El mismo presidente de RN Carlos Larraín reconoció a su manera que el “proceso de aprobación está viciado”. Lo hizo en un comentario en reacción a las declaraciones de un senador de su tienda política contrario al proyecto de HidroAysén.
Además nos puso al tanto de la regla política de oro del equipo piñerista: que pese a lo anterior no hay que “interpelar al Presidente” por la responsabilidad que le cabe en decisiones de impacto futuro evidente (*).
Cuando se opacan los mecanismos de decisión estatal cabe interpretar.
Es una perogrullada decirlo, pero para el caso es aún pertinente: lo técnico no puede separarse de lo político, ni tampoco lo político de los intereses económicos que empujan a tomar una decisión. Ni lo que dice Hinzpeter, de lo que no dijo Golborne, de lo que cuenta Piñera con su fraseología de la responsabilidad gubernamental para el futuro.
Cuando un Gobierno va adoptando claramente un tinte favorable a los lobbys energéticos y cuando el Estado interviene en la economía para favorecerlos, se nota en el paisaje. Esto era predecible si se disponía de un marco teórico mínimo acerca del funcionamiento del poder y la dinámica del capital: de sus motivaciones y de las características o composición del gobierno de derecha neoliberal en el poder.
Pero el caso Hidroaysén es revelador para cualquiera de la desidia de la alianza político empresarial en el plano de política económica y ambiental. Dejar libre curso a las fuerzas del capital sin más es el principio guía. Al contrario del discurso de los lobbys energéticos, la institucionalidad estatal centralizadora en el territorio del país, sin contrapeso ciudadano, no tiene ningún cuidado, preocupación o visión de largo plazo por la preservación de un ecosistema de un valor inestimable.
Es sabido que tanto las opciones hidroeléctricas de la envergadura de la de Hidroaysén como la opción energético-nuclear demandan una tecnología centralizada y una fuerte concentración de capital, por lo tanto, una estructura monopólica de la producción energética. Mientras que las energías renovables funcionan mejor en unidades más pequeñas y descentralizadas y son menos costosas. Pero para esto no bastan los discursos sino que se requiere de una política energética e institucional de corte democrático que en Chile no existe.
Un gobierno con una concepción de desarrollo sostenible, durable y democrático no hubiera sucumbido tan diligentemente a la megaobra de construcción de cinco represas, un tendido de 1.912 km de cables eléctricos (recorrerá 160 kilómetros bajo el mar, entre las zonas de Chaitén y la región de Aysén) y un despliegue de 3.800 torres que traerá energía eléctrica -por supuesto- además de ganancias cuantiosas a los grupos privados, pero que ocasionará daños irreversibles a los ecosistemas de uno de los pocos lugares paradisíacos que van quedando en el planeta.
Además, y esto demuestra el afán de lucro fácil a toda costa de la oligarquía propietaria, el proyecto cierra definitivamente la puerta a otras posibilidades de desarrollo para las comunidades que habitan el territorio patagónico. La zona cuenta con un potencial turístico que bien trabajado, según parámetros cuidadosos, podría hacer de Chile debido al clima, una potencia turística.
Estas apreciaciones no las pueden entender los grupos empresariales Colbún y Endesa detrás del proyecto en cuestión, ni tampoco los ministros de Piñera. Desarrollar planes creadores de empleo en turismo ecológico —servicio en demanda para un tipo de turismo en expansión— en una zona calificada de santuario natural, y cuyo valor reside en preservarla de una tecnología que no se integra al medio como el molino de agua, sino que le impone un quiebre brutal a la reproducción de los equlibrios ecológicos, requiere de políticos lúcidos y de movimientos ciudadanos organizados que le hagan el peso al Estado centralizador convertido en correa de transmisión de los intereses del capital monopólico.
Después que los seremis se plegaron a la directiva tomada en la cima del Estado y en las oficinas de los ejecutivos de Endesa y Colbún, ¿Quién podrá negar que las clases propietarias voluntariamente sometidas a los mecanismos de la acumulación y reproducción del capital tienen, además del poder de hacer intervenir al Estado en su favor, una mentalidad depredadora que no se condice con las afirmaciones de que el modelo acarrea democracia y progreso para Chile?
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(*) En El Mercurio: http://diario.elmercurio.com/2011/05/11/nacional/politica/noticias/D2475F90-6204-4A80-B534-B94971D7E3B9.htm?id={D2475F90-6204-4A80-B534-B94971D7E3B9}