Cuando en la década de los sesenta se acometió la Reforma Agraria, los políticos comprometidos con ésta y otros procesos profundos de cambio entendieron que previamente habría que modificar la Constitución para que estos propósitos fueran posibles. Hoy, sin embargo, se asume la absurda idea de que las transformaciones podrían alcanzarse dejando para el final la definición de una nueva Carta Fundamental, cuando ésta fue redactada y promulgada por la Dictadura justamente con la aviesa intención de impedir los cambios. Se sabe que la institucionalidad pinochetista tiene un signo autoritario todavía más rígido y difícil de modificar que el de la Constitución de 1925; por lo mismo que hoy, con más razón que ayer, lo que hay que hacer es emprender una nueva Constitución, antes de debatir sobre la reforma educacional, del sistema de salud, de previsión y otras iniciativas.
Casi un cuarto de siglo de posdictadura demuestra que, además del sistema electoral binominal impuesto por el pinochetismo, las disposiciones constitucionales son la enemiga principal de cualquier reforma que afecte los lineamientos económicos, la propiedad privada o se proponga el fortalecimiento de la autoridad del Estado. Sea por los altos quórum establecidos para aprobar en el Congreso Nacional determinadas iniciativas de ley, o por el reducido ámbito de acción que se le ha dispuesto al Poder Ejecutivo, lo cierto es que las fuerzas reaccionarias tienen en el propio Parlamento o, luego en el Tribunal Constitucional, la magnífica oportunidad de cuestionar la “legalidad” de las normas que les afecten, aunque éstas sean resueltas por una amplia mayoría legislativa. De esta forma es que el acuerdo ampliamente mayoritario alcanzado en la Comisión Presidencial para la reforma del sistema de salud, en cuanto a reemplazar el sistema de isapres que lucra con la salud de millones de chilenos por un sistema único, ya es acusado de vulnerar la actual Constitución. Antes de que el Ejecutivo acoja siquiera las recomendaciones de este grupo de expertos y defina las correspondientes iniciativas legales.
De la misma forma, quienes temen que la Reforma Educacional pueda obtener los votos necesarios para su aprobación legislativa ya maduran apelaciones ante el Tribunal Constitucional para impugnar lo que apruebe el Parlamento, en la idea de que la Constitución, y la instancia que vela por ella, deben estar por encima de la autoridad del gobierno, de los parlamentarios y de la propia ciudadanía. Es justamente en la existencia de mecanismos constitucionales que pueden llegar a desbaratar cualquier reforma (aunque ésta tenga el más amplio respaldo popular y de sus representantes) que podría entenderse el reestreno de la “política de los acuerdos”, mediante la cual casi todas las iniciativas gubernamentales se concuerdan con la oposición aunque pudieran alcanzar en el Congreso Nacional el respaldo suficiente para ser ratificadas. Tal como está ocurriendo en estas semanas con la Reforma Tributaria, una enmienda que ya se ha desperfilado severamente en estos conciliábulos cupulares respecto del proyecto original, y sobre la cual sus detractores, arrogantemente, se reservan, también, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para anular lo que no les guste y transgreda a la Constitución que los sirve.
La historia universal de la política indica la mínima posibilidad que tienen de prosperar las transformaciones profundas o las revoluciones dentro de las reglas del juego consagradas por el sistema que se busca superar. Nuestro país sabe, particularmente, que todo cambio se hace todavía más difícil si se quiere atacar los irritantes privilegios consagrados para algunos, cuanto lo fácil que resulta que éstos terminen imponiéndose sobre la voluntad soberana del pueblo si es que no se desactivan sus instancias der poder y la posibilidad de provocar una convulsión económica. Lo cual también supone neutralizar sus poderosos sistemas comunicacionales con los cuales ejercen sus campañas de terror, así como estar atentos a sus crónicos intentos sediciosos en el influjo que ejercen en las fuerzas armadas.
Desgraciadamente, quienes derribaron nuestro sistema republicano, e impusieron un sumiso dictador, hoy tienen mayor poder todavía que al término del Régimen Militar, arropándose de demócratas y hasta parecer sensibles a un tema como el de los Derechos Humanos que gracias a su complicidad o anuencia se violaron sistemática y horrendamente. No es extraño, por esto, que del terrorismo de estado que efercieron hoy se hayan convertido en los grandes defensores de la Ley Antiterrrorista y reclamen su aplicación para aplastar las justas demandas mapuches y contra los misteriosos autores de unos ridículos e inofensivos artefactos explosivos, que no sería extraño que ellos mismos estuviesen incitando para desacreditar a las autoridades e inhibirlas en las reformas que anuncian. Ya se sabe lo diestros que han resultado siempre para infiltrar a los movimientos rebeldes y cándidos para, a la postre, hacerlos funcionales a sus intereses.
Nos llama profundamente la atención que quienes se dicen comprometidos con las reformas planteadas por el programa de Michelle Bachelet, como exigidas en las movilizaciones sociales, estén dispuestos a seguir postergando la demanda nacional por una nueva Constitución. Este fin de semana, otro senador oficialista (desde El Mercurio, siempre) se ha sumado a la voz de algunos políticos que, incluso, advierten que la reforma institucional se le dejará como herencia a la próxima administración, descartando, además, la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para tal propósito.
Quienes se han repetido incesantemente en los últimos gobiernos debieran ser los primeros en asumir la poca factibilidad de las reformas bajo la camisa de fuerza de la Constitución. Tendrían que ser los mayores promotores de una convocatoria ciudadana que abata la Constitución y rompa los candados legislativos que han consolidado gobiernos rendidos a hacer “más de lo mismo” respecto de sus antecesores. De esta forma es que posiciones como la del senador PPD Felipe Harboe, como de tantos otros, más bien hay que atribuirlas a que en realidad están a contrapelo con las reformas planteadas por su propio gobierno, aún cuando las hayan vociferado cuando fueron candidatos. Por lo mismo es que quieren darle más aliento a la Constitución actual, seguros de que ésta les resulta la mejor excusa para seguir perpetuándose en sus cargos, torciendo la voluntad ciudadana, encandilados como están con las posiciones de la derecha y complacidos con las gratificaciones todavía más suculentas que reciben del poder empresarial que los digita y les impone desestimar cualquier cambio efectivo de la situación existente. Es cosa de observar cómo los primeros proyectos del Ejecutivo logran sus más aguerridos detractores entre los partidos y dirigentes oficialistas, en un espectáculo que a la atomizada derecha le está permitiendo superar sus incordios y tomar palco ante la incompetencia, la confusión y las deserciones ideológicas de quienes creyeron sus denodados enemigos. Es para no creer que los que lucharon contra la Dictadura y denunciaron en todo el mundo su ilegitimidad hoy le rindan tanta fidelidad a sus normas y obras. Con razón el Tirano reconoció en una entrevista que, de haber conocido mejor a sus opositores, habría convocado a algunos de ellos a su gobierno.
Inexcusable resulta, en consecuencia, que el progresismo, sus referentes políticos y sociales sigan dándole crédito a propuestas que no tienen factibilidad alguna con quienes han tenido demasiado tiempo para emprenderlas y siguen renuentes a cumplir con la primera de las obligaciones contraídas en las postrimerías de la Dictadura: convocar al pueblo y a sus idóneos representantes a cambiar urgentemente la matriz constitucional que se sabía un impedimento grave a cualquier cambio consistente. Tal como se ha demostrado en más de dos décadas y que ahora, en la frustración de las reformas que no prosperen, pudieran conducirnos a una nueva crisis institucional. Solo que en este caso es posible que sea provocada más por el descrédito y la corrupción de la política que por la traición militar y la acción foránea.