Ya nos hemos referido en ocasiones anteriores en diferentes tribunas al ilegal desarrollo inmobiliario mall Barón, cuyo proyecto de edificación lisa y llanamente estrangula a la bodega Simón Bolívar protegida en el Plan Regulador Comunal de Valparaíso como de “Protección Histórica”, teniéndose en cuenta que, por varias razones urbanísticas, la Unesco ya expresó su lapidaria conclusión.
En tal sentido esperamos que bajo la batuta del secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) se llegue a un grado de consenso con Icomos Chile y con todos los actores relevantes de Valparaíso para que el nuevo proyecto que debería ser elaborado por la empresa Mall Plaza S.A. de Falabella sea a escala humana. Siendo así, esa sociedad comercial experta en retail que se relaciona para estos efectos con la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), propietaria del terreno, para llevar a cabo la intervención en ese sector de la ciudad tendrá que evaluar si invierte o se desiste del negocio a la luz de lo que resuelva el CMN. Si Falabella, después de sacar la cuenta llega a la conclusión que lo mejor para sus propios intereses es abandonar el proyecto, lo lógico sería llamar a un concurso público.
A continuación nos referimos a 2 proyectos más, uno en Viña del Mar y el otro en Concón, los que requerían ser visados por los Concejos Municipales de ambas comunas, tal como lo ordena la antigua (1959) Ley Lorca, la que en su artículo 13º establece qué tipo de edificaciones se pueden construir en el borde costero. Esta ley que tiene el número 13.364 fue promovida por Gustavo Lorca (QEPD), entonces diputado de derecha y de la zona, legislación pro sustentabilidad que desafortunadamente no fue respetada en la época en que las Fuerzas Armadas ejercían el poder a sus anchas.
A mediados del año 2000 la Alcaldía de Viña del Mar decretó que en el terreno de 5.000 m2 localizado en la Avenida San Martín Nº 1355, rol Nº 228-1 del Servicio de Impuestos Internos (SII), en donde estaba el antiguo Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, institución sin fines de lucro que por muchos años atendió a niños y jóvenes de escasos recursos, previa demolición del tradicional inmueble, se podía otorgar un permiso de edificación para una torre de 21 pisos, cuyo inversionista se mantenía en reserva. Para justificar el derrumbe de ese tradicional hospital construido en el año 1929, con la fingida seriedad propia de aquellos que son creadores de nuevas fuentes de ingresos, se decía que era muy difícil la mantención del sanatorio.
La torre que tendría una espectacular vista al mar estaba destinada a hotel y a los servicios correspondientes y el permiso de edificación se otorgó el mismo año, es decir, hace 14 años, a nombre de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, contemplándose una superficie a construir sobre y bajo el suelo de casi 34.000 m2. Como había una capilla, el pío inversionista para no correr el riesgo de una reprimenda divina, sensatamente resolvió preservarla. En el formulario del permiso se señaló que se iban a construir 227 estacionamientos en 2 niveles subterráneos.
Después se supo que este magnífico hotel, cuyas cantidades de estrellas todavía no se conocen, le pertenece a Álvaro Saieh, uno de los empresarios más poderosos del país, quien con sus arquitectos predilectos decidieron modificar el proyecto de edificación y así fue como el 13 de junio de 2010, diez años después, el Director de Obras de Viña del Mar cursó la resolución Nº 22/2010 a nombre de la misma Orden Hospitalaria San Juan de Dios (sic), a pesar de que el sanatorio ya se había demolido y el terreno enajenado, respetándose los 34.000 m2 a construirse, con 19 pisos, 2 menos que los 21 originales, y considerando 3 niveles bajo el nivel del suelo para 225 estacionamientos. El proyecto ahora se llama hotel Hyatt
Es decir, hubo cambios menores pero a las autoridades incompetentes se les olvidó que el permiso de edificación original ya había caducado automáticamente cuando se cumplieron los 3 años de su emisión, ya que el inversionista no procedió a ejecutar las excavaciones contempladas en los planos del proyecto, tal como lo ordena perentoriamente el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Así las cosas, es improcedente la aludida modificación del proyecto del año 2010 y es gravísimo que la Municipalidad de Viña del Mar, con tal de no entorpecer con exigencias burocráticas la fluida tramitación de los permisos, haya pasado por alto el indispensable Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), habida cuenta el desmesurado crecimiento del parque automotor. Ergo, si quisiéramos que este negocio inmobiliario se adscriba a la ley, cosa muy dificultosa en Chile, Saieh debe solicitar un nuevo permiso de edificación, pero a nombre del hotel Hyatt, el que debe contar con el EISTU aprobado por el Seremi de Transportes, tal como está fijado en el artículo 2.4.3 de la OGUC.
Más al norte, en los mismos roqueríos del borde costero del balneario de Concón, los que en gran medida se han debido eliminar, también con la consiguiente aprobación del Concejo Municipal de Concón, para cumplir con la Ley Lorca, el 10 de enero de 2011 se autorizó el permiso de edificación Nº 7 a favor de la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A. cuyos dueños son los conocidos empresarios Bengolea, Urenda, Bolocco y Said. La edificación con destino hotel ya se está construyendo en un terreno de 3.000 m2, con rol del SII Nº 3371-24, bajo la Avenida Borgoño Nº 18.115, con una superficie a construirse de casi 20.000 m2 y 148 estacionamientos.
Este proyecto está localizado adyacente al polémico Santuario de la Naturaleza Dunas de Concón y sus obras están paralizadas por un ejemplar fallo de la Corte Suprema de Justicia en atención a que no fue sometido oportunamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el formulario del permiso se lee “en la oportunidad del ingreso de la solicitud de recepción definitiva, se hará exigible Informe de Factibilidad Técnica (IFT) relativo a un EISTU o Estudio de Accesos, según corresponda, debidamente aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso”. Curiosa esta expresión municipal porque el EISTU se realiza y debe ser aprobado, por razones obvias, solo antes del inicio de las obras de construcción porque así tiene sentido.
En la actualidad se está tramitando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) exigido por el más alto tribunal del país y se supone que en los próximos días la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), presidida por el intendente de Valparaíso, adoptará la decisión de aprobarlo o rechazarlo, aunque muchos dicen que este asunto ya está “cocinado” al más alto nivel, a pesar de las innumerables irregularidades detectadas y denunciadas por el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, organización civil sin fines de lucro que, digámoslo con claridad, no persigue la demolición de lo ya edificado, sino tan solo que se cumpla el marco regulatorio.
En razón de los riesgos latentes para aquellos que estén habitando el hotel, por la ocurrencia de un próximo tsunami, ese Comité propone que el edificio construido parcialmente se le traspase al municipio para habilitarlo como equipamiento con destino cultural, de educación y recreativo, con horario diurno, entregándosele a la inmobiliaria una compensación equivalente respecto de las cesiones contempladas en el artículo 70º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).
Lo importante es prevenir futuras desgracias derivadas de las inclemencias de la naturaleza, lo que ha manifestado hasta la saciedad el oceanógrafo físico Alfonso Campusano y el propio Seremi de Salud, quien en un reciente documento oficial dijo “es inconveniente el emplazamiento de un hotel de estas características en el lugar propuesto por el proyecto por existir un alto riesgo para la salud y seguridad de las personas”, con lo cual se deja de manifiesto que todavía hay funcionarios públicos responsables.
En resumen, 1.- el mall Barón deberá ser revisado en el alto nivel de la Administración, 2.- el hotel Hyatt deberá contar con un permiso de edificación que se ciña al actual ordenamiento jurídico sectorial, sobre todo en el aspecto de los impactos viales y 3.- el peligroso hotel Punta Piqueros está en manos de aquellos funcionarios que conforman el CEA porteño.