Remociones o amenazas de remociones violentas y con sistemática desinformación, sin negociaciones niveladas o garantía de vivienda permanente e integrada han caracterizado el contexto de cerca de 250 mil personas en todo Brasil a causa de proyectos de la organización de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2014. Ésta se realizará del 12 de junio al 13 de julio en Brasil. La política elitista en la intervención urbana, sin embargo, se depara con una movilización social que resiste hace años la violación de sus derechos básicos.
Según Rosilene Wansseto, representante de la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa (ANCOP), en entrevista con Adital, la resistencia de los habitantes amenazados en cooperación con organizaciones sociales diversas ha minimizado el daño de los proyectos de los gobiernos federal y estaduales en las 12 ciudades-sede del evento deportivo. En varias de ellas, los cuestionamientos de la población consiguieron parar la efectivización de las remociones, aumentar el valor de las indemnizaciones o inclusive modificar el proyecto inicial que exigía el desalojo de mucha gente.
“La principal victoria es la articulación nacional haciendo un trabajo de denuncia y defensa de los derechos y llevando esas cuestiones ante la sociedad”, evalúa Rosilene. Según ella, en las próximas semanas, se lanzará otro dossier sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo de los últimos años en función de los preparativos para el Mundial. Reuniendo datos sobre las 12 ciudades-sede del evento, en el documento se debatirá la falta de respeto a derechos fundamentales de los brasileros, como vivienda adecuada, trabajo, participación política y equilibrio con el medio ambiente.
Es el caso de las 153 familias que vivían en la comunidad Restinga, en Río de Janeiro, cuyas casas y comercios fueron demolidos sin aviso previo por la Alcaldía del Municipio. Las remociones fueron hechas en 2010 para ceder espacio a las obras de ensanchamiento de la Av. de las Américas, en el barrio de Recreio dos Banderantes, necesarias para la instalación del BRT Transoeste (corredores de ómnibus). Hasta ahora, los habitantes recibieron un valor irrisorio como indemnización y los comerciantes ninguna indemnización.
En Recife, Estado de Pernambuco, más de 200 familias fueron removidas para las obras de ampliación del Terminal Integrado de Camaragibe y del Ramal de la Copa, en el Loteo São Francisco. Uniéndose a líderes de grupos estudiantiles, políticos y de usuarios de transporte, los damnificados exigen el pago de las indemnizaciones por sus casas demolidas, auxilio de vivienda y la construcción de un conjunto habitacional en el lugar de donde fueron expropiados para albergar a aquellos que dejaron de tener casa propia.
En Fortaleza, el Vehículo Leve Sobre Rieles (VLT), obra en la que se invierte cerca de R$ 279 millones (proporcional a US$ 126 millones) y que promete movilidad urbana atravesando 22 barrios del municipio, instaló desde 2009 un embate entre las comunidades afectadas y el poder público, y ni siquiera estará lista la obra para su usufructo durante el Mundial.
La confitera Cassia Sales (42), que vivió su vida entera en la comunidad Trilha do Señor, en uno de los barrios alcanzados por la obra del VLT, prepara su mudanza hacia una localidad en otra región de la ciudad. En entrevista con Aditalella afirma que, después de cinco años de resistencia, hoy, buena parte de los habitantes ya fue removida y otra prepara sus maletas con una indemnización irrisoria o ni siquiera eso, impedida por la burocracia estatal. “Para recibir el valor se debe estar al día con el IPTU (Impuesto Predial y Territorial Urbano) y no todos disponen de ese dinero”, explica.
Por su parte, el profesor Thiago Souza (25), que vive en la comunidad Caminho das Flores, en el barrio Parangaba, con los abuelos, otra parte de la población afectada por la obra, cuenta a Aditalque la movilización social conquistó algunas victorias en la negociación, como la disminución del área removida y el aumento del valor de las indemnizaciones. En relación con el atraso en la entrega de la obra, él comenta: “Si el gobierno vio que el proyecto no se iba a terminar para la Copa, podría haberlo retirado de la matriz de organización de la Copa y haber negociado con más calma con los habitantes”, critica.
La Articulación Nacional de Comités Populares de la Copa (ANCOP) cuenta con el apoyo de varias organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos. Ya sometió denuncias inclusive ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sirvieron de base para la Resolución 13/2010 sobre megaeventos y derecho a la vivienda, para dos cartas sobre el tema (en 2011 y 2012) de la ONU dirigida al gobierno brasilero, además de generar recomendaciones específicas del Consejo de la ONU a Brasil, durante su encuentro, en mayo de 2012. El año pasado, consiguió un espacio para hablar durante una de las sesiones del Consejo, expandiendo aún más la divulgación de los casos.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com