El 8º juzgado de garantías, que lleva el llamado “Caso Bombas”, otorgó ayer (martes 3 de mayo) el beneficio de cambio de medida cautelar de “prisión preventiva” por “arresto domiciliario” a tres personas más de las que se encuentran acusadas por la Fiscalía Centro Sur. Anoche, Mónica Caballero, Andrea Urzúa y Omar Hermosilla durmieron en sus hogares, y enfrentarán las audiencias preparatorias, durante las próximas semanas, de cara al juicio oral que se espera comience antes de agosto.
Con el cambio de medida cautelar, ya son 12 de las 14 personas detenidas (más una que permanece fugitiva) quienes han salido de la prisión para enfrentar al poder judicial, lo cual es interpretado por algunos de sus familiares como una clara señal de que las pruebas de la Fiscalía no son suficientes para argumentar que puedan pertenecer a un grupo terrorista. Francisco Solar y Felipe Guerra, son los dos que aún están en prisión y esperan cita con la Corte de Apelaciones, la cual definirá si se justifica o no mantenerles detenidos.
Ya habrían logrado el beneficio hace dos meses Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera -quien volvió a conseguirlo la semana pasada-, pero una apelación de la Fiscalía, cuando aún era encabezada por el ex Fiscal Alejandro Peña, los devolvió a la prisión, donde asumieron una huelga de hambre que duró 65 días en total, junto a ocho de los y las imputados/as. La medida se declinó cuando un grupo de diputados presentó un proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista (LAT), una de las principales demandas de los/as huelguistas.
Además, el abogado Washington Lizana, quien defiende a Cristian Cancino Carrasco pidió el sobreseimiento de una de las causas que se adelantan en contra de su defendido, por maniùlación de artefactos explosivos, porque el Ministerio Público ya habría decidido no seguir un juicio con los mismos antecedentes en febrero pasado. Su defendido ahora sólo enfrenta la otra acusación de la Fiscalía, por asociación ilícita tarrorista.
El juicio debe comenzar en un máximo de 45 a 60 días, luego de las audiencias preparatorias, que iniciaron esta semana, y cuando han pasado más de 8 meses sin que un tribunal se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia de los inculpados.
MÁS DE MIL PRUEBAS DESESTIMADAS
El juez del 8º Tribunal de Garantías, Luis Avilés, en dos días de audiencias preparatorias para el Juicio Oral, ha desestimado más de mil de las 7 mil pruebas que presentó la Fiscalía y desechado el testimonio de 25 de los 791 testigos que llevan los persecutores.
Rodrigo Román, abogado de dos de los imputados, declaró que el desorden del Ministerio Público alargará en varios días la revisión de las pruebas, muchas de las cuales están repetidas.
Incluso, se acusó que se han perdido un número considerable de las pruebas que se habrían utilizado para pedir la prisión preventiva. El diputado Hugo Gutiérrez señaló que si se han perdido pruebas, se debe establecer sobre quién caen las responsabilidades para ver si cabe que se hagan cargo penalmente dado que eso es constitutivo de delito.
El Fiscal Víctor Núñez, al frente del Caso Bombas desde que Alejandro Peña se fue a trabajar con una de las partes querellantes en la causa -en el Ministerio del Interior-, declaró que no es cierto que haya pruebas destruidas sino que se han ocupado en las pericias y que hay otros restos que se mantienen para otras posibles pericias, como es el caso de unos cuellos de polerón que se utilizaron para extraer muestras de ADN.
Sobre las muestras de ADN que se han extraído de los imputados, se sabe que no han arrojado compatibilidad con ninguna de las recogidas en los sitios en que han estallado los 26 artefactos explosivos que se investigan.
DIPUTADOS INTERROGARÁN A HINZPETER y PRESENTAN PROYECTO CONTRA LAT
El lunes 2 de mayo, los diputados Sergio Ojeda (Democracia Cristiana), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Hugo Gutiérrez (Partido Comunista) y Sergio Aguiló (ex Partido Socialista), también miembros de la Comisión, acordaron con la Mesa de Trabajo que se ha formado con familiares de los y las detenidas/os y el Padre Alfonso Baeza (representando a la Iglesia), que presentarán una nueva propuesta de modificación a la LAT.
El proyecto consiste en devolver la facultad de rechazar el procesamiento bajo esta Ley al Poder Judicial, al cual se le había quitado bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, fecha hasta la cual los jueces podían dirimir si correspondía o no procesar a los acusados bajo esta Ley especial, recayendo sólo en el criterio que establece la Fiscalía, hecho que ha permitido acusar a las personas de este caso y también a comuneros mapuche, recurriendo a prisión preventiva por largos períodos de tiempo y usar testigos protegidos (anónimos), contrariando el derecho internacional.
Otro de los acuerdos que establecieron los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara con la Mesa de Trabajo, fue que llamarán al Ministro Rodrigo Hinzpeter para interrogarlo sobre este caso, cuyas irregularidades se han traducido en contra de los derechos de los y las imputado/as, detenidas/os en condiciones que violan la presunción de inocencia y sin pruebas que justifiquen su privación de libertad.
Los diputados también presentaron una carta en La Moneda en que solicitan al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que garantice mayor transparencia en este caso.
PIDEN RESPETO A SENADOR CHADWICK
El senador Andrés Chadwik señaló que “monseñor Baeza nunca se ha equivocado y sigue siendo un hombre de una sola línea, porque siempre ha defendido a extremistas, terroristas y violentistas”, expresó el parlamentario al diario El Mercurio.
El senador de la Unión Demócrata Independiente (
El diputado por el PPD, Tucapel Jiménez, quien tambíén integra la Mesa de Trabajo sobre el Caso Bombas, calificó los dichos de Chadwick sobre el sacerdote como una “falta de respeto hacia Alfonso Baeza, quien toda la vida se ha jugado por las causas justas y de derechos humanos” y agregó que seguramente sacerdotes como el Obispo Medina y el cura Hasbún deben contar con la simpatía del Senador UDI, porque siempre “defendieron las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura”.
Por César Baeza Hidalgo
Publicado en El Ciudadano