¿Es tan difícil de entender que el sistema educativo comparte y se relaciona con otros sistemas del gran sistema político-económico que conforman, a su vez, el Estado y, en última instancia, la nación y el país? ¿Por qué se insiste en parchar un subsistema, como es el educativo, sin cambiar el modelo político-económico que lo sustenta?
En septiembre de 2011, con el título Estado y sistema educativo, publiqué en este medio, un artículo en que hacía notar que no se solucionaría absolutamente nada en lo que respecta a la educación, en todos sus niveles, si se insistía en abordar el problema sólo como una parte del sistema-país (parafraseando a Wallerstein y su sistema-mundo).
Anotaba en ese artículo, que un sistema educativo contiene diversos componentes que se relacionan entre sí: la ideología -sí señores de la UDI- la ideología que lo orienta, los fines pedagógicos que propone, su organización en los planes nacional y local, los contenidos culturales específicos que transmite a los estudiantes, la formación de los maestros, el funcionamiento interno de los institutos escolares de los diferentes grados, ya sea públicos o privados, genéricos o especializados. A su vez, se relaciona con los principales sistemas, subsistemas y procesos sociales de la comunidad de la cual el sistema (o subsistema) educativo forma parte, con particular atención a la gestión del Estado, al tipo y nivel de desarrollo económico, al perfil de la estratificación social, a la dinámica del conflicto entre clases, élites y grupos de interés, así como la estructura misma del sistema.
La presidenta Bachelet ha anunciado el envío, para su discusión en el Congreso, de un proyecto de reforma a la educación que está constituido por una serie de elementos aislados, uno de otro, como si se tratara de vestir a un Arlequín hasta con su espada de madera. Insisto, para poder abordar el grave problema que sufre nuestra educación, es necesario entenderla como un todo, como un sistema integrado (e integrador) a otros sistemas que conforman el sistema-país.
Señor ministro Eyzaguirre, basta de hacer gárgaras con que se está propendiendo a una educación pública, gratuita y de calidad. Le recuerdo que en nuestro país, la educación pública y gratuita se implanta por ley de 1879, suscrita por el presidente Aníbal Pinto y su ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui. Es decir, perduró, y cada vez con mayor calidad, durante casi un siglo, hasta el golpe de Estado cívico-militar de 1973.
Pero el proyecto de ley de reforma a la educación no es la excepción. Todos los proyectos, incluido el de reforma tributaria que se discute en el Congreso, son mensajes aislados, que si bien no corresponden a leyes orgánicas constitucionales que requerirían quórum calificado, forman parte de una cosmovisión y, por ende, de un modelo que ha sido instaurado a través de una Constitución ilegal e ilegítima, es decir, una Constitución que es en sí anticonstitucional. En síntesis, con cada reforma que se envía para su aprobación por parte del Congreso, se legitima a una institución antidemocrática y, en última instancia, a una Constitución totalmente espuria.
Se han anunciado proyectos de ley que atañen a los pueblos originarios, reformas al código de aguas, ley que preserven nuestros glaciares ante la voracidad de las empresas mineras, las cuales se han venido oponiendo desde hace años a una ley que les restrinja sus labores de extracción, etcétera.
Entonces, ¿no sería mucho más conveniente que todos estos esfuerzos que se emplean en aprobar ínfimas reformas que más parecen pequeños toques cosméticos, se invirtieran en tareas que tuvieran como objetivo y meta lograr la convocatoria a una Asamblea Constituyente, misma que tuviera a su cargo la redacción de una verdadera Carta Magna democrática que pudiera contener los derechos y deberes de todos los ciudadanos del país, incluyendo las cosmovisiones de nuestras etnias originarias y otorgar a las instituciones que velan por el medio ambiente en nuestro país, verdaderas herramientas para cumplir su tarea, reforzando el articulado de la legislación que regula sus funciones?
Y ya que hablamos de medio ambiente, el lunes recién pasado, se informó de un fallo de primera instancia del Juzgado de Letras de Los Vilos, a favor de la comunidad de Caimanes, provincia de Choapa, en el sentido de decretar el tranque de relave El Mauro, de la minera Los Pelambres, como “obra ruinosa”. Este es un primer paso para lograr lo que el Comité de Defensa de Caimanes ha venido exigiendo con años de lucha para que, de una vez por todas, ese tranque no siga funcionando por el peligro que conlleva.
Por su parte, la empresa minera Los Pelambres, ha declarado, que este fallo no le impide seguir funcionando. Qué esperan los señores Lucksic para evitar una catástrofe de proporciones gigantescas de vidas humanas y del medio ambiente, mismo que desde hace mucho tiempo viene siendo gravemente dañado con la grave contaminación de las aguas de todo el valle del Choapa?
Al conocer esta noticia que, por desgracia no ha sido muy difundida, recordé la tragedia que devino como consecuencia del terremoto del 28 de marzo de 1965 en la zona central del país, con epicentro en La Ligua, con una magnitud de 7.4 grados. La mina El Soldado, de propiedad de La Disputada de Las Condes, a 10 kilómetros de la ciudad de La Calera, había construido un tranque que contenía más de 10 millones de metros cúbicos de relave. Con el movimiento sísmico, las paredes del tranque cedieron, sepultando el poblado minero denominado El Cobre, que se encontraba en el valle más abajo. Según las cifras oficiales fallecieron alrededor de 300 personas, incluidas mujeres y niños. Hubo 10 sobrevivientes y se pudo rescatar sólo 35 cadáveres. Sobrevivientes dijeron que en el pueblo habitaban entre 800 y 1000 personas.
Cabe hacer notar que ese terremoto dejó al pueblo de Caimanes, casi totalmente destruido, el 100% de las viviendas quedaron en el suelo o con severos daños estructurales. Minera Los Pelambres tiene la palabra; ¿la tendrá? Es por esto que es urgente entregar más facultades a la institucionalidad medioambiental, pero no sólo en el caso que atañe a la gran minería (recordar también los glaciares), sino también, lo correspondiente a nuestros ríos, termoeléctricas, hidroeléctricas, mares, lagos, etc.
Por último una pregunta a la presidenta Bachelet: ¿Por qué si se quería proponer una reforma tributaria no echó manos al cobre? Le recuerdo que el cobre es chileno, pues no ha sido “desnacionalizado”, lo único que habría que hacer, es derogar la cuchufleta de la “concesión plena”, que metió el gran patriota José Piñera Echeñique.
Post Scriptum: “Todo esto sucede cuando las universidades se convierten en empresas, como ha venido ocurriendo durante las últimas décadas, cuando el neoliberalismo ha ido tomando por asalto cada una de las dimensiones de la vida”.
Noam Chomsky