Nuevos documentos del gobierno norteamericano -parcialmente desclasificados- vienen a confirmar la traición a Chile cometida por el empresario periodístico Agustín Edwards Eastman. En 1970, el dueño de la cadena de diarios El Mercurio pidió la intervención de EE.UU. para impedir que Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República, o para derrocarlo si lo primero no era posible. Como se sabe, el mandatario norteamericano, Richard M. Nixon, escuchó a Edwards y ordenó poner en marcha las acciones encubiertas que culminaron con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. A pesar de las evidencias de su responsabilidad como instigador y coautor intelectual del golpe -y por ende del terrorismo de Estado-, Edwards no ha sido sancionado por la justicia. Su delito -traición a la patria- merece presidio perpetuo.
Sin embargo, los “generales civiles” del golpe han conseguido hasta ahora eludir a la justicia mediante el simple procedimiento de mimetizarse en las nuevas condiciones creadas por los gobiernos civiles. Lo han hecho incorporando a sus negocios a personeros de la Concertación y financiando las campañas electorales de sus candidatos. Un grotesco ejemplar de los camaleones del empresariado es Rafael Cumsille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile y de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme). Cumsille acaba de participar en Ginebra en la delegación chilena a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo. Se trata del mismo Cumsille que hace medio siglo, junto con León Vilarín, presidente de los camioneros, formaron la punta de lanza del gremialismo financiado por la CIA para derrocar al presidente Allende. Agustín Edwards ha demostrado suma habilidad para adecuarse a los nuevos tiempos y convertirse en intocable a pesar de la gravedad de sus delitos.
El Mercurio -financiado por la CIA como lo atestigua el Informe Church del Senado norteamericano- participó en la guerra sicológica para desestabilizar al gobierno de Allende. Luego, ya bajo dictadura, orientó la desinformación para ocultar los crímenes del régimen. Su función era tender la cortina de humo que requerían el terrorismo de Estado y la instalación de la economía de mercado. A pesar del siniestro historial del diario de Edwards, los gobiernos de la post dictadura han sido obsecuentes aliados del vocero de la oligarquía y del imperialismo en Chile. Los presidentes de la República de estos años, sin exceptuar a ninguno, han sido invitados de honor en los aniversarios mercuriales, sobajeándose con Edwards. Asimismo, los candidatos presidenciales de todos los pelajes pasan sin falta por el cedazo de los foros organizados por Edwards en Casa Piedra. Dirigentes y parlamentarios de los partidos de gobierno escriben con frecuencia en El Mercurio, o se cortan las venas por una entrevista en ese diario.
La publicidad del Estado, a su vez, incrementa las ganancias del periódico. Otro engendro de Edwards es la Fundación Paz Ciudadana que goza de notoria influencia en las políticas de seguridad pública del Estado. Gente de confianza de Edwards participa en el gobierno. Una empleada suya desde 1998, Javiera Blanco Suárez, ex directora ejecutiva de Paz Ciudadana, se convirtió en vocera del comando electoral de Bachelet y ahora es ministra del Trabajo y Previsión Social. En el anterior gobierno de Bachelet fue subsecretaria de Carabineros. En el directorio de la Fundación Paz Ciudadana a Edwards lo acompañan los vicepresidentes Sergio Bitar Chacra (PPD), ex ministro de Allende y de Ricardo Lagos, y el banquero Bernardo Matte Larraín. Otros políticos de la Nueva Mayoría, como Edmundo Pérez Yoma y Soledad Alvear (DC) y los infaltables Enrique Correa (PS) y Eugenio Tironi (PPD) cohabitan allí con la heredera del imperio Luksic, Paola Luksic Fontbona, el director general de Carabineros, Gustavo González Jure, y una docena más de empresarios y políticos de la corte de Edwards. Los documentos desclasificados ahora por el Departamento de Estado dan cuenta de la reunión que el 14 de septiembre de 1970 Edwards tuvo en Washington -a pocos días de la victoria de Allende- con el director de la CIA, Richard Helms, en presencia de Donald Kendall, presidente de Pepsi Cola. Todavía muchos nombres y párrafos completos de esos documentos están censurados.
Sin embargo, el texto que individualiza a Edwards revela el carácter de la información que entregó al jefe de la CIA -muy detallado en lo que respecta a FF.AA. – y la finalidad golpista de la conversación del jefe de la CIA con el empresario chileno. Hasta ahora ha resultado imposible conseguir que se haga justicia en un caso que desafía el valor cívico de nuestro tiempo. El 9 de enero de 2001 el director de Punto Final, Manuel Cabieses, solicitó al Colegio de Periodistas la expulsión de Edwards. El sumario transitó como papa caliente por los tribunales de ética y disciplina del gremio hasta el 3 de diciembre de 2002. En esa fecha se dictó un fallo definitivo que, salvo el honroso voto de Felidor Contreras, rechazó sancionar a Edwards porque el delito cometido -traición a la patria- no aparece en el Código de Etica periodística que solo sanciona transgresiones mucho más sencillas. Hasta hoy el Colegio de Periodistas mantiene en su registro de socios a un traidor a la patria… con sus cuotas al día. Los documentos ahora desclasificados en EE.UU. quizás lleven al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, a tomarlos como evidencias en la querella que agrupaciones de derechos humanos presentaron contra los “generales civiles” del golpe. Edwards ya fue interrogado -en calidad de testigo- por el ministro Carroza. Según versión de El Mercurio (28-9-2013), Edwards declaró que recibió una invitación del presidente Nixon a reunirse con Helms y Henry Kissinger, para hablar sobre el triunfo de Allende. Algo así como una conversación de amigos. Sin embargo, la versión desclasificada de esa reunión demuestra que se trataba del inicio de una conspiración contra Chile.
El conjunto de documentos desclasificados en Washington constituyen piezas de sólido valor probatorio que permitirían procesar a Edwards si existe la voluntad judicial de hacerlo. Quizás el ministro Carroza tome esa decisión que el país agradecería. Se trata de someter a un tribunal regular de la República al protagonista de uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Chile. Al autor de un delito que clama por una sanción ejemplar que termine con la impunidad que el tiempo y el olvido le prestan a uno de los individuos más poderosos y temibles del país.
Punto Final