El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, se reunió ayer con algunos de los voluntarios que recorrerán las comunas del país recogiendo las opiniones de las comunidades educativas sobre la reforma educacional. De este modo, el secretario de Estado dio el vamos al Plan Nacional de Participación Ciudadana, cuya marcha blanca funcionará por dos semanas, luego de lo cual comenzará la agenda en terreno. En tanto, la Confech anunció que participará en este plan sólo si se cumplen algunas garantías, entre ellas la derogación de artículos que datan desde la dictadura y que limitan la participación estudiantil en las decisiones universitarias.
El ministro señaló que con este proceso de diálogo y construcción ciudadana de la reforma educacional “estamos cumpliendo lo que la Presidenta Bachelet prometió: una reforma no sólo para todos, sino que con todas y todos”, enfatizando que será un proceso “incidente” en la reforma y que “todas aquellas coincidencias que tengamos entre la opinión ciudadana y el contenido fundamental del programa de la Presidenta Bachelet, serán más que acogidas”.
Según informa La Tercera, El Ministerio de Educación ya tiene redactado el proyecto de ley que permitirá derogar la disposición que data desde la dictadura que impide la participación triestamental (docentes, administrativos y estudiantes) en la toma de decisiones de las universidades creadas después de 1981. Eyzaguirre, anunció que se enviará una iniciativa al Congreso, que “permitirá la participación de todos los estamentos en las instancias de gobierno universitario, de acuerdo con lo que cada centro de enseñanza superior decida”.
La presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda, reconoció “el gesto” del ministro y detalló que “se nos dijo que este jueves (ayer) se iba a anunciar la voluntad de derogar estos artículos, nosotros pedimos que esperamos que esto se concrete con el envío y aprobación del proyecto”. Sepúlveda agregó que “es un gesto que nosotros valoramos”, informa el diario.
Otra de las garantías es que el proceso de diálogos ciudadanos sea vinculante, para que las resoluciones sean los pilares de los proyectos. Y se solicitó poder entregar documentos que sean considerados en la elaboración de las iniciativas.
Los estudiantes también exigieron que se retiren los proyectos de ley y se frenara la agenda legislativa, para que exista “una participación real del movimiento social”. Pero este punto no fue acogido.
Eyzaguirre, en tanto, ayer destacó la relevancia de las primeras iniciativas de la reforma educacional: el aumento de cobertura y aseguramiento de la calidad en educación parvularia; el proyecto de administrador provisional y el que pone fin al lucro, la selección y el copago, “bajo el concepto de que la educación es un derecho, y por tanto, es inaceptable que iniciativas educacionales financiadas por todos los chilenos, segreguen o discriminen a algunos niños”.
No obstante, fue enfático en señalar que con esto “no hemos terminado la reforma educacional (…) el derecho a la educación es a una educación de calidad para todas y todos, y por eso tenemos que seguir construyendo”.
En esta línea, relevó algunas de las iniciativas en las cuales la ciudadanía está llamada a incidir a través de estos diálogos, como la generación de un “nuevo contrato social –de deberes y derechos- con los profesores y asistentes de la educación”; nuevas políticas para los directivos; la generación de una nueva educación pública (desmunicipalización); nuevos modelos de financiamiento para la educación escolar y superior, entre muchas otras.
En este contexto -y destacando la importancia de la participación en materia educacional- el secretario de Estado anunció la derogación del DFL 2, acabando de este modo con las prohibiciones legales que impedían la participación en instituciones privadas de educación superior y favoreciendo, a modo general, una mayor democratización en dichas instituciones. El ministro indicó que esto “permitirá la participación de todos los estamentos en las instancias de gobierno universitario, de acuerdo a lo que cada centro de enseñanza superior decida”.
El Plan Nacional de Participación Ciudadana contempla diálogos ciudadanos; diálogos técnicos, donde organizaciones e instituciones específicas presentarán sus propuestas, y diálogos temáticos, en los cuales participarán actores directamente involucrados en distintas áreas del mundo educativo.