocina también, donde la derecha le agregue ingredientes que la hagan perder todo su sabor? Es de esperar que no. Al revés que con la reforma tributaria la demanda por reformar la educación es altamente sentida por un sector que ha demostrado su capacidad de movilización y un gran dinamismo para actuar en el medio político: el movimiento estudiantil, por algo Violeta Parra decía: “me gustan los estudiantes porque son la levadura / del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura…” Confío en que si esta vez el senador Zaldívar está preparando sus utensilios para un nuevo cocimiento, se quede con el delantal puesto mientras los verdaderos cocineros preparen el guiso de la reforma educacional en la calle, a la vista de todos y con ingredientes frescos y limpios.