La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota al tomar conocimiento de las propuestas a consultar en materia indígena que ha presentado la presidenta, Michelle Bachelet, considera que antes de iniciar un Proceso de Consulta, el actual gobierno tiene el deber de derogar el Decreto Supremo Nº 66 que reglamenta la consulta hacia los Pueblos Indígenas, como una condición básica para generar un Proceso de Dialogo con las instancias representativas del Pueblo Aymara y los Pueblos Indígenas
Los anuncios de Bachelet realizados la semana pasada se relacionan con el Ministerio de Asuntos Indígenas, Consejo de Pueblos Indígenas y Ministerio de Cultura y Patrimonio que actualmente se encuentran en proyecto de ley. Además de la intención de dar Participación Política en el Parlamento a los Pueblos Indígenas.
El decreto 66, emitido durante el gobierno de Sebastián Piñera, es ilegímitimo, señala la Coordinadora, en tanto su aspecto normativo vulnera y restringe el alcance del conjunto de derechos establecidos en el convenio 169 y en especial el derecho a la consulta previa. Por ello, dicen, es rechazado por los Aymaras, cuestionado por Organismos de Derechos Humanos y por el relator de Asuntos Indígenas Sr. James Anaya e incluso por algunos partidos políticos del actual gobierno.
Además, su aplicación seria una contradicción por parte del actual gobierno a lo manifestado en marzo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde manifestó que revisaría esta normativa para adecuarla a los estándares internacionales de consulta. En su anuncio, dice la Coordinadora, el actual gobierno no se refiere a este Decreto Supremo Nº 66, lo que confirma que utilizará esta ilegitima normativa para consultarles a los Pueblos Indígenas, por lo tanto aceptar este proceso de consulta es legitimarlo de manera tácita.
En relación al Ministerio de Asuntos Indígenas, “solo representa una forma más del colonialismo por parte del Gobierno de Chile, subordinado al nivel central, sin autonomía y que solo fomentara el clientelismo institucional de la clase política partidaria indígena; será como un hermano mayor de la CONADI y un botín de la Partidocracia”, dice la declaración.