Entre las preocupaciones que Amnistía Internacional ha levantado en la Agenda de Derechos Humanos para Chile, está poner fin a la impunidad por violaciones de derechos humanos, desde una reforma de la justicia militar a las normas que todavía permiten que niñas sean criminalizadas por haberse sometido a un aborto. Los derechos sexuales y reproductivos deben estar debidamente protegidos en la legislación chilena, señala Amnistía.
Es imprescindible adoptar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar verdad, justicia y reparación respecto de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos sucedidas en Chile, tanto aquellas ocurridas en el periodo 1973-1990, como también aquellas ocurridas con posterioridad a esa época. Esto incluye, entre otras cosas, la anulación del Decreto Ley de Amnistía, la tipificación del delito de tortura en la legislación chilena y la modificación de la competencia de los tribunales militares, esto para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden sean investigadas y juzgadas en tribunales ordinarios, que otorgan mayores garantías de independencia e imparcialidad.
“Si bajo este gobierno se reforma efectivamente la justicia militar, se estará enviando una señal inequívoca en contra de la impunidad en Chile, no sólo respecto de crímenes del pasado, sino también de aquellos que se cometan en la actualidad”, señala Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.
Amnistía Internacional acaba de presentar la campaña “Presidenta Bachelet, que los derechos humanos no queden en el papel”. Como evento de lanzamiento, hoy autoridades y activistas de la organización asistieron a La Moneda para hacer entrega de la Agenda de Derechos Humanos para Chile (2014-2017), dirigida a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Por otra parte, es necesario asegurar que los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y niñas, no pueden seguir invisibilizados y mancillados. Los derechos sexuales y reproductivos deben estar debidamente protegidos en la legislación chilena. Esto incluye acceso a información y educación, acceso a servicios de salud, anticoncepción y anticoncepción de emergencia.
“En esta misma línea, hay que poner fin a las normas que todavía permiten que mujeres y niñas sean criminalizadas por haberse sometido a un aborto, lo que constituye una violación a sus derechos humanos. El caso que se conoció hace unos días a través de la prensa, de una menor cuya vida se encuentra en riesgo tras someterse a un aborto clandestino, y que habría sido denunciada criminalmente por el propio médico tratante, vuelve a poner en el tapete la urgente necesidad de cambiar la legislación en esta materia. Es apremiante avanzar hacia la derogación de la legislación que penaliza el hecho de solicitar o someterse a un aborto. Además es importante tomar medidas que permitan abortos legales y seguros en caso de violación y peligro de vida o salud de la mujer”, aclara Ana Piquer.
Por último, Amnistía Internacional insta a adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la no discriminación. Los derechos humanos son sólo una promesa vana si no existe garantía de que todas las personas pueden gozar en igualdad de sus derechos.
“La discriminación, llevada al extremo, se manifiesta con violencia en contra de la población discriminada, como ha sucedido con personas homosexuales, bisexuales y transexuales, con personas extranjeras y con mujeres. La discriminación es una agresión a la noción misma de derechos humanos”, menciona Ana Piquer.
Es fundamental no sólo contar con legislación contra la discriminación, sino también asegurar que el resto de la legislación o normativa vigente no sea en sí misma discriminatoria. De esta manera, este gobierno debe trabajar incesantemente para asegurar el cumplimiento pleno de las normas de derechos humanos y la Ley Antidiscriminación, a través de medidas que garanticen la prevención y protección contra la discriminación, considerando todas las categorías protegidas por la ley.
En la misma línea, si Chile no da plena igualdad a todas las parejas en materia de unión o matrimonio civil, sean de diferente o del mismo sexo, está reconociendo que determinadas personas tienen menos derechos que otras. Para Amnistía Internacional resulta esencial no perder de vista que la eventual aprobación del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) no resuelve la discriminación respecto de parejas del mismo sexo, siendo imprescindible avanzar hacia la adopción de una normativa igualitaria en materia de matrimonio.
Asimismo, se requiere garantizar que la normativa que regule la situación de las personas migrantes en Chile reconozca expresamente la no discriminación y todos los demás derechos humanos de estas personas, de acuerdo a las normas internacionales sobre la materia.
Amnistía Internacional reconoce que los desafíos que enfrentará el actual gobierno serán muchos y muy variados. Sin embargo, solicita a la presidenta Bachelet a fijar los derechos humanos en el centro de su programa y a tomar medidas que permitan que éstos se implementen efectivamente. Amnistía Internacional insta a la Presidenta de la República a que aproveche esta gran oportunidad para construir un legado decisivo y perdurable de derechos humanos en el país. “Queremos que se tomen medidas concretas para lograr cambios sustanciales en la vida de las personas, pedimos que los derechos humanos no queden simplemente en el papel y esperamos que haya anuncios importantes en este sentido en el discurso del 21 de mayo”, concluye Ana Piquer.