El Consejo de Defensa del Archipiélago de Chiloé expresó su total rechazo a la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao, en cuanto se trata de una “decisión centralista y arbitraria de construir un puente de 740 millones de dólares que no soluciona las necesidades urgentes de nuestros habitantes”. El Consejo manifiesta su disconformidad con la forma de invertir los fondos públicos en el archipiélago de Chiloé.
El Consejo de Defensa del Archipiélago de Chiloé está integrado por la Asamblea Social de Castro, la Asamblea Social de Ancud, la Asamblea Social de Curaco de Vélez, la Red de Cultura de Chiloé, el Centro de Estudios Sociales de Chiloé-Cesch, el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural-Cecpan, la Agrupación Mestizas de Castro, el Movimiento de Defensa de Mar Brava, la Agrupación Cultural El Rodezno, la Unión Nacional Estudiantil-Sección Castro y una gran cantidad de Ciudadanos independientes.
A través de una declaración, el Consejo califica esta mega-obra como un “monumento político populista” que terminará por postergar necesidades históricas de un archipiélago de 9.181 km2, integrado por 10 comunas y 40 islas habitadas, que requiere urgentemente una inversión estatal que brinde apoyo a las necesidades prioritarias vinculadas a infraestructura pública en salud, electrificación, fomento productivo rural, conectividad de las islas interiores, agua potable rural, educación superior de calidad en el archipiélago y el resguardo del valioso patrimonio natural y cultural.
El Consejo manifiesta que el Estado de Chile históricamente- no ha reconocido el derecho soberano de Chiloé a delinear sus líneas de convivencia, tanto políticas, como económicas y culturales, imponiendo un modelo socioeconómico que ha devastado los bienes comunes naturales y sociales del Archipiélago. Es, dice, un “comportamiento centralista, no democrático y de una colonialidad interna que adquiere su máxima expresión a través de la imposición de un mega-puente que termina por evidenciar la negación descarada de una amplia gama de necesidades ciudadanas”.
Asimismo, declaran su total apoyo a la denuncia de vulneración de derechos presentada por el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé. “Vulneración que se ve reflejada a través de la fraudulenta aplicación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado y su proceso “clandestino” de consulta indígena. Derecho a consulta que todo pueblo indígena, sus comunidades y familias poseen cuando se enfrentan a un megaproyecto que afectará el territorio que sustenta los significados culturales de su existencia. Por tanto, respaldamos enfáticamente su apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer su justo derecho a decidir, junto a la sociedad civil, sobre el territorio del cual son habitantes originarios.”