El gobierno del Presidente Allende fue criticado, más de una vez, desde el seno de la Unidad Popular, por sus “desviaciones de derecha”, sus tendencias burocráticas y legalistas y la idealización que podía tenerse por el modo en que se estaba dando la confrontación al interior de las Fuerzas Armadas.
Vivimos otros tiempos. El gobierno actual no es un gobierno revolucionario. Tiene la característica de ser un gobierno de mayoría ciudadana y parlamentaria y el mérito de ser un gobierno reformista con un programa de profundos cambios “civilizatorios” en un sistema capitalista particularmente salvaje.
Estamos en medio de la discusión de la Reforma Tributaria planteada por el reformismo con el objetivo explícito de acumular 8.200 millones de dólares para cambiar drásticamente las políticas públicas en Educación y otros servicios y de iniciar un proceso de tributos con equidad para que los que tienen más paguen más.
La Reforma Tributaria, aprobada ya en la Cámara de Diputados por mayoría reformista, ha sufrido en la Comisión de Hacienda del Senado una revisión moderadora que sustituyó la mayoría por la unanimidad, consideró de manera más clara los intereses de la pequeña y mediana empresa e hizo algunos ajustes (mirados como mezquinos por los interesados) en el trato a los grandes inversionistas.
Los reformistas de la Comisión han privilegiado la unanimidad en su seno, que podría, de repetirse en el Congreso, abrir paso a reformas en la Educación y en el aparataje constitucional, también unánimes, y evidentemente más moderadas que las propuestas en el Programa de Gobierno.
Todo ello es aplaudido, con cierta reserva (porque ellos son pechoños del estatus quo) por los grandes empresarios y el monopolio de los medios.
Ellos son partidarios de mantener el negocio de la Educación con platas fiscales en la Universidad y la Educación Media y de seguir desarrollando el sistema de educación sudafricano que nos rige desde la dictadura.
Quienes se oponen, desde la derecha, al Programa de Gobierno, y quienes lo obstaculizan en el interior de la Nueva Mayoría señalando que “no es un dogma” se solazan con el acuerdo de la Comisión, frenan a los Ministerios de Hacienda y Educación e insisten en moderar el cambio.
El acuerdo de la Comisión va más allá de lo realizado en los últimos 40 años pero más acá de las expectativas populares y la impronta mostrada hasta hace pocos días por la Nueva Mayoría.
Desde antes del inicio del gobierno la Presidenta de la República escuchó la voz de la calle. Ahora parece haber escuchado la de los grandes medios y el núcleo duro de los máximos empresarios, que amenazan con debacles económicas y el freno del desarrollo.
¿Está ella por el principio político de que “los grandes cambios” sólo permanecen en el futuro si ellos son hechos por el consenso de las grandes fuerzas políticas?
¿Fueron desoídos los grandes cambios económicos de la dictadura, que fueron impuestos sin democracia y sin ningún consenso? ¿O vivimos aún en una estructura capitalista refundada por la dictadura?
La Reforma Agraria que tantos beneficios trajo a los campesinos ¿fue aprobada por consenso?
Las reformas a la legislación del trabajo, al aumento de salarios, a las limitaciones del poder monopólico, a la ampliación de la ciudadanía y de los derechos sociales ¿han sido aprobadas por unanimidad?
¿O lo han sido las que frenaron el avance y desvirtuaron las luchas?
La política del consenso ¿no olvida y sepulta las decisiones democráticas de la ciudadanía que opta, cuando elige en democracia, entre una alternativa y las otras?
Cuando se escoge el camino direccional del consenso en la clase política, que olvida las mayorías ciudadanas y no consulta a la gente, ¿no se está sepultando la más preciada libertad y la base de la democracia?
En la medida en que la política del consenso parlamentario –que poco tiene que ver con el consenso ciudadano- persevere ahora en la sala del Senado y en el conjunto del Congreso, se estará hundiendo en el pantano el actual gobierno, como antes se hundieron gobiernos con potencialidades reformistas, como el de Frei Montalva y los de la Concertación.
Aún está fresco en la memoria colectiva el alborozo con que fue celebrado en La Moneda el acuerdo de 2007 entre las mismas fuerzas consensuadas ahora en la Comisión.
Gobernar de manera reformista y democrática conlleva siempre el peligro de sufrir la amenaza y el chantaje de los grandes sectores económicos (“los poderosos de siempre”) y sus representantes.
Temerlos es temer al cambio.
Y no habrá mejor manera de enfrentarlo que con la lucha ideológica y la unidad política y social del pueblo, como proclamó un líder demócrata cristiano en 1970.
El camino del reformismo no está, como el de la Revolución, amenazado por el abismo, pero sí lo está por el pantano