El senador Eugenio Tuma, vicepresidente del Senado, destacó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete integrantes del pueblo mapuche y una activista. “Este fallo le dice a Chile que hay que cambiar la Ley Antiterrorista”, precisó. Asimismo, Tuma, junto a la consejera nacional Mapuche ante la Conadi, Ana Llao, solicitó al Gobierno una partida especial en el erario 2015 para responder a las comunidades con aplicabilidad y que han confiado en el camino institucional.
Esto, tras conformarse la Comisión por la restitución de tierras. “Acá se requiere que el Estado tenga voluntad política y otorgue un presupuesto especial – del orden de los US$ 200 millones -para reparar a estas 141 comunidades de La Araucanía, que han respetado el camino democrático y pacífico para que el Estado respete su derecho y les compre tierras”, detalló el legislador.
“La prioridad política –prosiguió- debe ser también presupuestaria, porque de otro modo estamos dando una señal equivocada a las comunidades sobre los mecanismos para responder a sus demandas a través de la vía institucional. Este es un paso de restitución de confianza”.
En cuanto al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tuma afirmó que “Chile no se puede exponer a un reproche internacional por vulnerar los derechos humanos, el respeto de éstos es un principio fundamental de la recuperación de la democracia y es inaceptable que los organismos del Estado se aparten”.
“No se puede seguir aplicando la Ley Antiterrorista porque viola los derechos humanos, por lo que no comprendo que algunos pidan que se continúe utilizando sin modificarse y creo que lo que están diciendo los organismos internacionales justifica aún más la actitud del ministro del Interior y del Gobierno de revisar dicha Ley y modificarla porque fue hecha en Dictadura y no está vigente a los estándares de la democracia”, señaló el legislador.
Por último sentenció que “con el fallo de la CIDH demuestra que el Estado de Chile ha vulnerado los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y debemos revisar como modificar la legislación para garantizar un juicio justo”.