El movimiento estudiantil agrupado en la Confech rechazó el paquete de medidas orientadas a la reforma educacional preparado por el ministerio de Educación, el que presentará formalmente este lunes la presidenta Michelle bachelet. La dirigencia estudiantil convocó a una marcha este 21 de mayo para expresar el rechazo por las insuficientes medidas.
Melissa Sepúlveda, presidenta de la Confech, dijo ayer que el gobierno está hablando “de medidas que varias de ellas van en contra de las posiciones que ha levantado el movimiento estudiantil. Proyectos de ley parcelados, que no recogen la demanda (de reforma) integral que ha planteado el movimiento social, una reformulación total del sistema educativo”, afirmó.
Sepúlveda agregó que “no hay voluntad de avanzar en contra de la educación de mercado, de enfrentarse realmente a los que lucran con la educación. Hoy en día tenemos una reforma que se generó de espaldas a la gran mayoría de Chile, un proceso que no ha vinculado de ninguna manera a las organizaciones sociales y frente a eso la única respuesta que podemos tener es movilización como lo hicimos ya el día 8 de mayo”, afirmó.
“La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, añadió la dirigente estudiantil, quién también hizo un llamamiento a estudiantes, trabajadores de la educación y a todos los chilenos a una movilización el 21 de mayo en Valparaíso.
Michelle Bachelet firmará este lunes el proyecto de reforma educativa. El texto jurídico tiene más de 50 páginas y, entre otros aspectos, plantea poner “fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”.
La iniciativa propone dejar atrás el financiamiento compartido, mediante el congelamiento de los montos que cobran los colegios (“copago”) a padres, para reemplazarlos gradualmente por un subsidio estatal.
En ese sentido, las instituciones educativas que reciban subsidios estatales no podrán tener fin de lucro, motivo por el cual es necesario modificar también la Ley General de Educación vigente, que permite la obtención de utilidades por la actividad escolar.
Precisamente, esos institutos tendrán dos años de plazo para realizar la conversión de su estado societario, pudiendo solicitar al Estado que compre los inmuebles donde funcionan.
Por su parte, el Estado tendrá un período de 12 años para pagar esos inmuebles, aunque descontando del precio la inversión que realice en infraestructura.
Adicionalmente, el proyecto prevé la creación de un organismo estatal para la compra de colegios de aquellos propietarios que deseen dejar la actividad, buscando evitar cierres masivos y caída de la matrícula.
Por otro lado, la reforma busca dejar atrás la facultad de los colegios de seleccionar a los alumnos que admiten, mediante evaluaciones, para adoptar un sistema en el que los padres podrán establecer un orden de preferencia para postular a sus hijos.
Esta reforma forma parte de la médula de las promesas electorales con las que Bachelet ganó la Presidencia de la República, cinco años después de haber terminado su primer mandato, provocando masivas movilizaciones estudiantiles durante los últimos años.